CODIGO BUSTAMANTE ANALISADO Y COMENTADO CIVIL Y MERCANTIL INTERNACIONAL.pdf

August 18, 2017 | Author: Javier Antonio Pupiro Aguirre | Category: International Law, Legislation, Cuba, State (Polity), Nationality
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Antonio Sánchez de Bustamante y Sirvén (La Habana; 13 de abril de 1865 - 24 de agosto de 1951) Abogado, jurista y político cubano.

2013

El Código de Bustamante constituye el primer intento por codificar el Derecho Internacional Privado para América Latina y el Caribe. Este fue el resultado de la VI Conferencia Interamericana de DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO que fue celebrada en la Habana, Cuba en 1928. Estuvieron presentes en esta Conferencia y ratificaron el Código casi todos los países de América Latina de habla hispana, incluidos Brasil, Haití. Nuestro país suscribió este tratado sin ninguna reserva al igual que Guatemala, Honduras, Panamá, Perú y Cuba. Este Código tiene una influencia importantísima en el mundo del Derecho Internacional Privado pues se constituye como fuente directa del mismo. Este cuerpo de normas internacionales está estructurado en cinco partes, un título preliminar y cuatro libros para conformar un total de 437 artículos. 2

Derecho Civil Internacional Derecho Mercantil Internacional.

“PUPIRO” ANALISIS DEL CODIGO BUSTAMANTE. 05/08/2013

INTRODUCCIÓN El Código de Derecho Internacional Privado (también conocido como Código de Bustamante) es un tratado que pretendió establecer una normativa común para América sobre el Derecho internacional privado. El código de Derecho Internacional Privado se ha destacado desde su presentación en 1925 como obra cumbre por su éxito en la Historia del Derecho Internacional al celebrarse en 1928 la Conferencia Interamericana en Cuba se aprueba el Código de La Habana o Código de Bustamante, vigente actualmente y sigue siendo muy significativo en su disciplina y constituye una proyección de la obra legislativa cubana hacia el exterior. Los Presidentes de las Repúblicas de Perú, de Uruguay, de Panamá, de Ecuador, de México, de El Salvador, de Guatemala, de Nicaragua, de Bolivia, de Venezuela, de Colombia, de Honduras, de Costa Rica, de Chile, de Brasil, de Argentina, de Paraguay, de Haití, de República Dominicana, de Estados Unidos de América y de Cuba. Deseando que sus países respectivos estuvieran representados en la Sexta Conferencia Internacional Americana, enviaron a ella debidamente autorizados para aprobar las recomendaciones, resoluciones, convenios y tratados que juzgaren útiles a los intereses de América, los siguientes señores Delegados: Perú: Jesús Melquíades Salazar, Víctor Maúrtua, Enrique Castro Oyanguren, Luis Ernesto Denegri. Uruguay: Jacobo Varela Acebedo, Juan José Amézaga, Leonel Aguirre, Pedro Erasmo Callorda. Panamá: Ricardo J. Alfaro, Eduardo Chiari. Ecuador: Gonzalo Zaldumbide, Víctor Zevallos, Colón Eloy Alfaro. México: Julio García, Fernando González Roa, Salvador Urbina, Aquiles Elorduy. El Salvador: Gustavo Guerrero, Héctor David Castro, Eduardo Alvarez. Guatemala: Carlos Salazar, Bernardo Alvarado Tello, Luis Beltranena, José Azurdia. Nicaragua: Carlos Cuadra Pazos, Joaquín Gómez, Máximo H. Zepeda. Bolivia: José Antezana, Adolfo Costa du Rels. Venezuela: Santiago Key Ayala, Francisco Gerardo Yanes, Rafael Angel Arraíz. Colombia: Enrique Olaya Herrera, Jesús M. Yepes, Roberto Urdaneta Arbeláez, Ricardo Gutiérrez Lee. Honduras: Fausto Dávila, Mariano Vásquez. Costa Rica: Ricardo Castro Beeche, J. Rafael Oreamuno, Arturo Tinoco. Chile: Alejandro Lira, Alejandro Alvarez, Carlos Silva Vildósola, Manuel Bianchi. Brasil: Raúl Fernández, Lindolfo Collor, Alarico da Silveira, Sampaio Correa, Eduardo Espínola. Argentina: Honorio Pueyrredón, Laurentino Olascoaga, Felipe A. Espil. Paraguay: Lisandro Díaz León. “[email protected]” 3

Haití: Fernando Dennis, Charles Riboul. República Dominicana: Francisco J. Peynado, Gustavo A. Díaz, Elías Brache, Angel Morales, Tulio M. Cesteros, Ricardo Pérez Alfonseca, Jacinto R. de Castro, Federico C. Alvarez. Estados Unidos de América: Charles Evans Hughes, Noble Brandon Judah, Henry P. Fletcher, Oscar W. Underwood, Dwight W. Morrow, Morgan J. O'Brien, James Brown Scott, Ray Liman Wilbur, Leo S. Rowe. Cuba: Antonio S. de Bustamante, Orestes Ferrara, Enrique Hernández Cartaya, José Manuel Cortina, Arístides Agº 129;ero, José B. Alemán, Manuel Márquez Sterling, Fernando Ortiz, Néstor Carbonell, Jesús María Barraqué. Los cuales, después de haberse comunicado sus plenos poderes y hallándolos en buena y debida forma, aceptan y ponen en vigor el Código de Derecho Internacional. El Código en cuestión no tuvo gran aceptación; Estados Unidos se retiró a mitad de las negociaciones, México y Colombia no firmaron dicho tratado, Argentina, Uruguay y Paraguay decidieron regirse por las normas de Montevideo en lo relativo al Derecho Internacional Privado y el resto de los países ratificaron con grandes reservas. Es meramente un conjunto de normas las cuales pretenden regular las relaciones jurídicas de tráfico externo entre los países partes del tratado. En fe de lo cual los Plenipotenciarios firman el presente Convenio y ponen en él el sello de la sexta Conferencia Internacional Americana. Hecho en la ciudad de la Habana, República de Cuba, el día veinte de febrero de mil novecientos veintiocho, en cuatro ejemplares escritos respectivamente en castellano, inglés, francés, y portugués que se depositarán en la Oficina de la Unión Panamericana, a fin de que envíe una copia certificada de todos a cada una de las Repúblicas signatarias. El Derecho Internacional, hoy más que ayer, está tomando mucha importancia, ya que con el fenómeno de la Globalización, el mundo ha sufrido constantes cambios, donde los Estados han comenzado a exportar con mayor facilidad todos sus productos, ya sean materias primas, productos terminados, tecnología, maquinarias, conocimientos, etc. Generalmente conocemos de Antonio Sánchez de Bustamante por la obra que lo ha consagrado, un código con 437 artículos que lleva su nombre y que no se impuso por la fuerza de las armas o la de los votos, sino que fue voluntariamente adoptado por 15 estados de América Latina. Su objetivo era resolver los conflictos de leyes que se presentaban entre estados, que animados del mismo espíritu jurídico padecían, sin embargo la diversidad de reglas técnicas de la legislación.

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Es así que por lo expuesto anteriormente el Derecho se ha visto en la necesidad de desempolvar y actualizar sus Normas Internacionales para que así se adecue a esta realidad que es constantemente cambiante y por ende también el Derecho. El Código de Bustamante es Derecho positivo vigente y constituye una norma orgánica de gran importancia para el desarrollo de la codificación del Derecho Internacional Privado Americano, sin embargo la doctrina al reconocer sus méritos y los esfuerzos del autor ha observado que el Código tiene deficiencias que deben señalarse y tratar de eliminarse en una futura reforma. A pesar de los señalamientos muchos de ellos justificados este Código resulta de gran importancia para los intentos de unificación del Derecho Internacional Privado. El presente trabajo intenta llevar a un fácil y comprensible análisis de una de las Normas representativas del Derecho Internacional Privado como es EL CÓDIGO BUSTAMANTE O TAMBIÉN LLAMADO CÓDIGO DIPRI. Empezaremos por lo que se refiere a los antecedentes históricos del CÓDIGO BUSTAMANTE, para que después entremos al análisis, simple y entendible del cuerpo normativo. Hacemos referencia que el actual CÓDIGO BUSTAMANTE aún se mantiene en vigencia, y a pesar de ser un código de ochenta y cinco años de edad, es una herramienta de Derecho Internacional Privado de la cual se hace referencia y no de una ley derogada, ya que no nos serviría de nada o quizás de algo de historia pero de eso no se trata el trabajo. “El abogado moderno sabe que la ley es una forma de la vida, que contribuye a su incremento y nunca en su inacción y que en nombre de la solidaridad creciente entre los seres humanos, sean los que fueran su nacionalidad y su raza puede a los sacerdotes del derecho que se asomen, con el dominio de las lenguas contemporáneas, a las fronteras de su nación y busquen en las soluciones presentes de las necesidades actuales, el remedio de sus deficiencias y las fórmulas de sus adelantos, sabe que no hay ni puede haber derecho alguno inalterable, que aspire al nombre absurdo, este en continua y pasmosa variación, sabe, en una palabra que las leyes son instituciones naturales y humanas y que en el derecho, como en la naturaleza la luz se muere cuando el sol se pone y resulta con la nueva aurora, diáfana hermosa y radiante”

