Derecho Constitucional_-_Hernan Molina Guaita 2010.pdf

August 25, 2017 | Author: sereno20102010 | Category: Constitution, Regulation, Treaty, Statutory Law, Legislation
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CAPÍTULO

1

FUENTES DEL DERECHO CONSTITUCIONAL

1.2.-

Derecho Constitucional. Generalidades El derecho constitucional chileno y sus fuentes

3.4.5.6.7.8.-

La Constitución Las leyes interpretativas de la Constitución Los tratados internacionales Legislación complementaria Reglamentos de las Cámaras Legislativas Los autos acordados de la Corte Suprema, del Tribunal Constitucional, del Tribunal Calificador de Elecciones y de los Tribunales electorales regionales Potestad reglamentaria del Presidente de la República y de otros órganos constitucionales

9.-

10.- La costumbre 11.- Lajurisprudencia

:.....

1 2

3 3 5 6 16

17 18

19 22

12.- Dictámenes de la Contraloría General de la República y otros órganos con competencias consultivas 13.- La doctrina 14.- Prelación de las fuentes

23 24 25

CAPÍTULO11 GÉNESISDELACONSTITUCIÓN DE 1980 y ALGUNASINNOVACIONES QUEINTRODUCERESPECTODELA CONSTITUCIÓNDE 1925. REFORMAS Génesis de la Constitución de 1980 15.- Génesis ....................................................................... 16.- Legitimidad de la Constitución ..................................

27 33

35 36 37

Leyes de Reformas de la Constitución de 1980 20.- Leyes de reformas constitucionales ............................

46

CAPÍTULOIII BASESDELAINSTITUCIONALIDAD 21.22.23.24.25.-

Generalidades ............................................................. Concepclón de la persona humana ............................. Concepción de la sociedad ......................................... Concepción del Estado ............................................... Emblemas nacionales ..................................................

El Estado es unitario República democrática La soberanía de la Nación La supremacía constitucional y el principio de legalidad 30.- La nulidad de derecho público 31.- Dos principios de derecho público 31.- bis. La Interdicción de la arbitrariedad. 31.- ter. El principio de probidad 31.- quater. El principio de publicidad. 32.- Validez de los Decretos Leyes 33.- Condena del terrorismo

66 68 76 81 85 87 89 92 93 96 100

CAPÍTULOIV NACIONALIDAD

Principales innovaciones de la Constitución de 1980 respecto de la Carta de 1925 17.- Clasificación ............................................................... 18.- Principales innovaciones de forma ............................. 19.- Algunas de las principales innovaciones de fondo .....

26.27.28.29.-

55 57 60 60 66

34.- Concepto y fuentes 35. - Generalidades............................................................. 36.- El jus soli 37.- Eljus sanguinis 38.- La Carta de Nacionalización 39.- Nacionalización por ley.............................................. 39.- bis. Chilenos de los números 2, 3 Y4 del arto 10 y el ejercicio de los derechos que les confiere la ciudadanía 40.- Causales de pérdida de la nacionalidad chilena 41.- Por renuncia voluntaria manifestada ante autoridad chilena competente 42.- "Por decreto supremo, en caso de prestación de servicios durante una guerra exterior a enemigos de Chile o de sus aliados" (art. II N° 2) 43 Y44.- Por cancelación de la carta de nacionalización

105 107 107 114 115 120

121 122 122

123 125

86.- Tribunales y procedimiento ........................................ 87.- Pluralismo político .....................................................

184 185

99.- Garantías constitucionales en favor de los arrestados, detenidos, procesados y presos ...........................

JUSTICIAELECTORAL

Libertades que protegen la intimidad de la persona

Tribunal Calificador de Elecciones 88.- Integración y organización del Tribunal Ca1ifica187 dor de Elecciones ....................................................... 89.- Atribuciones del Tribunal Calificador de Elecciones ..... 189 191 90.- Tribunales electorales regionales ............................... CAPÍTULOVI DERECHOS,GARANTÍASy DEBERESCONSTITUCIONALES 91.- Generalidades ...............................................

212

············ .. 195

Los DERECHOSCONSTITUCIONALES 92.- La Constitución asegura a todas las personas ............ 196 ··... 199 93.- Clasificación .......................................................... LIBERTADES Libertades que protegen intereses materiales 94.- El derecho a la vida .................................................... 95.- El derecho a la integridad física y psíquica ................ 96.- El derecho a vivir en un medio' ambiente libre de contaminación ............................................................

200 202 203

La libertad personal y la seguridad individual 97.- La libertad personal .................................................... 98.- La seguridad indi vidual ..............................................

100.- Inviolabilidad del hogar ............................................. 10 1.- La inviolabilidad de toda forma de comunicación pri vada ........................................................................ 102.- El respeto y protección a la vida privada ...................

219 220 221

Las libertades económicas 103.- La libertad para adquirir el dominio de toda clase de bienes ..................................................................... 104.- El derecho de propiedad ............................................. 105.- El derecho a desarrollar cualquiera actividad económica ........................................................................ 106.- La no discriminación arbitraria en el trato que deben dar el Estado y sus organismos en materia económica ........................................................................

224 225 237

238

LIBERTADES INTELECTUALES 107.108.-109.110.111.-

La libertad de opinión y la de informar ...................... Las libertades religiosas ............................................. La libertad de enseñanza ............................................ El derecho de petición ................................................ El respeto y protección a la honra de la persona y de su familia ............................................................... 112.- El derecho de reunión ................................................. 113.- El derecho de asociación .......................... ,.................

240 243 245 246 247 249 251

Los DERECHOSSOCIALES 206 209

114.- El derecho a la educación ........................................... 115.- La libertad de trabajo .................................................

253 255

116.117.118.119.-

El El El El

derecho derecho derecho derecho

de sindicarse a negociación colectiva a la seguridad social a la protección de la salud

. . . .

258 259 260 261

136.- Normas generales para los Estados de Excepción ..... 137.- Los recursos de amparo y protección en los Estados de Excepción . CAPÍTULO

VIII

GOBIERNO

120.121.122.123.-

La La La La

igualdad igualdad igualdad igualdad

ante ante ante ante

la ley la justicia los cargos públicos las cargas públicas

124.- Generalidades............................................................. 125.- Deberes constitucionales de todos los habitantes 126.- Deberes constitucionales de los chilenos

. . . .

263 264 271 272

274 275 276

127.- Generalidades . 128.- Los derechos constitucionales no podrán ser afectados en su esencia . 278 129.- El recurso de amparo . 280 ., 130.- El recurso de protecclOn . 284

EL PRESIDENTE DE LA REpÚBLICA

138.- Generalidades 139.- Es un gobierno presidencial reforzado o presidencialismo 140.- El título de Presidente de la República

141.- Requisitos para ser elegido Presidente de la República 142.- Duración del mandato presidencial............................ 143.- Votación directa 144.- La elección.... 145.- Proclamación, toma de posesión del cargo y juramento o promesa LA

. . 308 . 313

313 315 316 316 321

SUBROGACIÓN Y REEMPLAZO DEL PRESIDENTE DE LA REpÚBLICA

CAPÍTULO

Los ESTADOS

VII

DE EXCEPCiÓN

CONSTITUCIONAL

131.- Generalidades............................................................. 132.- El Estado de Asamblea 133.- El Estado de Sitio 134.- Estado de Emergencia 135.- El Estado de Catástrofe

295 297 298 299 300

146.- Subrogación del Presidente Electo 146bis.- Subrogación del Presidente en ejercicio 146 ter.- El estatuto de los ex Presidentes de la República.

323 324 328

148.- Atribuciones que se refieren a las relaciones internacionales 149.- Atribuciones referentes a los Estados de Excepción Constitucional.... 150.- El decreto constitucional de emergencia económica. 151.- Convocar a plebiscito 152-153.- Atribuciones militares

331 333 333 339 339

168.- Conceder jubilaciones, retiros y montepíos con arreglo a las leyes 169.- Otorgar indultos particulares 170.- Conceder pensiones de gracia, con arreglo a la ley.......