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EL CÓDIGO DE BUSTAMANTE (CÓDIGO DE DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO) ANTECEDENTES HISTÓRICOS El interés del Perú por la codificación del derecho internacional privado se ha sustentado con perspectivas históricas. Precisamente, uno de los primeros intentos para lograr esta tarea tuvo lugar en Lima cuando se convocó el Congreso Americano de Jurisconsultos de 1877. Argentina, Bolivia, Chile, Costa Rica, Ecuador y Cuba enviaron representantes. El evento fue auspicioso en la medida en que en él se elaboró un tratado para establecer, en América, reglas uniformes de Derecho Internacional Privado, y porque dicho instrumento iba precedido por una exposición en que se explicaban los motivos de las reglas establecidas. La exposición de motivos y el tratado fueron firmados por Antonio Arenas. El tratado nunca fue ratificado porque sancionó el sistema civil de conflictos legales basado en la nacionalidad, y no en el domicilio, como factor determinante del sistema personal y la capacidad civil. Además, la cruenta guerra por el control hegemónico del salitre entre Perú, Bolivia y Chile, entre 1879 y 1883, anuló los esfuerzos en esta tarea. Posteriormente, el Perú envió representantes al Congreso de Montevideo en 1889, en el que seis tratados sobre conflictos de leyes fueron suscritos. Eran tratados relativos al Derecho Civil, Comercial, Criminal y de Procedimientos, así como a la propiedad industrial y las profesiones liberales. Estos tratados fueron ratificados no solo por el Perú sino por Argentina, Uruguay, Paraguay y Bolivia, aunque no fueron ratificados ni por Brasil ni por Chile. En 1917, la codificación del derecho internacional privado tomó nuevo impulso y fueron preparados seis proyectos. La VI Comisión de Juristas aprobó el proyecto del eminente jurista Alberto Elmore. Pero otros pasos fueron tomados en consideración. Eso ocurrió con el llamado Código Bustamante, aprobado en la VI Conferencia Panamericana realizada en la Habana, en 1928. El notable jurista e internacionalista don Antonio Sánchez Bustamante y Sirvén es el autor de este Código que empezó a redactar en Lima en 1924. El Congreso peruano aprobó su texto y lo ratificó mediante la resolución legislativa 10190 del 9 de febrero de 1945, que, además, aprobaba los tratados individuales de la Conferencia de 1928 sobre aviación comercial, solidaridad americana, formación de tratados, agentes consulares, neutralidad marítima, deberes y derechos de las naciones, y propiedad literaria y artística. En un sentido comparativo, las contribuciones jurídicas sobre derecho internacional privado han sido lamentablemente escasas. El primer tratado fue la traducción que realizó Manuel Atanasio Fuentes del curso dictado por Paul Louis Pradier-Foderé en la Facultad de Ciencias Políticas y Administrativas de Lima. Anteriormente había aparecido un exhaustivo estudio de Félix Cipriano Coronel Zegarra, titulado «La condición jurídica de los extranjeros en el Perú» y aparecido en prensas de Santiago de Chile. Este libro constituyó un completo estudio documental sobre la materia, tratada en forma bifronte, y se desarrollaba provisto de métodos históricos y comparativos. Además, defendía la política peruana sobre esta materia. “[email protected]” 6

Otro libro medular para el momento histórico fue el de Manuel V. Morote, Tratado de Derecho Internacional Privado, publicado por la editorial E. Moreno en 1896. El pórtico del siglo XX queda marcado por la publicación del Doctor Carlos García Gastañeta, titulada «Derecho Internacional Privado». Esta obra, que contó con dos ediciones, sirvió de bagaje esencial a varias generaciones sanmarquinas. Con posterioridad, el profesor Luis Alvarado Garrido escribe el libro Apuntes de derecho internacional, en 1940. Y el libro señero fue el del catedrático sanmarquino Doctor Manuel García Calderón Koechlin, que trató toda la materia en su Derecho Internacional Privado. La obra de nuestro estimado profesor sirvió a todos aquellos que se interesaban por el Derecho Internacional Privado, bajo la égida del Código Civil de 1936, y no ha perdido la fragancia que lo rodeó y merece ser reeditado debidamente actualizado. Esta producción bibliográfica glosa el Código Civil de 1984. Publicado el texto actual adquiere singular valor el libro Derecho Internacional Privado de María de Carmen Tovar Gil y Javier Tovar Gil Impreso por la Fundación Manuel J. Bustamante de la Fuente. Esta obra constituye un hito en esta materia.

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DECLARACIONES Y RESERVAS DE LOS ESTADOS RESERVAS DE LA DELEGACION ARGENTINA La Delegación Argentina deja constancia de las siguientes reservas que formula al Proyecto de Convención de Derecho Internacional Privado sometido a estudio de la Sexta Conferencia Internacional Americana: 1. Entiende que la Codificación del Derecho Internacional Privado debe ser "gradual y progresiva", especialmente respecto de las instituciones que presentan en los Estados Americanos, identidad o analogía de caracteres fundamentales. 2. Mantiene la vigencia de los Tratados de Derecho Civil Internacional, Derecho Penal Internacional, Derecho Comercial Internacional y Derecho Procesal Internacional, sancionados en Montevideo el año 1889, con sus Convenios y Protocolos respectivos. 3. No acepta principios que modifiquen el sistema de la "ley del domicilio", especialmente en todo aquello que se oponga al texto y espíritu de la legislación civil argentina. 4. No aprueba disposiciones que afecten, directa o indirectamente, al principio sustentado por las legislaciones civil y comercial de la República Argentina, de que "las personas jurídicas deben exclusivamente su existencia a la ley del Estado que las autorice y por consiguiente no son ni nacionales ni extranjeras; sus funciones se determinan por dicha ley de conformidad con los preceptos derivados del "domicilio" que ella les reconoce". 5. No acepta principios que admitan o tiendan a sancionar el divorcio ad-vinculum. 6. Acepta el sistema de la "unidad de las sucesiones" con la limitación derivada de la "lex rei sitae" en materia de bienes inmuebles. 7. Admite todo principio que tienda a reconocer en favor de la mujer, los mismos derechos civiles conferidos al hombre mayor de edad. 8. No aprueba aquellos principios que modifiquen el sistema del "jus soli" como medio de adquirir la nacionalidad. 9. No admite preceptos que resuelvan conflictos relativos a la "doble nacionalidad" con perjuicio de la aplicación exclusiva del "jus soli". 10. No acepta normas que permitan la intervención de agentes diplomáticos y consulares, en los juicios sucesorios que interesen a extranjeros, salvo los preceptos ya establecidos en la República Argentina y que rigen esa intervención. 11. En el régimen de la Letra de Cambio y Cheques en general, no admite disposiciones que modifiquen criterios aceptados en Conferencias Universales, como las de La Haya de 1910 y 1912. 12. Hace reserva expresa de la aplicación de la "ley del pabellón" en cuestiones relativas al Derecho Marítimo, especialmente en lo que atañe al contrato de fletamento y a sus consecuencias jurídicas, por considerar que deben someterse a la ley y jurisdicción del país del puerto de destino. Este principio fue sostenido con éxito por la rama argentina de la International Law Association en la 31) sesión de ésta y actualmente es una de las llamadas "reglas de Buenos Aires". 13. Reafirma el concepto de que los delitos cometidos en aeronaves, dentro del espacio aéreo nacional o en buques mercantes extranjeros, deberán juzgarse y punirse por las autoridades y leyes del Estado en que se encuentran.

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14. Ratifica la tesis aprobada por el Instituto Americano de Derecho Internacional, en su sesión de Montevideo de 1927, cuyo contenido es el siguiente: "La nacionalidad del reo no podrá ser invocada como causa para denegar su extradición". 15. No admite principios que reglamenten las cuestiones internacionales del trabajo y situación jurídica de los obreros en mérito de las razones expuestas, cuando se discutió el artículo 198 del Proyecto de Convención de Derecho Civil Internacional, en la Junta Internacional de Jurisconsultos, asamblea de Río de Janeiro de 1927. La Delegación Argentina hace presente que, como ya lo ha manifestado en la Honorable Comisión Número 3, ratifica en la Sexta Conferencia Internacional Americana, los votos emitidos y actitud asumida por la Delegación Argentina en la Asamblea de la Junta Internacional de Jurisconsultos, celebrada en la ciudad de Río de Janeiro, en los meses de abril y mayo de 1927. DECLARACION DE LA DELEGACION DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA Siente mucho no poder aprobar desde ahora el Código del Dr. Bustamante, pues dada la Constitución de los Estados Unidos de América, las relaciones de los Estados miembros de la Unión Federal y las atribuciones y poderes del Gobierno Federal, se les hace difícil. El Gobierno de los Estados Unidos de América mantiene firme la idea de no desligarse de la América Latina, por lo que, de acuerdo con el artículo sexto de la Convención que permite a cada Gobierno adherirse más tarde, harán uso del privilegio de ese artículo a fin de que, después de examinar cuidadosamente el Código en todas sus estipulaciones, puedan adherirse por lo menos a gran parte del mismo. Por estas razones la Delegación de los Estados Unidos de América se reserva su voto en la esperanza de poder adherirse, como ha dicho, en parte o en una parte considerable de sus estipulaciones. DECLARACION DE LA DELEGACION DEL URUGUAY La Delegación de Uruguay hace reservas tendientes a que el criterio de esa Delegación sea coherente con el sustentado en la Junta de Jurisconsultos de Río de Janeiro por el doctor Pedro Varela, Catedrático de la Facultad de Derecho de su país. Las mantiene declarando que el Uruguay presta su aprobación al Código en general. RESERVAS DE LA DELEGACION DE PARAGUAY 1. Hace la declaración de que el Paraguay mantiene su adhesión a los Tratados de Derecho Civil Internacional, Derecho Comercial Internacional, Derecho Penal Internacional y Derecho Procesal Internacional, que fueron sancionados en Montevideo en 1888 y 1889, con los Convenios y Protocolos que los acompañan. 2. No está conforme en modificar el sistema de la "Ley del domicilio" consagrado por la legislación civil de la República. 3. Mantiene su adhesión al principio de su legislación de que las personas jurídicas deben exclusivamente su existencia a la Ley del Estado que las autoriza y que, por consiguiente, no son nacionales ni extranjeras; sus funciones están señaladas por la ley especial, de acuerdo con los principios derivados del domicilio. 4. Admite el sistema de la unidad de las sucesiones, con la limitación derivada de la lex rei sitae en materia de bienes inmuebles. 5. Está conforme con todo principio que tienda a reconocer en favor de la mujer los mismos derechos civiles acordados al hombre mayor de edad. 6. No acepta los principios que modifiquen el sistema del "Jus soli" como medio de adquirir la nacionalidad. “[email protected]” 9

7. No está conforme con los preceptos que resuelvan el problema de la "doble nacionalidad" con perjuicio de la aplicación exclusiva del "Jus soli". 8. Se adhiere al criterio aceptado en conferencias universales sobre el régimen de la Letra de Cambio y Cheques. 9. Hace reserva de la aplicación de la "Ley del pabellón" en cuestiones relativas al Derecho Marítimo. 10. Está conforme con que los delitos cometidos en aeronaves, dentro del espacio aéreo nacional o en buques mercantes extranjeros, deben ser juzgados por los tribunales del Estado en que se encuentren. RESERVA DE LA DELEGACION DEL BRASIL 1. Rechazada la enmienda substitutiva que propuso para el artículo 53, la delegación del Brasil niega su aprobación al artículo 52 que establece la competencia de la ley del domicilio conyugal para regular la separación de cuerpo y el divorcio, así como también al artículo 54. DECLARACION QUE HACEN LAS DELEGACIONES DE COLOMBIA Y COSTA RICA Las Delegaciones de Colombia y Costa Rica subscriben el Código de Derecho Internacional Privado de una manera global con la reserva expresa de todo cuanto pueda estar en contradicción con la legislación colombiana y la costarricense. En lo relativo a personas jurídicas nuestra opinión es que ellas deben estar sometidas a la ley local para todo lo que se refiere a "su concepto y reconocimiento", como lo dispone sabiamente el artículo 32 del Código, en contradicción (por lo menos aparente) con otras disposiciones del mismo como los artículos 16 a 21. Para las legislaciones subscritas, las personas jurídicas no pueden tener nacionalidad ni de acuerdo con los principios científicos ni en conformidad con las más altas y permanentes conveniencias de América. Habría sido preferible que en el Código que vamos a expedir, se hubiese omitido todo cuanto pueda servir para afirmar que las personas jurídicas, singularmente las sociedades de capitales, tienen nacionalidad. Las Delegaciones subscritas al aceptar la transacción consignada en el artículo 7- entre las doctrinas europeas de la personalidad del derecho y la genuinamente americana del domicilio para regir el estado civil y la capacidad de las personas en derecho internacional privado, declaran que aceptan esa transacción para no retardar la expedición del Código que todas las naciones de América esperan hoy como una de las obras más trascendentales de esta Conferencia, pero afirman enfáticamente que esa transacción debe ser transitoria porque la unidad jurídica del Continente tiene que verificarse en torno a la ley del domicilio, única que salvaguarda eficazmente la soberanía e independencia de los pueblos de América. Pueblos de inmigración como son o habrán de ser todas estas repúblicas, no pueden mirar sin suprema inquietud que los inmigrantes europeos traigan la pretensión de invocar en América sus propias leyes de origen para gobernar aquí su estado civil y capacidad para contratar. Admitir esta posibilidad (que consagra el principio de la ley nacional, reconocido parcialmente en el Código) es crear en América un estado dentro del Estado y ponernos casi bajo el régimen de las capitulaciones que Europa impuso durante siglos a las naciones del Asia, por ella consideradas como inferiores en sus relaciones internacionales. Las Delegaciones subscritas hacen votos por que muy pronto desaparezcan de las legislaciones americanas todas las huellas de las teorías (más políticas que jurídicas) “[email protected]” 10

preconizadas por Europa para conservar aquí la jurisdicción sobre sus nacionales establecidos en las libres tierras de América y espera que la legislación del continente se unifique de acuerdo con los principios que someten al extranjero inmigrante al imperio irrestricto de las leyes locales. Con la esperanza, pues, de que en breve la ley del domicilio será la que rija en América el estado civil y la capacidad de las personas, y en la seguridad de que ella será uno de los aspectos más característicos del Panamericanismo jurídico que todos anhelamos crear, las Delegaciones subscritas votan el Código de Derecho Internacional Privado y aceptan la transacción doctrinaria en que él se inspira. Refiriéndose a las disposiciones sobre el divorcio, la Delegación Colombiana formula su reserva absoluta en cuanto regula el divorcio por la ley del domicilio conyugal, porque considera que para tales efectos y dado el carácter excepcionalmente trascendental y sagrado del matrimonio (base de la sociedad y del Estado mismo), Colombia no puede aceptar dentro de su territorio la aplicación de legislaciones extrañas. Las Delegaciones quieren, además, hacer constar su admiración entusiasta por la obra fecunda del doctor Sánchez de Bustamante que este Código representa en sus 500 artículos concebidos en cláusulas lapidarias que bien pudieran servir como dechado para los legisladores de todos los pueblos. De hoy más, el doctor Sánchez de Bustamante será no sólo uno de los hijos más esclarecidos de Cuba, sino uno de los más eximios ciudadanos de la gran patria americana que puede con justicia ufanarse de producir hombres de ciencias y estadistas tan egregios como el autor del Código de Derecho Internacional Privado que hemos estudiado y que la Sexta Conferencia Internacional Americana va a sancionar en nombre de América entera. RESERVA DE LA DELEGACION DE EL SALVADOR Reserva primera: especialmente aplicable a los artículos 44, 146, 176, 232 y 233: En cuanto se refiere a las incapacidades que puedan tener los extranjeros conforme a su ley personal para testar, contratar, comparecer en juicio, ejercer el comercio o intervenir en actos o contratos mercantiles, se hace la reserva de que en El Salvador dichas incapacidades no serán reconocidas en los casos en que los actos o contratos han sido celebrados en El Salvador, sin contravención a la ley salvadoreña y para tener efectos en su territorio nacional. Reserva segunda: aplicable al artículo 187, párrafo final: En caso de comunidad de bienes impuesta a los casados como ley personal por un Estado extranjero, sólo será reconocida en El Salvador, si se confirma por contrato entre las partes interesadas, cumpliéndose todos los requisitos que la ley salvadoreña determina o determine en el futuro, con respecto a bienes situados en El Salvador. Reserva tercera: especialmente aplicable a los artículos 327, 328 y 329: Reserva de que no será admisible, en cuanto concierne a El Salvador, la jurisdicción de jueces o tribunales extranjeros en los juicios y diligencias sucesorales y en los concursos de acreedores y quiebra en todos los casos en que afecten bienes inmuebles situados en El Salvador. RESERVA DE LA DELEGACION DE LA REPUBLICA DOMINICANA 1. La Delegación de la República Dominicana desea mantener el predominio de la ley nacional en aquellas cuestiones que se refieren al estado y capacidad de los dominicanos, en dondequiera que éstos se encuentren, por lo cual no puede aceptar sino con reservas, aquellas disposiciones del Proyecto de Codificación en que se da “[email protected]” 11