364 365 367

AUSENCIA DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DEL TERRITORIO

154.- La potestad reglamentaria del Presidente de la República........................................................................ 155.- El Reglamento 156.- El constitucionalismo clásico en la Constitución de 1925 157.- Modelo seguido por la Comisión de Estudio 158.- El dominio legal y reglamentario en la Constitución francesa de 1958 '......................... 159.- Regulación en el anteproyecto de la Comisión de Estudio 160.- Criterio sustentado por el Consejo de Estado 161.- Modificaciones introducidas por la Junta de Gobierno. 162.- Innovaciones en el sistema 163.- El decreto supremo 164.- Las instrucciones 165.- Nombrar y remover a los funcionarios públicos 166.- Velar por la conducta ministerial de los jueces y demás empleados del Poder Judicial..........................

171.- Distintas situaciones 172.- Ausencia del ex Presidente de la República

367 368

173.- Generalidades............................................................. 174.- Requisitos para ser Ministro 175.- Responsabilidad de los Ministros 176.- Atribuciones constitucionales 177.- Ausencia de los Ministros del territorio nacional......

368 369 370 371 372

178.- Generalidades 179.- Responsabilidad. Control jurisdiccional.................... 180.- Control político y administrativo

373 375 376

341 342 344 345 345 346 347 348 349 354 360 361 362

CAPÍTULO

IX

CONGRESO NACIONAL

COMPOSICIÓN

y GENERACIÓN DE

LA CÁMARA DE DIPUTADOS y DEL SENADO

182.- Sistema electoral vigente............................................ 183.- Requisitos para ser elegido Diputado 184.- Requisitos para ser elegido Senador por sufragio universal 185.- Cumplimiento de los requisitos.................................. 186.- Requisito eliminado

382 386 387 387 388

187.- Inhabilidades para ser candidatos a parlamentarios. Conceptos................................................................... 188.- Las inhabilidades relativas 189.- Principales innovaciones en materia de inhabilidades 190.- Las incompatibilidades 191.- Principales innovaciones en materia de incompatibilidades ,......................... 192.- Las incapacidades 193.- Principales innovaciones en materia de incapacidades.. 194.- Fundamento de las prohibiciones parlamentarias

397 398 400 400

195.- La inviolabilidad parlamentaria 196.- Dificultad interpretativa 197.- El fuero parlamentario 198.- Excepción: delito flagrante 199.- La dieta parlamentaria 200.- Prerrogativas protocolares

401 402 403 404 408 409

201.- Causales de cesación en el cargo................................ 202.- Órgano competente 203.- Vacantes de cargos de parlamentarios y reemplazos..

409 412 412

204.- Clasificación............................................................... 205.- Atribuciones comunes 206.- Atribuciones exclusivas 207.- Fiscalizar los actos del Gobierno 208.- Acusación constitucional........................................... 209.- Interposición, tramitación, quórum y efectos

414 414 416 417 421 425

211.- Atribuciones comunes 212.- Atribuciones exclusivas 213.- Prohibición al Senado

429 430 440

214.- Clasificación 215.- Atribuciones exclusivas del Congreso

441 441

216.- Generalidades............................................................. 217.- La iniciativa................................................................

446 446

389 389 393 395

. . . . . . ·..·

450 450 458 460 461 464 465

225. - Antecedentes 226.- La regulación chilena 227.- Ley de Presupuestos 228.- Los decretos con fuerza de ley................................... 229.- En la Constitución de 1980 ·

467 467 470 472 475

218. - El origen · ., y apro b"aClOn 219.- L a dlSCUSlOn 220.- La urgencia, indicaciones y comisiones mixtas 221. - La sanción 222. - El veto 223.- La promulgación 224. - La publicación

230. - Funcionamiento..... 231.- Parlamentario en ejercicio

477 479

CAPÍTULO EL MINISTERIO

CAPÍTULO

XI

240. - Generalidades...................................................... 241.- Integración del Tribunal Constitucional..................... 242.- Requisitos para ser designado miembro del Tribunal Constitucional.. 243.- Funcionamiento 244.- Atribuciones del Tribunal Constitucional..................

LA CONTRALORÍA

X

PÚBLICO

EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

CAPÍTULO CAPÍTULO

X

501 502 502 503 503

XII

GENERAL DE LA REPÚBLICA

PODER JUDICIAL

245.- Generalidades................................ 246. - Organización 247.- Atribuciones 232. - Generalidades 233.- La independencia del Poder Judicial.......................... 234.- Generación del Poder Judicial.................................... 235.- Inamovilidad de los jueces 236.- Responsabilidad de los jueces 237.- La legalidad

481 481 484 489 490 490

CAPÍTULO FUERZAS ARMADAS,

248.- Generalidades... 249.- Nombramientos

515 516 516·

XIII

DE ORDEN Y SEGURIDAD PÚBLICA

519 522

CAPÍTULO XIV

CAPÍTULO I

EL CONSEJO DE SEGURIDAD NACIONAL

FUENTES DEL DERECHO CONSTITUCIONAL

CAPÍTULO XV EL BANCO CENTRAL

251. - Generalidades 252.- Regulación constitucional..........................................

531 531

CAPÍTULO XVI GOBIERNO y ADMINISTRACIÓN

INTERIOR DEL ESTADO

253. - Generalidades 254.- Del gobierno de la región 255.- De la administración de la región 256.- Del gobierno y administración provincial 257.- De la administración comunal 258.- Disposiciones generales

. . . . . .

535 537 539 541 543 545

. . . . .

547 547 548 548

CAPÍTULO XVII REFORMA DE LA CONSTITUCIÓN

259. - El Procedimiento 260.- Aprobación de cada Cámara '261.- Congreso pleno 262. - Veto 263.- Convocatoria a plebiscito

551

Se señala por algunos autores la existencia de multiplicidad de derechos constitucionales, de diversas disciplinas.1 De un modo más simple se pueden distinguir las disciplinas siguientes: el Derecho Constitucional General; el Derecho Constitucional Comparado, y el Derecho Constitucional Particular.2 En el Derecho Constitucional General trata su teoría general, los conceptos, principios jurídicos e instituciones, que se encuentran en la base de las constituciones. En el Derecho Constitucional Comparado se procura descubrir los contrastes y las similitudes existentes entre dos o más constituciones, que permiten establecer clasificaciones. En el Derecho Constitucional Particular se estudia el ordenamiento constitucional vigente en un Estado determinado. El presente estudio se sitúa en esta especie, puesto que versa sobre el derecho constitucional chileno vigente.

I Vid. Mario CERDA MEDINA, Derecho Constitucional, vol. 1, págs. 12 a 15. 2 Manuel GARCfA PELAYO,Derecho Constitucional Comparado, págs. 20 a 22.

2.- El Derecho Constitucional chileno y sus fuentes. El Derecho Constitucional es la rama del Derecho Público que estudia el conjunto de normas jurídicas que se refieren a la organización del Estado, de su Gobierno y de los derechos fundamentales de las personas. Es la rama fundamental del derecho público interno del Estado, en forma específica, ya que desde él se articulan el Derecho Administrativo, el Derecho Peflal, el Procesal, el Tributario. En la Constitución se establecen las bases generales de la Administración del Estado, las bases constitucionales de la organización de los Tribunales de Justicia, los principios esenciales del poder tributario del Estado y algunos principios del derecho penal. Pero, además, es también base fundamental para el Derecho Privado, ya que en la Constitución se establecen derechos constitucionales como el de propiedad, la libertad de trabajo, de asociación, el derecho a desarrollar cualquier actividad económica, la libertad de enseñanza, etc., que encontrarán en él un extenso desarrollo. En otros términos, todo el derecho interno, de un modo más o menos directo, está vinculado y subordinado a las prescripciones constitucionales. La Constitución está en la cúspide de la pirámide normativa. Las fuentes son las formas o modos mediante los cuales se produce y se transforma el Derecho. Esto significa determinar los métodos de elaboración de las normas jurídicas, como se reconocen y pueden diferenciarse de otras categorías de normas. En estricto sentido jurídico, no hay más fuentes que las formas en que se expresa el derecho positivo. No obstante, la doctrina tradicional señala junto a esas fuentes positivas o directas, las fuentes racionales o indirectas, que no constituyen normas jurídicas positivas, pero que influyen en la creación o interpretación del Derecho. En las fuentes positivas o directas están: a) la Constitución Política;

b) sus leyes interpretativas; c) los tratados internacionales; d) la legislación complementaria; e) los reglamentos de las Cámaras; t) los autos acordados de la Corte Suprema, del Tribunal Constitucional, del Tribunal Calificador de Elecciones, de los tribunales electorales regionales, y g) la Potestad reglamentaria del Presidente de la República. En las fuentes racionales o indirectas están: a) la costumbre; b) la jurisprudencia; c) los dictámenes de la Contraloría y otros órganos consultivos, y d) la doctrina.

La palabra "constitución" proviene de la expresión latina "constitutio", que significa disposición, organización. En un sentido amplio, genérico, "constitución" expresa la manera de estar conformando algo, la estructura de un ser cualquiera. En sentido formal e instrumental, la Constitución es la norma jurídica fundamental y predominantemente escrita que regula de manera sistemática el Estado, su Gobierno, los derechos esenciales de las personas y que tiene supremacía. Siendo la Constitución la fuente principal, a ella dedicaremos la mayor preocupación.

Las leyes interpretativas de la Constitución son aquellas que están destinadas a fijar el sentido y alcance de un precepto cons-

titucional y necesitan para su aprobación, modificación o derogación, de los tres quintos de los Diputados y Senadores en ejercicio, y sobre ellas el Tribunal Constitucional ejerce el control de constitucionalidad antes de su promulgación (arts. 66 inc. 1°; 93 N° 1°). Con fecha 2 de agosto de 1982 se dictó la Ley N° 18.152, interpretativa de los artículos 19 N° 24° de la Constitución de 1980, del artículo 10 N° 10° de la Constitución de 1925, y del artículo l° N° 16° del Acta Constitucional N° 3 de 1976, todos referentes al derecho de propiedad y en relación con la reajustabilidad de las pensiones, y dispuso que "en materia de pensiones integrantes de un sistema de seguridad social, cualquiera sea su naturaleza, y aun cuando aquellas pensiones revistan carácter indemnizatorio, esta garantía sólo ha amparado y ampara el otorgamiento del respectivo beneficio y el monto global que éste hubiera alcanzado, pero no se ha extendido ni se extiende a los sistemas de actualización, reajustabilidad, reliquidación u otra forma de incremento o base referencial de cálculo". "Consecuencialmente, los Decretos Leyes N°s. 2.448 y 2.547, de 1979, y demás disposiciones de semejante naturaleza que derogaron regímenes de reajustabilidad de.pensiones e indemnizaciones de carácter previsional, han producido válidamente, desde la fecha de su vigencia, todos sus efectos propios, habiendo quedado derogadas en su virtud, todas las normas sobre actualización, reajustabilidad, reliquidación u otra forma de incremento o base referencial de cálculo de pensiones integrantes de un sistema de seguridad social, sin excepción alguna, incluso respecto de las pensiones otorgadas con anterioridad a la vigencia de dichos textos legales". Ha dicho el Tribunal Constitucional que a una ley interpretativa sólo le cabe proporcionar claridad o precisión de una norma constitucional, pero no le corresponde a "una ley interpretativa de una norma constitucional, agregar nuevos elementos a los que ésta in-

dica e introducir conceptos que no han sido siquiera insinuados por la Carta Fundamental".2 bis

"Un tratado es un acuerdo internacional celebrado generalmente entre Estados, regidos por el Derecho Internacional y destinado a producir efectos jurídicos". 3 El tratado internacional no es una ley. Se diferencia de la ley formal en cuanto a su elaboración; también en cuanto a su extinción, y en cuanto a sus efectos. La Constitución los regula de un modo principal en el artículo 32 N° 15°, artículo 54 atribución 1) y artículo 5° inciso 2°. La disposición constitucional del artículo 5° inciso 2° se refiere a los tratados internacionales relativos a los derechos fundamentales de las personas, que se encuentren ratificados por Chile y estén vigentes. Reuniendo estos tres requisitos constituyen una limitación para el ejercicio de la soberanía, lo cual los coloca en un rango jerár .• quico superior a la legislación complementaria, pero inferiores a la Constitución y a sus leyes interpretativas. En efecto la Constitución goza de supremacía formal y material. La formal, que emana del Capítulo XV sobre Reforma de la Constitución. La material, que se funda en el artículo 93. y la supremacía formal y material conjuntamente, con base en los artículos 6° inciso primero y 93. Sin embargo, la reforma constitucional de 2005 introdujo una norma fundamental en la materia en el artículo 54 inciso quinto: "Las disposiciones de un tratado sólo podrán ser derogadas, modi-

2 bis Sentencia de 22de octubre de 1992, considerando 6°,Rol N°158, publicada en Fal/os del Tribunal Constitucional pronunciados entre el 16 de julio de 1992 y el 22 de enero de 1996,pág. 38, Editorial Jurídica ConoSur, 1996.

3 Santiago BENADAVA,

Derecho Illstituciollal Público, pág. 39.

ficadas o suspendidas en la forma prevista en los propios tratados o de acuerdo a las normas generales del derecho internacional". Esto significa, por una parte, que está prohibida la desvinculación unilateral, ha de hacerse en la forma prevista en el respectivo tratado o con arreglo a las normas generales del derecho internacional. y por otra parte significa que las disposiciones de un tratado no pueden ser derogadas, modificadas o suspendidas por una ley; en otros términos, que los tratados en virtud de esta norma adquieren una fuerza superior a la ley. Si ambas normas, la del tratado y la ley tienen competencia para regular la misma materia, prevalece el tratado por sobre la ley. Sólo la Constitución es la que goza de supremacía. De modo que los controles preventivos de la constitucionalidad de los tratados deberán evitar la incorporación de convenciones inconstitucionales. Sin embargo, si a pesar de la existencia de dichos controles preventivos se hubiesen recepcionado tratados inconstitucionales, tanto de fondo como de forma, será obligación de los órganos constitucionales competentes impulsar las acciones políticas y diplomáticas pertinentes para desvincular al Estado de esas convenciones, de acuerdo a lo que prescribe la Constitución en el artículo 54 atribución 1) incisos quinto y siguientes. Si dichos órganos no actuaren para resguardar el principio de la supremacía constitucional, tanto de fondo como de forma, serán responsables del quebrantamiento de la Constitución. Por vía de ejemplo, la responsabilidad en juicio político del Presidente de la República y de los Ministros de Estado según el artículo 52 atribución 2) letras a) y b) Yartículo 53 atribución 1) de la Constitución.

La Constitución Política es la ley suprema del Estado, que al regular su organización, su gobierno, y los derechos fundamentales, ha debido hacerlo en sus líneas estructurales, básicas.

Si se quiere mantener la solemnidad del texto constitucional, por tanto, alejado de constantes modificaciones, es indispensable que se trate de una Constitución que contenga los principios y directrices de la organización estatal. La Constitución norteamericana, la primera Constitución escrita, continúa siendo ejemplo de una carta que diseña los fundamentos estatales, permitiendo entonces la adaptación de los principios allí expresados, a las distintas etapas históricas que va cumpliendo el país. Piénsese que dicha Carta es de 1787. Siendo esto así, corresponde a las normas legales el desarrollo y complementación de la carta constitucional. Es la propia Constitución, que en múltiples ocasiones va encargando al legislador reglamentar una materia, dictar una ley orgánica, desarrollar un precepto constitucional. Sin las normas legales complementarias, una Constitución no podría operar en la práctica, no podría aplicarse. Cuando las leyes indicadas por el constituyente no se dictan, las normas constitucionales permanecen con el carácter de programáticas incumplidas, sin aplicación, como meras aspiraciones del constituyente.