preeminencia a la "ley del domicilio" o a la ley local; todo ello, no obstante el principio conciliador enunciado en el artículo 7- del proyecto del cual es una aplicación el artículo 53 del mismo. 2. En cuanto a la nacionalidad, Título 1- del Libro 1-, artículo 9- y siguientes, establecemos una reserva, en lo que toca primero, a la nacionalidad de las sociedades y segundo muy especialmente al principio general de nuestra Constitución Política según el cual a ningún dominicano se le reconocerá otra nacionalidad que la dominicana mientras resida en el territorio de la República. 3. En cuanto al domicilio de las sociedades extranjeras, cualesquiera que fueren sus estatutos y el lugar en que lo hubieren fijado, o en que tuvieren su principal establecimiento, etc., reservamos este principio de orden público en la República Dominicana: cualquiera persona física o moral que ejerza actos de la vida jurídica en su territorio, tendrá por domicilio el lugar donde tenga un establecimiento, una agencia o un representante cualquiera. Este domicilio es atributivo de jurisdicción para los tribunales nacionales en aquellas relaciones jurídicas que se refieren a actos intervenidos en el país cualesquiera que fuere la naturaleza de ellos. DECLARACION DE LA DELEGACION DE ECUADOR La Delegación de Ecuador tiene el honor de suscribir por entero la Convención del Código de Derecho Internacional Privado en homenaje al doctor Bustamante. No cree necesario puntualizar reserva alguna, dejando a salvo, tan sólo, la facultad general contenida en la misma Convención, que deja a los Gobiernos la libertad de ratificarla. DECLARACION DE LA DELEGACION DE NICARAGUA Nicaragua en materias que ahora o en el futuro considere de algún modo sujetas al Derecho Canónico no podrá aplicar las disposiciones del Código de Derecho Internacional Privado que estuvieren en conflicto con aquel Derecho. Declara que como lo expresó verbalmente en varios casos durante la discusión, algunas de las disposiciones del Código aprobado están en desacuerdo con disposiciones expresas de la legislación de Nicaragua o con principios que son bases de esa legislación; pero como un debido homenaje a la obra insigne del ilustre autor de aquel Código, prefiere en vez de puntualizar las reservas del caso, hacer esta declaración y dejar que los poderes públicos de Nicaragua formulen tales reservas o reformen hasta donde sea posible la legislación nacional en los casos de incompatibilidad. DECLARACION DE LA DELEGACION DE CHILE La Delegación de Chile se complace en presentar sus más calurosas felicitaciones al eminente y sabio jurisconsulto americano, señor Antonio Sánchez de Bustamante, por la magna labor que ha realizado redactando un Proyecto de Código de Derecho Internacional Privado, destinado a regir las relaciones entre los Estados de América. Este trabajo es una contribución preciosa para el desarrollo del panamericanismo jurídico, que todos los países del Nuevo Mundo desean ver fortalecido y desarrollado. Aun cuando esta obra grandiosa de la codificación no puede realizarse en breve espacio de tiempo, porque necesita de la madurez y de la reflexión de los Estados que en ella van a participar, la Delegación de Chile no será un obstáculo para que esta Conferencia Panamericana apruebe un Código de Derecho Internacional Privado; pero salvará su voto en las materias y en los puntos que estime convenientes, en especial, en los puntos referentes a su política tradicional o a su legislación nacional. “[email protected]” 12

DECLARACION DE LA DELEGACION DE PANAMA Al emitir su voto en favor del proyecto de Código de Derecho Internacional Privado en la sesión celebrada por esta Comisión el día 27 de enero último, la Delegación de la República de Panamá manifestó que oportunamente presentaría las reservas que creyere necesarias, si a ello hubiere lugar. Esta actitud de la Delegación de Panamá obedeció a ciertas dudas que abrigaba respecto al alcance y extensión de algunas de las disposiciones contenidas en el Proyecto, especialmente en lo relativo a la aplicación de la ley nacional del extranjero residente en el país, lo cual habría dado lugar a un verdadero conflicto, ya que en la República de Panamá impera el sistema de la ley territorial desde el momento mismo en que se constituyó como Estado independiente. Sin embargo, la Delegación panameña estima que todas las dificultades que pudieran presentarse en esta delicada materia han sido previstas y quedarán sabiamente resueltas por medio del artículo 7- del Proyecto, según el cual, "cada Estado contratante aplicará como leyes personales las del domicilio o las de la nacionalidad, según el sistema que haya adoptado o adopte en lo adelante la legislación interior". Como todos los demás Estados que suscriban y ratifiquen la Convención respectiva, Panamá quedará, pues, en plena libertad de aplicar su propia ley, que es la territorial. Entendidas así las cosas, a la Delegación de Panamá le es altamente grato declarar, como lo hace en efecto, que le imparte su aprobación al Proyecto de Código de Derecho Internacional Privado, o al Código Bustamente que es como debería llamarse en homenaje a su autor, sin reservas de ninguna clase. DECLARACION DE LA DELEGACION DE GUATEMALA Guatemala ha adoptado en su legislación civil, el sistema del domicilio, pero aunque así no fuere, los artículos conciliatorios del Código hacen armonizar perfectamente cualquier conflicto que pudiera suscitarse entre los diferentes Estados, según las escuelas diversas a que hayan sido afiliados. En consecuencia, pues, la Delegación de Guatemala se acomoda perfectamente a la modalidad que con tanta ilustración, prudencia genialidad y criterio científico, campean en el Proyecto de Código de Derecho Internacional Privado y quiere dejar constancia expresa de su aceptación absoluta y sin reservas de ninguna especie. Y por cuanto dicha Convención ha sido aprobada por el Congreso Nacional con la siguiente reserva: "Apruébase el Código de Derecho Internacional Privado, subscrito el 20 de febrero de 1928 en la VI Conferencia Internacional Americana de La Habana, con reserva de que, ante el Derecho Chileno, y con relación a los conflictos que se produzcan entre la Legislación Chilena y alguna extranjera, los preceptos de la legislación actual o futura de Chile prevalecerán sobre dicho Código, en caso de desacuerdo entre unos y otros". Y la citada Convención ha sido ratificada por mí, y las ratificaciones depositadas en la Unión Panamericana, en Washington, el 6 de septiembre de 1933. Por tanto, y en uso de la facultad que me confiere el Número 16 del artículo 72 de la Constitución Política del Estado, dispongo y mando que con las reservas indicadas se cumpla y lleve a efecto en todas sus partes como Ley de la República, publicándose en el Diario Oficial el texto autorizado del Código a que se refiere la aludida Convención. Dado en la sala de mi Despacho y refrendado por el Ministro de Estado en el Departamento de Relaciones Exteriores, en Santiago, a diez días del mes de abril de mil novecientos treinta y cuatro. ALESSANDRI.- Miguel Cruchaga. “[email protected]” 13

PRESUPUESTOS DEL DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO.

Los presupuestos sobre los que opera El Derecho Internacional Privado son dos: I.− En el mundo existen muchos Estados soberanos, cada uno de los cuales tiene un ordenamiento jurídico propio. Además junto a estos ordenamientos privados de base estatal existen otros ordenamiento privados de base regional, local o incluso de base religiosa o racional. Ordenamientos jurídicos privados distintos son sólo por tanto los Estados. Existe por tanto una multitud de ordenamientos jurídicos privados. II.− La vocación económica del ser humano, el hecho de que las personas no necesariamente desarrollen la actividad de su vida en el ámbito de un sólo ordenamiento, por lo que los sujetos se ponen en conexión con otros ordenamientos. Es por ello por lo que surgen las situaciones privadas internacionales, las situaciones jurídicas heterogéneas. Este es el objeto del Derecho Internacional Privado, no es más que aquellas situaciones privadas internacionales, situaciones que presentan algún tipo de vinculación con más de un ordenamiento.

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OBJETIVO DEL DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO. El Objetivo del Derecho Internacional Privado está estrechamente relacionado con el concepto de justicia que no es una característica objetiva de un determinado orden social, sino una virtud personal. Ella inspira a un orden justo. El termino justicia también se emplea en el sentido de un ideal material en contraposición de una seguridad jurídica de carácter formal. El Derecho Internacional Privado, en sentido estricto, tiene su propia justicia. Se inicia con la aplicación de la norma de conflicto que tiene objetivos propios. Su cumplimiento en el objetivo primordial del que aplica la ley. La segunda etapa consiste en dos aspectos diferentes: el primero, en escoger el derecho que más se relacione con el caso concreto, "Que le quede mejor"; por ejemplo, en la controversia entre el domicilio y la nacionalidad no sólo se tomará en cuenta la proximidad espacial de la ley, sino el equilibrio entre la estabilidad y la fluidez del tráfico jurídico, en materia contractual, se ponderará la aplicación de la libertad individual frente a la intervención estatal. El hecho de tomar en cuenta este equilibrio entre la nacionalidad y el domicilio, entre la autonomía de la voluntad y la intervención del estado, no significa una decisión material, sino una indicación del derecho aplicable que no se identifica con las resoluciones de derecho material, pero es paralela a ellas. El segundo aspecto se encuentra en el terreno material, el derecho extranjero se aplicará en todo su contexto, es decir, como lo haría el juez extranjero. Pero habrá que analizar la solución y, si fuere necesario, "ajustarla" a la justicia material de cada caso. Para ello el Derecho Internacional Privado dispondrá, entre otras, de instituciones "valorativas", como calificaciones, cuestión incidental, situaciones jurídicas válidamente cerradas y, especialmente, adaptación. El juez tomará en cuenta la escala de valores de su propio ordenamiento jurídico que podrá estar acompañada por la cláusula de escape, a fines de analizar el resultado final de la decisión.