Artículo 20. Señalaba este artículo de la Carta de 1925, que todo individuo en favor de quien se dictare una sentencia absolutoria o se sobreseyere definitivamente, debía ser indemnizado por los perjuicios efectivos o meramente morales que hubiere sufrido. Sin embargo, como la disposición sujetaba la indemnización a la forma que determinara la ley, que jamás se dictó, no se indemnizó al sobreseído definitivamente o absuelto, en causa criminal. Quedó el artículo 20 como disposición programática incumplida, por falta de ley complementaria.

El artículo 87 de la Carta de 1925 señalaba que "habrá Tribunales Administrativos" para resolver las reclamaciones que se interpusieran contra los actos o disposiciones arbitrarias de las autoridades políticas o administrativas y cuyo conocimiento no estuviera entregado a otros Tribunales por la Constitución o las leyes. Señalaba el precepto que su organización y atribuciones era materia de ley. Pues bien, como la ley complementaria, que debía ser la ley de los Tribunales Administrativos no se dictó, estos órganos jurisdiccionales no se crearon, permaneciendo la disposición como norma meramente programática e incumplida. Los artículos 94 a 100 de la Carta de 1925 contemplaban un órgano de administración provincial denominado Asamblea Provincial. Se reférían estos artículos a su composición y atribuciones, en líneas generales, y encomendaban a la ley la forma en que asesorarían al Intendente en la administración de la provincia, como asimismo sería la ley la que determinara el número de representantes que correspondía designar a las municipalidades. Pues bien, como nunca se dictó la ley complementaria que regulara todos los aspectos de la puesta en práctica de este órgano, las disposiciones señaladas quedaron como disposiciones programáticas incumplidas. Letra constitucion411 que no se aplicó o se convirtió en realidad, por falta de ley complementaria.

En la Constitución de 1925 se consagraba implícitamente un concepto de ley orgánico, formal y con competencia genérica. En la Constitución de 1890 subsiste el carácter orgánico y formal. La leyes obra de los órganos colegisladores, Presidente de la República y Congreso Nacional; y formal, puesto que deben actuar conforme al procedimiento de formación de la ley establecido en ella. Pero la ley ha sido afectada en su competencia. En efecto, la Constitución de 1925 iniciaba su artículo 44: "Sólo en virtud de

una ley se puede:" y seguía una enumeración puramente enunciativa de materias. Por tanto, sólo por ley se regulaban las expresamente señaladas enunciativamente, pero la ley podía regular cualesquiera otras, siempre que no estuvieran encomendadas por la Constitución a otro órgano. Era una competencia genérica. El señalado un dominio legal mínimo, puesto que el legislador podía aumentarlo discrecionalmente. La Constitución de 1980 inicia su artículo 63: "Sólo son materias de ley", y hace una enumeración taxativa. En consecuencia, la competencia de la leyes de atribución, puesto que sólo puede regular las materias expresamente señaladas en el artículo 63. El señalado es un dominio legal máximo, puesto que el legislador no puede exorbitarlo, queda encuadrado en él, está enmarcado en él. Sin embargo, el N° 20 del artículo 63 no indica ninguna materia, sino que se refiere a la forma de la ley y mediante "toda otra norma general y obligatoria que estatuya las bases esenciales de un ordenamiento jurídico" puede regular cualquier otra materia que la Constitución no haya encomendado a otro órgano. Éste restablece la competencia genérica de la ley sólo si ésta es general, obligatoria y estatuye las bases esenciales de un ordenamiento jurídico. En consecuencia, leyes la declaración general o especial adoptada por los órganos colegisladores, conforme al procedimiento y sobre las materias del dominio legal señalados en la Constitución (art. 63 N°s. 1° a 19°), pero pudiendo hacerlo en otras materias sólo mediante normas de carácter general y obligatorias que estatuyan las bases esenciales de un ordenamiento jurídico (art. 63 N° 20°).

La Constitución establece diferentes tipos de leyes, atendiendo a la materia sobre la cual versan, los quórums de aprobación exigidos, el control de constitucionalidad obligatorio que a veces impone.

Leyes de indultos generales y amnistías sobre delitos de conductas terroristas.

Estas leyes requieren para su aprobación de las dos terceras partes de los diputados y senadores en ejercicio tratándose de los delitos contemplados en el artículo 9°. Así lo dispone el artículo 63 N° 16 en su inciso segundo que fue agregado por la Ley de Reforma Constitucional N° 19.055 de fecha 1 de abril de 1991.

Son aquellas a las cuales la Constitución confiere tal carácter y necesitan para su aprobación, modificación o derogación, de las cuatro séptimas partes de los diputados y senadores en ejercicio, y deben ser sometidas al control de constitucionalidad por el Tribunal Constitucional antes de su promulgación (arts. 93 NO 1 Y66 inciso 2°). Tienen por fin regular un órgano o desarrollar un precepto constitucional. El constituyente se inspiró en la Constitución francesa de 1958, que contempló las leyes orgánicas constitucionales. El Tribunal Constitucional en sesión celebrada el4 de noviembre de 1986 adoptó el siguiente acuerdo: "Publicar en el Diario Oficial, en forma permanente, junto con el texto de la ley que se ha remitido para su control, un certificado redactado por el Secretario, en que conste la parte resolutiva de sus sentencias con indicación de las normas que han sido declaradas como de ley común en un proyecto de ley orgánica constitucional y aquellas que insertas en un proyecto de ley común tienen el rango propio de ley orgánica constitucional". 3 bis

3 bis Alejandro SILVA págs. 23-24, año 2000.

BASCUÑÁN,

Tratado de Derecho Constitucional, tomo VII,

Se establecen en la Constitución dieciséis materias que deben ser objeto de leyes orgánicas constitucionales: 1) Artículo 18 inciso primero, sobre la organización y funcionamiento de un sistema electoral público. L.O.C. N° 18.556 de 1 de octubre de 1986 sobre Sistema de Inscripciones Electorales y Servicio Electoral. L.O.C. N° 18.700 de 6 de mayo de 1988, sobre votaciones populares y escrutinios. 2) Artículo 19 N° 11, inciso quinto. Sobre libertad de enseñanza. L.O.C. N° 18.962 de 10 de marzo de 1990, de Enseñanza. 3) Artículo 19 N° 15, inciso quinto, sobre partidos políticos. L.O.C. N° 18.603 de 23 de marzo de 1987, de los partidos políticos. 4) Artículo 19 N° 24, inciso séptimo. Sobre concesiones mineras de exploración y explotación. L.O.e. N° 18.097 de 21 de enero de 1982, sobre concesiones mineras. 5) Artículo 38 inciso primero. Sobre organización básica de la administración pública. L.O.C. N° 18.575 de 5 de diciembre de 1986, de Bases Generales de la Administración del Estado. 6) Artículo 44. Sobre estados de excepción. L.O.C. N° 18.415 de 14 de junio de 1985, de los estados de excepción. 7) Artículos 52 atr. 18,74 inciso final y 128 inciso 5°, sobre el Congreso Nacional. L.O.C. N° 18.918 de fecha 5 de febrero de 1990, del Congreso Nacional. 8) Artículos 77 incisos primero y segundo, sobre organización y atribuciones de los Tribunales de Justicia. No se ha dictado la ley.