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FUNDAMENTO DEL DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO. Los conceptos emanados del Derecho Internacional Público clásico han ejercido notable influencia en los fundamentos de Derecho Internacional Privado. El primero de ellos se refiere a la cortesía internacional o "comitas Gentium" que, para el derecho Internacional Público, corresponde a un grupo de normas reguladoras de la conducta de los Estados como, por ejemplo, el saludo de los buques en alta mar o el rendimiento de ciertos honores o tributos a un jefe de misión diplomática. Ahora bien, este tipo de normas serán parte del derecho Internacional Público si los Estados llegan a la convicción de que el comportamiento por ellas establecido es necesario, por ejemplo, para el comercio internacional. Sin esta convicción la violación de una norma de cortesía internacional no engendra la responsabilidad internacional del estado pues su incumplimiento, es decir, la realización de un acto descortés, sólo tendría como efecto, el de complicar las relaciones internacionales entre los Estados involucrados. Es precisamente este concepto de cortesía internacional el que servirá como fundamento extrajurídico de nuestra materia y jugará un importante rol en su evolución. En cuanto a los fundamentos jurídicos del Derecho Internacional Privado, estos también se desarrollan bajo la influencia del Derecho Internacional Público. Dichos fundamentos son los derechos adquiridos y la existencia de una comunidad jurídica internacional. El primer fundamento se basa en que los Estados deben garantizar un standard mínimo de derechos a los extranjeros. Partiendo de este principio, el derecho conflictual incluye los derechos adquiridos, como fundamento para la aplicación del ordenamiento jurídico extranjero indicado por la norma de conflicto. Otro concepto que vincula a ambas disciplinas, es la existencia de la comunidad internacional. Para el derecho Internacional Privado, el concepto de una comunidad de Derecho Internacional Público, según lo sostiene la Escuela Alemana de Savigny, conlleva a la igualdad de todos los ordenamientos jurídicos y su obligatoria aplicación por los Estados partes de esta comunidad, limitándose al ámbito de Derecho Internacional Privado, es decir, cumpliendo la indicación de la norma de conflicto. Esta concepción savigniana fue determinante para que, en Alemania y en algunos otros Estados europeos, el Derecho Internacional Privado se considerase parte del Derecho Privado. El criterio pareciera ser el más adecuado para permitir un tratamiento justo a los individuos y evitar con ello la influencia del Derecho Internacional Público. Por último, debemos señalar que, si bien para el Derecho Internacional Privado, el concepto de la comunidad jurídica internacional es de gran importancia, pues constituye su fundamento jurídico actual, o al menos el más difundido y aceptado, representa para el Derecho Internacional Público la condición necesaria para el surgimiento de las normas que lo conforman, bien a través de los acuerdos internacionales, de la costumbre internacional o de los principios generales internacionalmente aceptados.

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LA ESTRUCTURA DEL CODIGO DE BUSTAMANTE El Código de Bustamante constituye el primer intento por codificar el Derecho Internacional Privado para América Latina y el Caribe. Este fue el resultado de la VI Conferencia Interamericana de DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO que fue celebrada en la Habana, Cuba en 1928. Estuvieron presentes en esta Conferencia y ratificaron el Código casi todos los países de América Latina de habla hispana, incluidos Brasil, Haití. Nuestro país suscribió este tratado sin ninguna reserva al igual que Guatemala, Honduras, Panamá, Perú y Cuba. Este Código tiene una influencia importantísima en el mundo del Derecho Internacional Privado pues se constituye como fuente directa del mismo. Este cuerpo de normas internacionales está estructurado en cinco partes, un título preliminar y cuatro libros para conformar un total de 437 artículos. A continuación pasaré a detallar de manera generalizada cada una de sus partes: • TÍTULO PRELIMINAR: Como en todo cuerpo ordenado de normas, esta parte del Código viene a establecer las Reglas Generales que regirán el Derecho Internacional Privado para las partes contratantes. Los artículos 1 y 2 vienen a garantizar la igualdad de derechos civiles y garantías individuales mínimas a los extranjeros que se encuentren en cualquiera de los Estados partes del Convenio, sin embargo, salvaguarda el derecho de los mismos de establecer ciertas limitaciones a esos derechos en circunstancias extraordinarias y por causas debidamente justificadas todo de acuerdo a las leyes internas de cada país (por ejemplo Un Estado de sitio como en Nicaragua, donde hasta los extranjeros ven coartado su derecho de libre circulación por algunas zonas de la capital).El artículo 3 clasifica los tipos de leyes de manera uniforme para garantizar que los extranjeros de hecho puedan ejercer sus derechos. El artículo 4 da a las disposiciones con supremacía constitucional un carácter internacional público, lo mismo que a las normas establecidas por el Derecho Político y el Administrativo, salvo que las mismas establezcan lo contrario. El artículo 6 por su parte establece la extraterritorialidad de la Lex Fori pues dispone que en los casos no previstos en el Código cada uno de los Estados contratantes aplicará su propia clasificación a las instituciones o relaciones jurídicas que hayan de corresponder de acuerdo a la división que contiene el artículo 3 del Código. El articulo 8 garantiza la plena eficacia extraterritorial de los derechos que los ciudadanos de los Estados Parte adquieren al amparo de este cuerpo de leyes con un caso excepcional que sería la concurrencia de una norma de orden público internacional se oponga a los efectos de dichos derechos. • LIBRO PRIMERO: DERECHO CIVIL INTERNACIONAL: Cuando hablamos de esta parte del Código de Bustamante nos referimos a una sección muy importante y amplia. Esta parte del Código aborda instituciones básicas del Derecho Civil pero, no los referentes a aquellos casos en los que concurran nacionales de un mismo territorio, sino cualquiera de los casos en los que se pueda crear un “[email protected]” 17

conflicto de leyes, a como sabemos, el Derecho Internacional Privado si bien es cierto no resuelve el fondo del asunto, si contribuye a la resolución al determinar la legislación aplicable al caso concreto. En este Libro que contiene un total de cuatro títulos se abordan: a. La Nacionalidad y la Naturalización. b. La Personalidad Civil (Natural o Jurídica). c. El Domicilio. d. El Matrimonio (Celebración, Nulidad etc). e. El Divorcio. f. La Paternidad y Filiación (Derechos Alimentarios, Tutela, Adopción, Emancipación, etc). g. La Propiedad, la Comunidad de Bienes, la Posesión, el Usufructo, Servidumbres, Derecho Registral Internacional. h. Las Sucesiones. i. Obligaciones y Contratos (específica algunos tipos de contratos como el Arrendamiento, la compra venta, la permuta y la cesión de Créditos, la Prenda, la Hipoteca y la Anticresis). •LIBRO SEGUNDO: DERECHO MERCANTIL INTERNACIONAL: A medida que el mundo se ha ido desarrollando, y la población del mundo ha incrementado, así como sus demandas, algunos ciudadanos y empresas han visto la oportunidad de expandir su comercio más allá de las fronteras de su nación, es ahí cuando personas (ya sean naturales o jurídicas) establecen relaciones comerciales con otras de otro territorio. Dada que la situación descrita anteriormente carecía de regulación alguna y se estaba comenzando a dar de manera consistente, es que nace la necesidad de los Estados de crear o adoptar normas con respecto a este asunto. El Código de Bustamante vino, por primera vez en la historia de los países hispanoparlantes, a normar este tipos de relaciones determinando la legislación aplicable para evitar conflictos de leyes o abuso por parte de un estado a nacionales de otro país para favorecer a los propios. Este Libro del Código de Bustamante se subdivide a su vez en cuatro títulos y en ellos se abordan lo siguiente: a. De los Comerciantes y El Comercio en General. b. Actos de Comercio. c. Registro Mercantil. d. Contratos Especiales de Comercio (Contratos de Seguro, de la Letra de Cambio y efectos análogos, entre otros.) e. Del Comercio Marítimo y Aéreo (aborda también contratos especiales de este tipo de comercio) f. Prescripción de acciones nacidas a partir de Contratos Mercantiles.

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Análisis del Código de Bustamante  Reglas generales  Derecho Civil Internacional  Derecho Mercantil Internacional Antonio Sánchez de Bustamante (La Habana; 13 de abril de 1865 - 24 de agosto de 1951) Abogado, jurista y político cubano. conocido por la obra que lo ha consagrado, un código con 437 artículos que lleva su nombre y que no se impuso por la fuerza de las armas o la de los votos, sino que fue voluntariamente adoptado por 15 estados de América Latina. Su objetivo resolver los conflictos de leyes que se presentaban entre estados, que animados del mismo espíritu jurídico padecían, sin embargo la diversidad de reglas técnicas de la legislación. Este código de Derecho Internacional Privado se ha destacado desde su presentación en 1925 como obra cumbre por su éxito en la Historia del Derecho Internacional al celebrarse en 1928 la Conferencia Interamericana en Cuba se aprueba el Código de La Habana o Código de Bustamante, vigente actualmente y sigue siendo muy significativo en su disciplina y constituye una proyección de la obra legislativa cubana hacia el exterior. Promovió la existencia de una normativa común para América sobre el derecho internacional privado. Es por esto que durante el 6° Congreso Panamericano celebrado en Cuba en 1928, específicamente en el documento final, el Tratado de La Habana se adjunta en el anexo Código de Derecho Internacional Privado (también conocido como Código de Bustamante). Fue nombrado en 1908 miembro de la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya y en 1921 fue nombrado juez de la Corte Permanente de Justicia Internacional establecida por la Sociedad de Naciones. Asimismo, fue el primer presidente de la Academia Nacional de Artes y Letras de Cuba. El Código de Bustamante es Derecho positivo vigente y constituye una norma orgánica de gran importancia para el desarrollo de la codificación del Derecho Internacional Privado Americano, sin embargo la doctrina al reconocer sus méritos y los esfuerzos del autor ha observado que el Código tiene deficiencias que deben señalarse y tratar de eliminarse en una futura reforma.

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El Derecho Internacional Privado es aquella rama del Derecho que tiene como finalidad dirimir conflictos de jurisdicción internacionales; conflictos ley aplicable y los conflictos de ejecución y determinar la condición jurídica de los extranjeros El Código de Derecho Internacional Privado (también conocido como Código de Bustamante) es un tratado que pretendió establecer una normativa común para América sobre el Derecho internacional privado. La idea de dicha normativa común fue promovida por Antonio Sánchez de Bustamante y se concretó durante el 6° Congreso Panamericano celebrado en Cuba en 1928, específicamente en el documento final, el Tratado de La Habana, se adjunta en el anexo el Código de Derecho Internacional Privado. Se rige bajo la primicia que al igual que los nacionales, lo extranjeros gozan de los mismos derechos civiles, así como las demás garantías individuales en el territorio de los Estados contratantes. Esta rama del Derecho que analiza las relaciones entre privados que tengan una particularidad: un elemento extranjero relevante, que vincule los sistemas jurídicos de 2 o más Estados, con el fin de determinar cuál es el que puede conocer sobre el tema y delimitar los parámetros para el cumplimiento de las resoluciones dictadas. El Código en cuestión fue muy cuestionado: -Argentina, Uruguay y Paraguay decidieron regirse por las normas de Montevideo en lo relativo al Derecho Internacional Privado; -México y Colombia no firmaron dicho tratado; -Estados Unidos se retiró a mitad de las negociaciones; -El resto de los países ratificaron con grandes reservas. El Código en si consta meramente de un conjunto de normas relativas a normar las relaciones jurídicas de tráfico externo entre los países partes del tratado. Las diversas reservas de los estados partes y la reticencia de algunos especialistas del derecho de los múltiples estados en cuando a la utilidad y aplicación de dicho tratado sin afectar el orden interno de los mismo torno poco viable que el Código fuera puesto en práctica. Es meramente un conjunto de normas las cuales pretenden regular las relaciones jurídicas de tráfico externo entre los países partes del tratado.

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CODIGO DE DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO TITULO PRELIMINAR Reglas generales Artículo 1. Los extranjeros que pertenezcan a cualquiera de los Estados contratantes gozan, en el territorio de los demás, de los mismos derechos civiles que se concedan a los nacionales. Cada Estado contratante puede, por razones de orden público, rehusar o subordinar a condiciones especiales el ejercicio de ciertos derechos civiles a los nacionales de las demás y cualquiera de esos Estados, puede, en tales casos, rehusar o subordinar a condiciones especiales el mismo ejercicio a los nacionales del primero. Artículo 2. Los extranjeros que pertenezcan a cualquiera de los Estados contratantes gozarán asimismo en el territorio de los demás de garantías individuales idénticas a las de los nacionales, salvo las limitaciones que en cada uno establezcan la Constitución y las leyes. Las garantías individuales idénticas no se extienden, salvo disposición especial de la legislación interior, al desempeño de funciones públicas, al derecho de sufragio y a otros derechos políticos. Artículo 3. Para el ejercicio de los derechos civiles y para el goce de las garantías individuales idénticas, las leyes y reglas vigentes en cada Estado contratante se estiman divididas en las tres clases siguientes: I. Las que se aplican a las personas en razón de su domicilio o de su nacionalidad y las siguen aunque se trasladen a otro país, denominadas personales o de orden público interno. II. Las que obligan por igual a cuantos residen en el territorio, sean o no nacionales, denominadas territoriales, locales o de orden público internacional. III. Las que se aplican solamente mediante la expresión, la interpretación o la presunción de la voluntad de las partes o de alguna de ellas, denominadas voluntarias o de orden privado. Artículo 4. Los preceptos constitucionales son de orden público internacional. Art. 5. Todas las reglas de protección individual y colectiva, establecidas por el Derecho político y el administrativo, son también de orden público internacional, salvo el caso de que expresamente se disponga en ellas lo contrario. Art. 6. En todos los casos no previstos por este Código cada uno de los Estados contratantes aplicará su propia calificación a las instituciones o relaciones jurídicas que hayan de corresponder a los grupos de leyes mencionados en el artículo 3º.

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Artículo 7. Cada Estado contratante aplicará como leyes personales las del domicilio, las de la nacionalidad o las que haya adoptado o adopte en lo adelante su legislación interior. Artículo 8. Los derechos adquiridos al amparo de las reglas de este Código tienen plena eficacia extraterritorial en los Estados contratantes, salvo que se opusiere a alguno de sus efectos o consecuencias una regla de orden público internacional. ANÁLISIS.- El Derecho Internacional Privado es la rama del derecho que se ocupa del estudio del llamado derecho de gentes o derecho que regula la situación jurídica de las personas en el ámbito internacional. Tiene como finalidad dirimir conflictos de jurisdicción internacionales; conflictos ley aplicable y los conflictos de ejecución y determinar la condición jurídica de los extranjeros. Esta rama del Derecho analiza relaciones entre privados que tengan una particularidad: un elemento extranjero relevante, que vincule los sistemas jurídicos de 2 o más Estados, con el fin de determinar cuál es el que puede conocer sobre el tema y delimitar los parámetros para el cumplimiento de las resoluciones dictadas. Se rige bajo la primicia que al igual que los nacionales, lo extranjeros gozan de los mismos derechos civiles, así como las demás garantías individuales en el territorio de los Estados contratantes. Son los derechos fundamentales de las personas, cuya finalidad es reducir los efectos de las desigualdades entre los individuos, otorga a todos el derecho de disfrutar la LIBERTAD, SEGURIDAD, IGUALDAD, al señalar los deberes para su ejercicio. También se les conoce como derechos individuales, fundamentales o humanos. El objeto de estudio del Derecho Internacional Privado son las normas internas de los estados en materia civil, los tratados internacionales, los convenios y acuerdos entre las naciones, así como el papel que desempeñan los organismos internacionales en materia de regulación del derecho de las personas. La ley extranjera es un hecho que debe probarse; La ley nacional es un derecho que simplemente se alega, sin depender de la prueba. Tradicionalmente el Derecho Internacional Público ha sido entendido como aquella rama del derecho que regula relaciones entre los Estados y demás sujetos de Derecho Internacional y, en general, la vida de la comunidad jurídica internacional. Por lo tanto, crea, modifica y extingue derechos subjetivos y es un derecho material. El Derecho Internacional Privado, en su concepción predominante, tiene carácter indicador y regula situaciones ius privatistas. Es decir, la materia regulada por estas ramas jurídicas es diferente y la naturaleza de la norma en cada una de las disciplinas es distinta. “[email protected]” 22

LIBRO PRIMERO Derecho Civil Internacional Título Primero DE LAS PERSONAS Capítulo I NACIONALIDAD Y NATURALIZACION Artículo 9. Cada Estado contratante aplicará su propio derecho a la determinación de la nacionalidad de origen de toda persona individual o jurídica y de su adquisición, pérdida o reintegración posteriores, que se hayan realizado dentro o fuera de su territorio, cuando una de las nacionalidades sujetas a controversia sea la de dicho Estado. En los demás casos, regirán las disposiciones que establecen los artículos restantes de este capítulo. Artículo 10. A las cuestiones sobre nacionalidad de origen en que no esté interesado el Estado en que se debaten, se aplicará la ley de aquella de las nacionalidades discutida en que tenga su domicilio la persona de que se trate. Artículo 11. A falta de ese domicilio se aplicarán al caso previsto en el artículo anterior los principios aceptados por la ley del juzgador. Artículo 12. Las cuestiones sobre adquisición individual de una nueva nacionalidad, se resolverán de acuerdo con la ley de la nacionalidad que se suponga adquirida. Artículo 13. A las naturalizaciones colectivas en el caso de independencia de un Estado se aplicará la ley del Estado nuevo, si ha sido reconocido por el Estado juzgador, y en su defecto la del antiguo, todo sin perjuicio de las estipulaciones contractuales entre los dos Estados interesados, que serán siempre preferentes. Art. 14. A la pérdida de la nacionalidad debe aplicarse la ley de la nacionalidad perdida. Art. 15. La recuperación de la nacionalidad se somete a la ley de la nacionalidad que se recobra. Art. 16. La nacionalidad de origen de las Corporaciones y de las Fundaciones se determinará por la ley del Estado que las autorice o apruebe. Art. 17. La nacionalidad de origen de las asociaciones será la del país en que se constituyan, y en él deben registrarse o inscribirse si exigiere ese requisito la legislación local.

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Art. 18. Las sociedades civiles mercantiles o industriales que no sean anónimas, tendrán la nacionalidad que establezca el contrato social y, en su caso, la del lugar donde radicare habitualmente su gerencia o dirección principal. Art. 19. Para las sociedades anónimas se determinará la nacionalidad por el contrato social y en su caso por la ley del lugar en que se reúna normalmente la junta general de accionistas y, en su defecto, por la del lugar en que radique su principal Junta o Consejo directivo o administrativo. Art. 20. El cambio de nacionalidad de las corporaciones, fundaciones, asociaciones y sociedades, salvo los casos de variación en la soberanía territorial, habrá de sujetarse a las condiciones exigidas por su ley antigua y por la nueva. Si cambiare la soberanía territorial, en el caso de independencia, se aplicará la regla establecida en el artículo trece para las naturalizaciones colectivas. Art. 21. Las disposiciones del artículo 9 en cuanto se refieran a personas jurídicas y las de los artículos 16 y 20, no serán aplicadas en los Estados contratantes que no atribuyan nacionalidad a dichas personas jurídicas. ANÁLISIS.- La nacionalidad es un estado civil fundamental de la persona, que influye en su capacidad de obrar. La nacionalidad no sólo posee carácter constitucional o internacional sino que como estado y condición de la persona y conforme a la tradición histórica es una Institución de Derecho Civil. Nacionalidad significa Estado o situación propios de las personas que pertenecen a una nación y poseen el derecho de ciudadanía, la pertenencia de una persona a un ordenamiento jurídico concreto. Este vínculo del individuo con un Estado concreto le genera derechos obligaciones y deberes recíprocos. La naturalización o nacionalización es el proceso por el cual un ciudadano de un Estado adquiere la nacionalidad de un segundo con el cual ha adquirido algunos vínculos producto de la estadía mantenida de manera legal en dicho país u otros motivos, como el matrimonio. Para aquellas personas que cumplen con los requisitos para la mayoría de edad, al adoptar una nacionalidad por naturalización, adquieren también la calidad de ciudadanos de ese país. La mayoría de Estados establecen que para que un ciudadano de otro país adquiera su nacionalidad, debe primero renunciar a su nacionalidad anterior ante un funcionario público de su país.