9) Artículo 92 inciso final, sobre el Tribunal Constitucional. L.O.e. N° 17.997 de fecha 19 de mayo de 1981, del Tribunal Constitucional. 10) Artículo 95 inciso final, sobre el Tribunal Calificador. L.O.C. N° 18.460, de fecha 15 de noviembre de 1985, sobre el Tribunal Calificador de Elecciones. 11) Artículo 99 inciso cuarto, sobre la Contraloría General de la República. No se ha dictado la ley. 12) Artículo 108, sobre el Banco Central. L.O.C. N° 18.840 de fecha 10 de octubre de 1989, del Banco Central de Chile. 13) Artículo 113 inciso primero, sobre Consejos Regionales. L.O.e. N° 19.175 sobre gobierno y administración regional. 14) Artículo 118 inciso tercero, sobre Municipalidades. L.O.e. N° 18.695, de 31 de marzo de 1988, de Municipalidades. 15) Artículo 10l. Sobre organización de las Fuerzas Armadas y Carabineros. L.O.e. de las Fuerzas Armadas, N° 18.948 de 27 de febrero de 1990. L.O.e. de Carabineros de Chile, N° 18.~61 de 7 de marzo de 1990. 16) Artículo 84. Sobre el Ministerio Público. L.O.C. del Ministerio Público, N° 19.640 de 15 de octubre de 1999. Leyes de quórum calificado. Se refiere a ellas el artículo 66 inciso tercero. Leyes de quórum calificado son aquellas que la Constitución les confiere tal carácter y requieren para su aprobación, modificación o derogación de la mayoría absoluta de los diputados y senadores en ejercicio. La Constitución ha contemplado las siguientes leyes de quórum calificado.

1) Artículo 9° inciso segundo. Ley sobre conductas terroristas y su penalidad. Ley N° 18.314 del 17 de mayo de 1984. 2) Artículo 19 N° 1 inciso tercero. Sobre delitos sancionados con pena de muerte. 3) Artículo 19 N° 12 inciso primero. Delitos y abusos cometidos por medio de la libertad de opinión y de informar. 4) Artículo 19 N° 12 inciso sexto. Sobre Consejo Nacional de Televisión. Ley N° 18.838, de 30 de septiembre de 1989, que crea el Consejo Nacional de Televisión. 5) Artículo 19 N° 18 inciso segundo. Leyes que regulan el derecho a la seguridad social. 6) Artículo 19 N° 21 inciso segundo. Ley que autoriza al Estado y sus organismos para participar en actividades empresariales, o desarrollarlas. 7) Artículo 19 N° 23 inciso segundo. Cuando lo exija el interés nacional, puede establecer limitaciones para adquirir ciertos bienes. 8) Artículo 63 N° 7. Las que autoricen al Estado, sus organismos y municipalidades para la contratación de empréstitos cuyo vencimiento exceda del término de duración del respectivo período presidencial. Se exceptúa al Banco Central. 9) Artículo 63 N° 16 inciso segundo. "Las leyes que concedan indultos generales y amnistías requerirán siempre de quórum calificado". En el texto primitivo de la Constitución, estas leyes eran ordinarias. Fue la Ley de Reforma Constitucional N° 19.055 de fecha 1 de abril de 1991, la que requirió este quórum calificado.

10) Artículo 103 inciso primero. .' Prohibición de tener armas indicadas en la ley, sm autOrIzación en conformidad a ella. Disposición

Hay no menos de treinta referencias a la ley en distintas disposiciones. Ejemplo, el artículo 10 inciso final, sobre procedimientos de opción por la nacionalidad chilena.

cuarta transitoria.

"Se entenderá que las leyes actualmente en vigor sobre materias que conforme a esta Constitución deben ser objeto de leyes orgánicas constitucionales o aprobadas COIl quórumcaliflcado, cumplen estos requisitos y seguirán aplicándose en lo que no sea~ contrarias a la Constitución, mientras no se dicten los correspondIentes cuerpos legales".

Como aún no se ha dictado la ley orgánica constitucional mencionada en el artículo 77 incisos primero y segundo sobre organización y atribuciones de los Tribunal~s de Justicia, seguirá aplicándose el Código Orgánico de Tribunales. Lo propio ocurre con el artículo 99 inciso cuar~o, sob~e, la Contraloría General de la República, por lo cual segUlra aphcandose la Ley N° 10.336, cuyo texto refundido fue publicado el 10 de julio de 1964.

Es la ley que requiere para su aprobación la mayoría de los miembros presentes en cada Cámara, o los quórums que. sean aplicables conforme a los artículos 68 y siguientes, ~ se.r,efIere a las materias del dominio legal señaladas en la ConstltuclOn, pero pudiendo hacerlo en otras sólo mediante normas de caráct~r general y que estatuyan las bases esenciales de un ordenamIento jurídico. El artículo 63 dice: "sólo son materias de ley: 2) Las que la Constitución exija que sean reguladas por una 1ey " .

Hay otras normas jurídicas que, no siendo leyes en sentido formal, sin embargo tienen su misma fuerza obligatoria. En esta categoría se encuentran el Decreto con Fuerza de Ley y el Decreto Ley. Por consiguiente, atendiendo a que sus efectos jurídicos tienen la misma fuerza obligatoria que la ley, deben ser incluidas en esta fuente positiva de la legislación complementaria. La Constitución los regula en los artículos 32 numeral 3°, artículo 54 atribución primera inciso final, y artículo 64.

Decreto con fuerza de leyes una norma dictada por el Presidente de la República, sobre materias del dominio legal, autorizado por ley, por acuerdo del Congreso aprobatorio de un tratado internacional o directamente por la Constitución. Tampoco son leyes en sentido formal, pero tienen la misma fuerza obligatoria que una ley. En la primitiva Carta de 1925 no se consultaba la existencia del D.EL. No obstante, y a pesar de su manifiesta inconstitucionalidad, se dictaron con frecuencia y en casi todos los gobiernos. En el año 1970, en virtud de la Reforma Constitucional contenida en la Ley N° 17.284, de 23 de enero, se autorizó la dictación del D.EL. en determinadas materias y sujetas a varias limitaciones. La Constitución de 1980 los contempla expresamente en el artículo 32, "son atribuciones especiales del Presidente de la República: 3° Dictar, previa delegación de facultades del Congreso,

decretos con fuerza de ley sobre las materias que señala la Constitución". Se regulan extensamente en el artículo 64.

Los decretos leyes son dictados por el Ejecutivo sobre materias propias de ley, pero sin autorización del Congreso. Estos decretos leyes constituyen una forma de legislación irregular, que es propia de los períodos en que se ha producido la ruptura constitucional. No obstante, la antigua y derogada disposición transitoria decimonovena de la Carta de 1980, en su inciso segundo disponía: "La Junta de Gobierno ejercerá mediante leyes las potestades constituyente y legislativa. Estas leyes llevarán las firmas de los miembros de la Junta de Gobierno y del Presidente de la República en señal de promulgación". Como consecuencia de la citada disposición transitoria y de la entrada en vigencia el II de marzo de 1981 de la Constitución, se reanudó la numeración de las leyes, la última de las cuales fue la Ley N° 17.982 de 11 de septiembre de 1973, siguiéndose con la N° 17.983 del 28 de marzo de 1981, que establece los órganos de trabajo de la Junta de Gobierno y fija normas sobre procedimiento legislativo. Entre ambas se dictaron normas legislativas con el nombre de decretos leyes. La disposición transitoria citada equiparaba la nomenclatura de la norma legal formada en el Congreso, órgano legislativo democrático representativo, con la norma de la Junta de Gobierno, elaborada por el órgano legislativo autoritario.

El Congreso Nacional se compone de dos ramas: la Cámara de Diputados y el Senado.

Estos órganos necesitan para regular su funcionamiento interno, de un conjunto de disposiciones, que reciben el nombre de Reglamento. La Constitución en su artículo 56 inciso segundo se refiere a ellos cuando expresa "cada una de las Cámaras establecerá en su propio reglamento la clausura del debate por simple mayoría". Quien dicta estos reglamentos es cada Cámara.