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Cada Estado contratante aplicará su propio derecho en cuanto a la determinación de la nacionalidad de origen de los individuos; es decir, a su adquisición, pérdida o reintegración que se haya realizado dentro o fuera de su territorio. Por consiguiente, la ley de nacionalidad de cada Estado resolverá las cuestiones sobre adquisición de una nueva nacionalidad, pérdida y recuperación de la misma; así como las pautas para nacionalidad de asociaciones civiles, mercantiles, industriales, sociedades anónimas, corporaciones y fundaciones, según lo establecido en el contrato social. Así mismo, en caso de naturalizaciones colectivas por la independencia de un Estado, se aplicará la ley del Estado nuevo. La nacionalidad de las personas jurídicas es sumamente importante para el Derecho Internacional Privado, pues mediante la determinación de la nacionalidad de una persona jurídica se puede hacer regir por todo un sistema jurídico distinto del nacional y viceversa, ya que se determinará por la ley del Estado que las autorice o apruebe. La personalidad es un constructo psicológico, que se refiere a un conjunto dinámico de características psíquicas de una persona, a la organización interior que determina que los individuos actúen de manera diferente ante una circunstancia. ha sido considerada como la aptitud para ser sujeto de derecho, entendiéndose a ésta como un concepto más amplio que el de la capacidad jurídica, dado que esta última era concebida como medida de la primera. Capítulo II DOMICILIO Art. 22. El concepto, adquisición, pérdida y recuperación del domicilio general y especial de las personas naturales o jurídicas se regirán por la ley territorial. Art. 23. El domicilio de los funcionarios diplomáticos y el de los individuos que residan temporalmente en el extranjero por empleo o comisión de su Gobierno o para estudios científicos o artísticos, será el último que hayan tenido en su territorio nacional. Art. 24. El domicilio legal del jefe de la familia se extiende a la mujer y los hijos no emancipados, y el del tutor o curador a los menores o incapacitados bajo su guardia, si no dispone lo contrario la legislación personal de aquellos a quienes se atribuye el domicilio de otro. Art. 25. Las cuestiones sobre cambio de domicilio de las personas naturales o jurídicas se resolverán de acuerdo con la ley del Tribunal, si fuere el de uno de los Estados “[email protected]” 25

interesados, y en su defecto por la del lugar en que se pretenda haber adquirido el último domicilio. Art. 26. Para las personas que no tengan domicilio se entenderá como tal el de su residencia o en donde se encuentren. ANALISIS.- El concepto, adquisición, pérdida y recuperación del domicilio general estará regida por la ley territorial de los Estados. En el caso de los funcionarios diplomáticos o personas que por empleo o comisión estén viviendo temporalmente en el extranjero, se considerará como domicilio el último que hayan tenido en territorio nacional. Esclareciendo también que la persona que no tenga domicilio se entenderá como tal el de su residencia o en donde se encuentran. El domicilio es un atributo de la personalidad, que consiste en el lugar donde la persona (física o jurídica) tiene su residencia con el ánimo real o presunto de permanecer en ella. Es la circunscripción territorial donde se asienta una persona, es otro derecho de la persona, el cual tiene por finalidad determinar su ubicación en el espacio, para los efectos de ejercitar sus derechos y cumplimiento de sus obligaciones. Como se señala, "el domicilio, por sus efectos, se identifica con la vida jurídica de la persona y la personaliza dándole condición de presencia, puesto que legalmente responde a un aspecto de su modo de ser en el derecho en función de la relación jurídica" Acertadamente se afirma que "muchas normas jurídicas requieren relacionar cada persona con un lugar determinado. La persona vive en sociedad y debe poder ser hallado en un momento determinado, ya sea para ejercer su derecho o cumplir sus obligaciones; este el lugar donde se encuentra la persona. La ley fija como asiento o sede de la persona el lugar, de la producción de efectos jurídicos. Es decir es el asiento territorial que debe tener toda persona para el cumplimiento de sus deberes y obligaciones y el ejercicio de sus derechos. En efecto, la ley de algún Estado o lugar será la que se le aplique; a los jueces de algún Estado o lugar deberá eventualmente someterse; en algún sitio deberá cumplir de ordinario las obligaciones que contraiga, etc. Por eso la ciencia jurídica ha sistematizado las relaciones posibles de la persona con el lugar donde se encuentra, configurando un concepto para cada tipo de esas relaciones y dándole un nombre. Basta luego de cualquier norma que mencione ese nombre, para que se dé por sentado todo el contenido del concepto que previamente se ha establecido". “[email protected]” 26

Las cuestiones sobre cambio de domicilio se resolverán de acuerdo con la ley del Tribunal de los Estados. Capítulo III NACIMIENTO, EXTINCION Y CONSECUENCIAS DE LA PERSONALIDAD CIVIL Sección I De las Personas Individuales Art. 27. La capacidad de las personas individuales se rige por su ley personal, salvo las restricciones establecidas para su ejercicio por este Código o por el derecho local. Art. 28. Se aplicará la ley personal para decidir si el nacimiento determina la personalidad y si al concebido se le tiene por nacido para todo lo que le sea favorable, así como para la viabilidad y los efectos de la prioridad del nacimiento en el caso de partos dobles o múltiples. Art. 29. Las presunciones de supervivencia o de muerte simultánea en defecto de prueba, se regulan por la ley personal de cada uno de los fallecidos en cuanto a su respectiva sucesión. Art. 30. Cada Estado aplica su propia legislación para declarar extinguida la personalidad civil por la muerte natural de las personas individuales y la desaparición o disolución oficial de las personas jurídicas, así como para decidir si la menor edad, la demencia o imbecilidad, la sordomudez, la prodigalidad y la interdicción civil son únicamente restricciones de la personalidad, que permiten derechos y aun ciertas obligaciones. ANÁLISIS.- El Derecho atribuye personalidad a las personas físicas, les reconoce la posibilidad de ser sujetos de derechos y obligaciones. la capacidad de las personas individuales se rige por su ley personal, se aplicará esta ley para decidir si el nacimiento determina la personalidad y si el concebido se le tiene por nacido para todo lo que le sea favorable, así como para presunciones de supervivencia o de muerte simultánea pero cada Estado aplica su propia legislación, Para declarar extinguida la personalidad civil se extingue por la muerte natural de las personas" y la desaparición de las personas jurídicas. Aquellas personas desaparecidas de las que no se tenga noticia alguna durante un plazo prudencial y aquellas que habiendo sufrido naufragio o accidente aéreo, su supervivencia no conste. En ese momento desaparece la persona en cuanto tal, con sus atributos y cualidades, cesando de ser centro de poder y de responsabilidad, se extinguen los derechos y relaciones personalísimos o vitalicios que le competían; y se abre la sucesión en los restantes, transformándose el patrimonio en herencia y el cuerpo en una cosa: el cadáver. “[email protected]” 27

Sección II De las Personas Jurídicas Art. 31. Cada Estado contratante, en su carácter de persona jurídica, tiene capacidad para adquirir y ejercitar derechos civiles y contraer obligaciones de igual clase en el territorio de los demás, sin otras restricciones que las establecidas expresamente por el derecho local. Art. 32. El concepto y reconocimiento de las personas jurídicas se regirán por la ley territorial. Art. 33. Salvo las restricciones establecidas en los dos artículos anteriores, la capacidad civil de las corporaciones se rige por la ley que las hubiere creado o reconocido; la de las fundaciones por las reglas de su institución, aprobadas por la autoridad correspondiente, si lo exigiere su derecho nacional, y la de las asociaciones por sus estatutos, en iguales condiciones. Art. 34. Con iguales restricciones, la capacidad civil de las sociedades civiles, mercantiles o industriales se rige por las disposiciones relativas al contrato de sociedad. Art. 35. La ley local se aplica para atribuir los bienes de las personas jurídicas que dejan de existir, si el caso no está previsto de otro modo en sus estatutos, cláusulas fundacionales, o en el derecho vigente respecto de las sociedades. ANÁLISIS.El concepto y reconocimiento de las personas jurídicas se regirán por la ley territorial; por lo tanto, cada Estado contratante, en su carácter de persona jurídica, tiene capacidad para adquirir y ejercitar derechos civiles, así como contraer obligaciones en el territorio de los demás. Las personas jurídicas son centros de imputación normativa, formas que el derecho proporciona para que los seres humanos organicen sus actividades con el propósito de realizar fines que el ordenamiento jurídico estima dignos de amparo. Dada esta característica de ser creaciones del derecho, el tipo de personas jurídicas que se puede constituir es númerus clausus. Esta sección está constituida por un factor de conexión y es el territorio, siendo este, el factor para la aplicación del derecho la Ley del Lugar de celebración El sentido moderno de la antigua regla Locus regit actum lleva a regular la forma de los actos jurídicos por la ley del lugar de su celebración. Sin embargo, tratándose de actos jurídicos patrimoniales, esta regla es facultativa porque las partes pueden optar por someter la forma a la misma ley que regula la relación jurídica objeto del acto. “[email protected]” 28