Los reglamentos son fundamentales para el buen funcionamiento de las Cámaras, ya que descienden al detalle de su organización interna, al desarrollo de la preceptiva constitucional y de la ley orgánica constitucional del Congreso. Por ello, son verdaderos códigos internos. Cabe regular a estos reglamentos, las mesas directivas de cada Cámara, las atribuciones del Presidente y Vicepresidente del Senado y del Presidente y Vicepresidente de la Cámara de Diputados. Sobre la manera de confeccionar la Tabla, que es la lista de asuntos que deben tratarse en las sesiones; clases de sesiones, votaciones, clausuras de los debates por simple mayoría; sobre el ejercicio de las atribuciones exclusivas de cada Cámara; sobre las tramitaciones de los proyectos de ley; sobre el personal administrativo de cada Cámara, etc., en conformidad a la Constitución y a la Ley Orgánica Constitucional del Congreso. Estos reglamentos son aprobados por acuerdos adoptados por cada Cámara. 8.- Los autos acordados de la Corte Suprema, del Tribunal Constitucional, del Tribunal Calificador de Elecciones y de los Tribunales Electorales Regionales. La Corte Suprema, en virtud del artículo 82 de la Constitución, tiene la superintendencia directiva, correccional y económica de todos los tribunales de la Nación, y en virtud de esta última, puede

dictar autos acordados. A nosotros nos interesa aquellos que dicen relación con las normas constitucionales. Así, los autos acordados sobre trafiÚtación del recurso de amparo y más recientemente, el relativo a la indemnización por elTorjudicial y el del recurso de protección. Quedan exceptuados de esa superintendencia por expresa disposición del artículo 82, el Tribunal Constitucional, el Tribunal Calificador de Elecciones, los Tribunales Electorales Regionales. El Tribunal Calificador de Elecciones puede dictar autos acordados conforme al artículo 12 de su Ley Orgánica N° 18.460 de 15 de noviembre de 1985, y del artículo 61 de la L.o.e. de partidos políticos de 23 de marzo de 1987, N° 18.603. El Tribunal Constitucional los puede dictar en virtud del artículo 90 de su ley orgánica, y los tribunales electorales regionales, conforme al artículo 34 de la Ley N° 18.593 de 9 de enero de 1987. 9.- Potestad reglamentaria del Presidente de la República y de otros órganos constitucionales. Según 10 prescrito en el artículo 32 N° 6, es atribución especial del Presidente de la República "ejercer la potestad reglamentaria en todas aquellas materias que no sean propias del dofiÚnio legal, sin peIjuicio de la facultad de dictar los demás reglamentos, decretos e instrucciones que crea convenientes para la ejecución de las leyes". Será estudiada dentro de las atribuciones administrativas del Presidente de la República. El artículo 107 inciso final faculta al Consejo de Seguridad Nacional para dictar su reglamento.

Las fuentes racionales o indirectas que estudiaremos no constituyen normas jurídicas positivas. Por tanto, no tienen un valor obligatorio general.

No obstante, influyen en la creación o interpretación del Derecho positivo.

La costumbre es la repetición constante y uniforme de una norma de conducta, con el convencimiento colectivo que obedece a una necesidad jurídica. Intervienen en su configuración dos elementos, uno objetivo o externo, y otro elemento, subjetivo o interno. El elemento externo u objetivo, debe reunir tres características: 1) Uniformidad. Los actos externos que la constituyen deben repetirse de un modo uniforme. No puede haber otra norma de conducta contradictoria. Se requiere que sea acatada por la generalidad de la colectividad. 2) Largo uso. La repetición de estos actos externos debe verificarse a través de un largo período. 3) Notoriedad. La costumbre debe ser pública, esto es, conocida de los gobernados y por los gobernantes. Y tiene que tener este carácter para que efectivamente sea una expresión de la voluntad general. El elemento interno o subjetivo está constituido por la convicción, de que la costumbre tiene fuerza obligatoria en atención a que satisface una necesidad jurídica. Es la "opinio juris", la opinión de que es derecho.

Se clasifica a la costumbre, atendiendo a la situación en que se encuentre frente a la ley. 1) La costumbre "contra legem", la costumbre contra la ley. Aquí la costumbre constituye una norma de conducta contraria, opuesta a la conducta prescrita por la ley.

Son inconciliables ambas prescripciones, sólo una de ellas puede tener vigencia. 2) La costumbre "proeter legem", la costumbre en el silencio de la ley. Surge una costumbre allí donde no existe ley, donde hay un vacío de la ley. Es una costumbre supletoria, a falta de ley. No hay aquí ninguna contradicción con la ley, porque está regulando una situación no normada por la ley. 3) La costumbre "secundum legem", la costumbre según la ley. Puede tener dos variantes. La primera ocurre cuando la ley hace remisión expresa a la costumbre, y adquiere eficacia por el reconocimiento que le hace la ley. La segunda variante se da cuando la costumbre interpreta de un modo uniforme una ley. Valor de la costumbre. El valor de la costumbre es muy distinto según los ordenamientos jurídicos y las distintas etapas históricas. En nuestro Derecho, su rol es limitadísimo, y difiere según las distintas ramas del Derecho. En el Derecho Civil se recurre a la costumbre en los casos en que la ley se remite a ella. Nos dice el artículo 2 del Código Civil, "la costumbre no constituye derecho sino en los casos en que la ley se remite a ella". Es "secundum legem". En el Derecho Comercial se acepta de un modo más amplio. Nos dice el artículo 4° del Código de Comercio: "Las costumbres mercantiles suplen el silencio de la ley, cuando los hechos que las constituyen son uniformes, públicos, generalmente ejecutados en la República o en una determinada localidad o reiterados por un largo espacio de tiempo que se apreciará prudencial mente por los juzgados de comercio". Es "proeter legem". En el Derecho Penal es rechazada la costumbre, rige allí el principio "nullum crimen, nulla pena, sine lege". No hay delito ni pena, sin ley.

En el Derecho Internacional Público, la costumbre constituye una de las principales fuentes de esta rama jurídica. En el Derecho Constitucional, nuestro sistema es de constitucionalismo escrito, en donde el poder constituyente está formalmente configurado en el Capítulo Xv, sobre Reforma Constitucional. Por otro lado, el principio consagrado en el artículo 7° inciso segundo de la Constitución de 1980 es básico en nuestro sistema, en cuanto dispone que ninguna magistratura, ninguna persona ni grupo de personas pueden atribuirse, ni aun a pretexto de circunstancias extraordinarias, otra autoridad o derechos que los que expresamente se les hayan conferido en virtud la Constitución o las leyes. Y el inciso tercero agrega: "todo acto en contravención a este artículo es nulo y originará las responsabilidades y sanciones que la ley señale". En otros términos, el precepto consagra el principio que en Derecho Público sólo puede hacerse 10 que expresamente se ha facultado por la Constitución o la ley. De manera que la costumbre "contra legem" y la "costumbre proeter legem" no tienen valor jurídico. Sólo cabe señalar que ella puede tener valor para el Derecho Constitucional, en cuanto costumbre "secundum legem", en la medida que sirva para la interpretación de la Constitución o de alguno de sus preceptos, ya que la Constitución no se remite a ella. Ejemplos de costumbres en el ámbito constitucional:

En la Carta de 1833 se configuró un ejecutivo presidencial reforzado. Pero junto a ello consagró mecanismos propios del gobierno parlamentario, que fueron las leyes periódicas, y la compatibilidad entre los cargos de Ministros de Estado y de parlamentarios. Con las reformas de la República liberal, a la Carta de 1833, se fue limitando cada vez más el poder presidencial, 10 que redundaba en mayor poder del Congreso, y fue cobrando cada vez mayor

vigor la interpretación que sostenía que la Carta consagraba el gobierno parlamentario. La interpretación presidencialista, a través de Balmaceda y la parlamentaria del Congreso, hizo crisis en 1891, con la victoria de esta última. Desde allí, ya no se controvirtió más, que la Carta de 1833 consagraba el gobierno parlamentario, y se aplicó con los defectos conocidos durante la República Parlamentaria de 1891 a 1924. Hay allí una interpretación de la Carta de 1833 a través de una costumbre uniforme. "Secundum legem". 2) Artículo 56 de la Constitución de 1925. Disponía el artículo 56, que el Congreso abría el período de legislatura ordinaria el 21 de mayo de cada año, y que el Presidente debía dar cuenta al Congreso Pleno del estado político y administrativo de la Nación. El texto de la disposición no decía si el Presidente debía concurrir personalmente a rendir dicha cuenta, o bien, le bastaba con remitir la cuenta al Congreso sin necesidad de comparecer personalmente. Una costumbre se estableció al respecto, era que el Presidente de la República concurría personalmente ante el Congreso pleno, y leía la cuenta del estado administrativo y político de la Nación. Sólo hubo una excepción, la del Presidente Ibáñez en 1930, que mandó la cuenta al Congreso. La Constitución de 1980 en su artículo 24 inciso tercero reformado en 2005, señala que: "El 21 de mayo de cada año, el Presidente de la República dará cuenta al país del estado administrativo y político de la Nación ante el Congreso pleno".

La jurisprudencia es la interpretación uniforme y constante de la ley, que hacen los Tribunales en sus sentencias.

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Se trata, por consiguiente, de la aplicación de la ley en una serie de fallos y en los que se sustenta una misma interpretación de la ley. De conformidad a lo expuesto en el artículo 30 inciso segundo del Código Civil, "las sentencias judiciales no tienen fuerza obligatoria, sino respecto de las causas en que actualmente se pronunciaren". De este modo, la jurisprudencia de los tribunales superiores no obliga a los tribunales inferiores; ni el tribunal que dicta un fallo queda ligado por él para el futuro, en caso semejante. La fuerza que pueda tener la jurisprudencia, entre nosotros, arranca de la solidez de los principios o razones, en que se funden los fallos. Si estos principios o fundamentos en que se ha basado, resultan justificados en el análisis científico que de ellos se haga, indudablemente esa jurisprudencia tenderá a mantenerse, fallando los Tribunales en tal sentido. Si al contrario, sus fundamentos o principios son discutibles o controvertidos, puede perfectamente esperarse un cambio en la orientación de la jurisprudencia a la luz de mejores razones. La jurisprudencia de la Corte Suprema, del Tribunal Calificador de Elecciones y del Tribunal Constitucional, tienen especial importancia para nuestro ramo. 12.- Dictámenes de la Contraloría General de la República y otros órganos con competencias consultivas. En esta fuente se comprende a los dictámenes que les corresponde evacuar a órganos del Estado no jurisdiccionales, cuando interpretan o aplican la Constitución. Entre estos órganos podemos señalar la Contraloría General de la República, el Consejo de Defensa del Estado, etc. Corresponde al Contralor emitir informes sobre los asuntos que se relacionen con el Estatuto Administrativo, con el funcionamiento de los Servicios Públicos sometidos a su fiscalización y con los asuntos que se relacionen con la inversión o compromiso de los

fondos públicos (arts. 6° y 9° de la Ley N° 10.336, sobre organización y atribuciones de la Contraloría). Los informes son obligatorios en los casos específicos. Sin embargo, de acuerdo al artículo 6° inciso final de la Ley N° 10.336, de la Contraloría, "sólo las decisiones y dictámenes de la Contraloría General de la República serán los medios que podrán hacerse valer como constitutivos de la jurisprudencia administrativa en las materias que se refiere el artículo 1°". De suerte que esta especie de jurisprudencia administrativa, es obligatoria para los servicios públicos y funcionarios públicos en el respectivo ámbito de aplicación de la norma citada.

La doctrina es el conjunto de los estudios "de carácter científico que los juristas realizan acerca del Derecho, ya sea con el propósito puramente teórico de sistematización de sus preceptos, ya con la finalidad de interpretar sus normas y señalar las reglas de su aplicación". (Eduardo García Maynez). La doctrina cumple tres finalidades: 1) De carácter científico. Que realiza mediante la sistematización de las normas, abstrayendo los principios generales que las inspiran, configurando y explicando las instituciones jurídicas y políticas a que den lugar; 2) Prácticas. Cumple también la doctrina finalidades prácticas, ya que mediante su labor de interpretación de las disposiciones constitucionales y legales, facilita su aplicación por quienes están encargados de hacerlo. 3) Crítica. Cumple también una función de valoración del derecho, de crítica del mismo, según si traduce de buena forma los valores jurídicos y políticos, o el bien común de la colectividad. Si se adapta o responde a las necesidades reales de la comunidad.

La doctrina científica se va a expresar de preferencia en los tratados, libros generales, monografías, artículos de revistas jurídicas, y en la cátedra universitaria. El valor de la doctrina reside en la fuerza de convicción que puedan tener sus planteamientos.

Las fuentes positivas o directas se pueden señalar jerárquicamente según su valor jurídico, del modo siguiente. En primer término, la Constitución. En segundo lugar, las leyes interpretativas de la Constitución. A continuación, tratados internacionales. Tiene fuerza obligatoria superior a la ley. En caso de contradicción con ella, debe aplicarse el tratado. Enseguida, la legislación complementaria. Todas esas normas tienen la misma fuerza obligatoria. Sólo son distintos tipos de leyes, pero sin que entre ellas exista una jerarquización, aunque las leyes orgánicas constitucionales, las de quórum calificado y las leyes comunes u ordinarias cumplen requisitos fonuales distintos, en sus quórum, control preventivo obligatorio de constitucionalidad, etc. Lo esencial está en que el constituyente ha señalado las materias que deben regularse por uno u otro tipo de leyes. y así, una ley orgánica constitucional sólo puede regular materias que el constituyente le ha encomendado; y a su vez, la ley común u ordinaria no puede regular materias que el constituyente entregó al legislador orgánico. Luego vienen los reglamentos de las Cámaras Legislativas, los autos acordados de la Corte Suprema, del Tribunal Constitucional, del Tribunal Calificador de Elecciones, de los Tribunales Electorales Regionales, los Reglamentos dictados por el Presidente de la República y las normas generales y permanentes de otros órganos constitucionales que tienen potestad reglamentaria.

En lo que respecta a las fuentes racionales o indirec~as: por~ue no constituyen normas jurídicas, no cabe estructurarlas jerarqUlcamente según su valor jurídico. Aquí habrá que atenerse a la eficacia real que puedan tener, a la mayor o menor acogida que de hecho tengan en los órganos encargados de crear, interpretar o aplicar las normas jurídicas. Desde el punto de vista de su eficacia real, podríamos señalar el siguiente orden de estas fuentes indirectas: - La costumbre. - La jurisprudencia. - Los dictámenes de la Contraloría y otros órganos con competencias consultivas. Con la salvedad, ya señalada anteriormente, respecto de la jurisprudencia administrativa constituida por resoluciones y dictámenes de la Contraloría General de la República en cuanto es obligatoria para los funcionarios y servicios públicos sometidos a su fiscalización. - La doctrina.

CAPÍTULO

II

GÉNESIS DE LA CONSTITUCIÓN

DE

1980 y ALGUNAS

INNOVACIONES QUE INTRODUCE RESPECTO DE LA CONSTITUCIÓN

DE

1925. REFORMAS

La Constitución de 1925, como un todo orgánico nonnativo, cesó en su vigencia elll de septiembre de 1973, subsistiendo y aplicándose sólo algunas nonnas, que no hubiesen sido derogadas tácita o expresamente por los decretos leyes dictados a partir de esa fecha. En efecto, según el Decreto Ley N° 1, sobre Acta de Constitución de la Junta de Gobierno, de fecha 11 de septiembre de 1973, el Comandante en Jefe del Ejército, General de Ejército don Augusto Pinochet Ugarte; el Comandante en Jefe de la Annada, Almirante don José Toribio Merino Castro; el Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea, General del Aire don Gustavo Leigh Guzmán yel General Director de Carabineros, General don César Mendoza Durán, se constituyeron en Junta de Gobierno, y asumieron el Mando Supremo de la Nación. Esta expresión, "asumen el mando supremo de la Nación", fue precisada en su alcance por el D.L. N° 128 de 16 de noviembre de de 1973, en el sentido que la Junta de Gobierno, desde el 11 de septiembre de 1973, había asumido el ejercicio de los poderes Cons-

tituyente, Legislativo y Ejecutivo. Que el Pode.r Judicial ejercería sus funciones en la forma, con la independencIa y facultades que señala la Constitución Política del Estado (D.L. N° 1 Y 128). Lo anterior importaba la derogación tácita de lo sustancial de la Carta de 1925, no obstante las expresiones del Decreto Ley N° 1 en su N0 3° Ydel Decreto Ley N° 128 en artículo 2°, en cuanto a la subsistencia de la Constitución. El Decreto Ley N° 1 declaró en su N° 3° que la Junta "respetará la Constitución y las leyes de la República, en la medida en que la actual situación del país lo permitan para el mejor cumplimiento de los postulados que ella se propone". . ., . Se da cuenta en las Actas Oficiales de la ComIslOn ConstItuyente que se había establecido una COI~isión int.egrada ~or los señores Sergio Diez Urzúa, Jaime Guzman B., Ennque Ortuzar E. y Jorge Ovalle Quiroz, para redactar un a~teproyec~~ de nueva Constitución. Esta Comisión celebró una pnmera seSlOn el 24 de septiembre de 1973. ., Se eligió Presidente de ella a don Ennque Ortuzar Escobar, quien se abstuvo. _ . Con fecha 9 de octubre de 1973, se incorporaron los senores Ennque Evans de la c., Gustavo Lorca R. y Alejandro Silva Bascuñán. Esto culmina con su creación oficial, mediante Decreto Supremo del Ministerio de Justicia N° 1.064 de 25 de octubre de 1973, para que estudie, elabore y proponga un anteproyecto de una nueva Constitución Política del Estado. Esta Comisión se relacionaba con el Gobierno a través del Ministerio de Justicia, y se integraba por las siguientes personas: señores Sergio Diez Urzúa, Enrique Evans de la Cuadra, Jaime Guzmán Errázuriz, Gustavo Lorca Rojas, Enrique Ortúzar Escobar, Jorge Ovalle Quiroz, Alejandro Silva Basc~ñán. , Con fecha 26 de noviembre de 1973 se elaboro un memorandum sobre metas y objetivos fundamentales en que habrá de inspirarse la nueva Constitución Política.

Con fecha 21 de diciembre de 1973, el Gobierno comunicaba a la Comisión la designación como miembro, de la sra. Alicia Romo Román. La Comisión Constituyente, desde el2l de septiembre de 1976 sesión 246, cambia su denominación por otra más ajustadajurídicamente: Comisión de Estudio de la Nueva Constitución Política de la República. En efecto, la denominación "Comisión Constituyente", era impropia técnicamente, puesto que un órgano constituyente es aquel que tiene la potestad jurídica para dictar una Constitución. Potestad que no correspondía a la Comisión, ya que con el Decreto Ley N° 1, interpretado por el Decreto Ley N° 128, había sido asumida por la Junta de Gobierno. De modo que la nueva denominación adoptada se ajustaba plenamente a la naturaleza jurídica de la Comisión. Secretario fue don Rafael Eyzaguirre E. y Prosecretario, don Rafael Larraín C. En 1977 renunciaron los señores Alejandro Silva Bascuñán, Enrique Evans de la Cuadra y Jorge Ovalle Quiroz. El señor Silva basó su alejamiento en la dictación del D.L. N° 1.697, sobre disolución de los partidos políticos que se encontraban en receso. En reemplazo se designó a doña Luz Bulnes Aldunate, a don Raúl Bertelsen Repetto ya don Juan de Dios Carmona Peralta. Eran profesores de Derecho Constitucional la sra. Bulnes y los señores Diez, Evans, Guzmán, Ovalle, Silva y Bertelsen. La Comisión tuvo cuatrocientas diecisiete sesiones, incluyéndose en ese número, catorce que no tuvieron quórum.4 La Comisión creó varias subcomisiones a quienes encomendó el estudio de algunas materias específicas. Escuchó opiniones de catedráticos y de numerosísimas organizaciones sociales.

.4 S~rgio CARRASCO DELGADO,Génesis de la Constituci6n de 1980, publicado en el Semmano de Estudio sobre la Constitución Política del Estado de 1980, pág. 14, nota 38, Concepción, 1982.

El 16 de agosto de 1978, la Comisión entrega al Presidente de la República un anteproyecto con ideas precisas. Remitido al Consejo de Estado, y a requerimiento del presidente de este órgano consultivo el ex Presidente de la República don Jorge Alessandri Rodríguez, el Ejecutivo solicita a la Comisión un anteproyecto debidamente articulado, el que es entregado con fecha 18 de octubre de 1978. El 31 de octubre de 1978, el Presidente de la República envía el anteproyecto articulado al Consejo de Estado para su estudio. Este Consejo, desde noviembre de 1978 y hasta julio de 1980, celebró cincuenta y siete sesiones plenarias. Solicitadas por el Consejo a la opinión pública, sugerencias, comentarios o críticas acerca del anteproyecto, se recibieron alrededor de cientocincuenta. El 8 de julio de 1980, el Consejo de Estado entregó al Presidente de la República su informe, en el que se contenía un nuevo anteproyecto constitucional. El Presidente de la República sometió al estudio y decisión de la Junta de Gobierno los anteproyecto s elaborados por la Comisión de Estudio de la Nueva Constitución Política y por el Consejo de Estado. Esto se llevó a efecto durante el mes de julio de 1980. La Junta de Gobierno fijó y aprobó el texto de la nueva Constitución Política, basándose fundamentalmente en el Anteproyecto de la Comisión de Estudio, incorporando numerosos preceptos del anteproyecto contenido en el informe del Consejo de Estado e introduciendo varias modificaciones de su propia iniciati va. La Junta de Gobierno lo hizo mediante el Decreto Ley N° 3.464, publicado en el Diario Oficial de 11 de agosto de 1980. Señalaba: "La Junta de Gobierno ... en ejercicio de la potestad constituyente, ha acordado aprobar como nueva Constitución Política de la República de Chile, sujeta a ratificación por plebiscito, el siguiente Decreto Ley: Constitución Política de la República de Chile". Se contiene a continuación su texto íntegro.

Termina el Decreto Ley, ordenando el registro en la Contraloría General Y la publicación en el Diario Oficial. Lleva las firmas del Presidente de la República, de los integrantes de la Junta de Gobierno y de todos los ministros de Estado. El Decreto Ley N° 3.465, publicado en el Diario Oficial el 12 de agosto de 1980, expresa que se dicta en ejercicio del poder constituyente y en su artículo 1° dice: "En conformidad con lo dispuesto en el artículo final del Decreto Ley N° 3.464, de 1980, convócase a plebiscito para el día 1I de septiembre de 1980, destinado a pronunciarse sobre la nueva 'Constitución Política de la República de Chile' incluidas sus disposiciones transitorias, según su texto fijado por el mencionado decreto ley y publicado en el Diario Oficial de 11 de agosto de 1980". La referencia hecha al artículo final del D.L. N° 3.464, hay que entenderla referida al artículo final del texto de la Constitución aprobada en ese decreto ley, el que en su inciso segundo señala que: "un decreto ley determinaráJa oportunidad en la cual se efectuará el señalado plebiscito, así como las normas a que él se sujetará ...". "La norma contenida en el inciso anterior entrará en vigencia desde la fecha de publicación del presente texto constitucional". Del estudio y aprobación del proyecto por la Junta de Gobierno, no se han proporcionado actas oficiales. En el plebiscito tuvieron derecho a sufragio los chilenos mayores de 18 años y los extranjeros que además tenían residencia legal en Chile. Se sufragó por la aprobación marcando el "Sí", o por el rechazo marcando el "No". Las cédulas emitidas en blanco, fueron escrutadas en favor de la preferencia "Sí", según lo dispuesto en el artículo 20 inciso final del D.L. N° 3.465. El ex Presidente de la República don Eduardo Frei Montalva, principal figura de la oposición, en un acto público realizado en el Teatro Caupolicán de Santiago el 27 de agosto de 1980, llamó a la ciudadanía a votar en forma negativa el proyecto constitucional.

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