Así como para decidir si la menor edad, así como otros actos inherentes a la persona. Se aplica la norma de cada país donde hayan nacido los derechos de personalidad. Estimamos que por ley se debe entender ley en sentido material, es decir, toda norma que tenga rango de ley, como un decreto legislativo o una ordenanza municipal, y no solo las dadas por el Estado de la República. Esta interpretación coincide con el uso que en la Constitución se hace del término "ley", pues cuando ésta habla de ley se refiere a toda norma con rango de ley y no solo a ley en sentido formal. La persona jurídica necesita que el poder público la reconozca; y su capacidad se extiende sólo para lo expresamente autorizado. La persona jurídica es una creación exclusiva de la ley; la natural tiene derechos desde su existencia. La distinción entre las corporaciones y fundaciones, aunque conveniente en una obra de jurisprudencia, como la de Savigny, en la ley es del todo. “Las personas jurídicas no son susceptibles de ser consideradas como ausentes”. Las personas jurídicas son incapaces para ejercer acciones criminales, ni tampoco pueden dar poder al efecto. Capítulo IV DEL MATRIMONIO Y EL DIVORCIO Sección I CONDICIONES JURÍDICAS QUE HAN DE PRECEDER LA CELEBRACIÓN DEL MATRIMONIO Art. 36. Los contrayentes estarán sujetos a su ley personal en todo lo que se refiera a la capacidad para celebrar el matrimonio, al consentimiento o consejo paternos, a los impedimentos y a su dispensa. Art. 37. Los extranjeros deben acreditar antes de casarse que han llenado las condiciones exigidas por sus leyes personales en cuanto a lo dispuesto en el artículo precedente. Podrán justificarlo mediante certificación de sus funcionarios diplomáticos o agentes consulares o por otros medios que estime suficientes la autoridad local, que tendrá en todo caso completa libertad de apreciación. Art. 38. La legislación local es aplicable a los extranjeros en cuanto a los impedimentos que por su parte establezca y que no sean dispensables, a la forma del consentimiento, a la fuerza obligatoria o no de los esponsales, a la oposición al matrimonio, a la obligación de denunciar los impedimentos y las consecuencias civiles de la denuncia falsa, a la forma de las diligencias preliminares y a la autoridad competente para celebrarlo. “[email protected]” 29

Art. 39. Se rige por la ley personal común de las partes y, en su defecto, por el derecho local, la obligación o no de indemnización por la promesa de matrimonio incumplida o por la publicación de proclamas en igual caso. Art. 40. Los Estados contratantes no quedan obligados a reconocer el matrimonio celebrado en cualquiera de ellos, por sus nacionales o por extranjeros, que contraríe sus disposiciones relativas a la necesidad de la disolución de un matrimonio anterior, a los grados de consanguinidad o afinidad respecto de los cuales exista impedimento absoluto, a la prohibición de casarse establecida respecto a los culpables de adulterio en cuya virtud se haya disuelto el matrimonio de uno de ellos y a la misma prohibición respecto al responsable de atentado a la vida de uno de los cónyuges para casarse con el sobreviviente, o a cualquiera otra causa de nulidad insubsanable. ANALISIS: Las leyes no suelen imponer restricciones al derecho a contraer matrimonio o ius connubi por motivos de raza, religión o nacionalidad. Todo hombre y mujer tienen derecho, tanto a nivel internacional en las Declaraciones y Tratados, como en la legislación de cada Estado en particular. El matrimonio celebrado entre extranjero producirá efectos en el territorio, si se hace constar que se realizó con las formas y requisitos que en el lugar de su celebración establecen las leyes, y que no ha contravenido a las disposiciones del Código relativas a la aptitud para contraer matrimonio y a los impedimentos absolutos. Ello se vuelve particularmente complejo cuando estamos en presencia de derechos extranjeros que exigen a los contrayentes, por ejemplo, la celebración de una ceremonia religiosa para que el matrimonio sea válido, requisito no exigido por la ley local donde se celebra la boda. En este caso, como en otros similares, nos encontramos en presencia de un problema de calificación que debe ser resuelto de conformidad con la Lex civilis fori, es decir, de acuerdo a los conceptos o categorías jurídicas del ordenamiento jurídico del foro. Capacidad jurídica para contraer matrimonio la tenemos todos, pero este reconocimiento genérico de la capacidad jurídica para contraer matrimonio, no supone igual reconocimiento en orden a la capacidad de obrar, ya que ésta dependerá de cada sujeto. No quedan obligados a reconocer el matrimonio celebrado en cualquiera de los Estados contratantes ya sea por sus nacionales o por extranjeros. En General en cada país puede existir un concepto de contrato diferente, y esa divergencia tiene que ver con la realidad socio-cultural y jurídica de cada país (existen ordenamientos en que el contrato no se limita al campo de los derechos patrimoniales únicamente, sino que abarca también derechos de familia como, por ejemplo, los países “[email protected]” 30

en los que el matrimonio es considerado un contrato). Calificar en Derecho Internacional Privado supone precisar la naturaleza jurídica de una institución; este es un paso previo obligatorio que el juez competente debe realizar antes de proceder a resolver un caso de Derecho Internacional Privado. En tal sentido, los requisitos de forma para celebrar un matrimonio válido quedan regulados por una ley distinta -ley del lugar de celebración- a la que rige los requisitos de fondo -ley del domicilio de los contrayentes-. El principal problema que se deriva de esta situación es diferenciar cuándo estamos frente a un requisito de forma y cuándo frente a uno de fondo. Ello se vuelve particularmente complejo cuando estamos en presencia de derechos extranjeros que exigen a los contrayentes, por ejemplo, la celebración de una ceremonia religiosa para que el matrimonio sea válido, requisito no exigido por la ley local donde se celebra la boda. En este caso, como en otros similares, nos encontramos en presencia de un problema de calificación que debe ser resuelto de conformidad con la Lex civilis fori, es decir, de acuerdo a los conceptos o categorías jurídicas del ordenamiento jurídico del foro. ¿Qué ley debe usar el juez para calificar el problema de Derecho Internacional Privado?; es decir ¿a qué conceptos o categorías jurídicas debe recurrir el juez para calificar el objeto del litigio y así poder determinar la ley aplicable? Al calificar el juez no puede desligarse de las concepciones de derecho de ordenamiento jurídico del foro Lex civilis fori (los términos son definidos por el derecho interno del Juez), la cual se fundamenta en dos tipos de razones: por un lado el asunto a resolver no es solo determinar la naturaleza jurídica del problema en cuestión, también se trata de interpretar la norma de conflicto del foro que debe aplicarse para resolver el caso. Sección II De la Forma del Matrimonio Art. 41. Se tendrá en todas partes como válido en cuanto a la forma, el matrimonio celebrado en la que establezcan como eficaz las leyes del país en que se efectúe. Sin embargo, los Estados cuya legislación exija una ceremonia religiosa, podrán negar validez a los matrimonios contraídos por sus nacionales en el extranjero sin observar esa forma. Art. 42. En los países en donde las leyes lo admitan, los matrimonios contraídos ante los funcionarios diplomáticos o agentes consulares de ambos contrayentes, se ajustarán a su ley personal, sin perjuicio de que les sean aplicables las disposiciones del artículo cuarenta. Análisis: En el caso de la forma del matrimonio, la regla Locus regit actum tiene carácter obligatorio; así lo dispone tanto Tratado de Derecho Civil de Montevideo de 1889 (artículo 11) Y el Código Bustamante de 1928 (artículos 41 y 42). El matrimonio que según las leyes del país en que se contrajo serán válidas en todas partes, pero si el otro Estado exige ceremonia religiosa según su legislación este puede “[email protected]” 31

negarse su validez si sus nacionales o extranjeros no cumplen con los requisitos de conformidad a las leyes de su país. De otro modo, este no sabría qué norma de conflicto usar para determinar la ley aplicable al problema que se le ha solicitado resolver. Así por ejemplo, cuando dispone que la forma del matrimonio se rige por la ley del lugar de su celebración, será necesario determinar previamente cuál es la naturaleza jurídica del concepto condición de forma del matrimonio, para así poder determinar si el requisito cuyo incumplimiento se alega en el caso sub litis, es una condición de forma o de fondo. La calificación que realice el juez en este ámbito es decisiva ya que, de calificarse el problema como el incumplimiento de una condición de forma, el juez tendría que aplicar la norma de conflicto que ordena resolver el problema de la forma del matrimonio por la ley del lugar de su celebración; por el contrario, si califica el problema como el incumplimiento de un requisito de fondo, deberá recurrir al del Código Civil, que ordena regir las condiciones de fondo del matrimonio por la ley del domicilio de los contrayentes. Por otro lado si es válido el matrimonio contraído en el extranjero, ante el Agente Diplomático o Cónsul de la República con arreglo a las leyes de ésta. Sección III Efectos del Matrimonio en cuanto a las Personas de los Cónyuges Art. 43. Se aplicará el derecho personal de ambos cónyuges y, si fuera diverso, el del marido, en lo que toque a los deberes respectivos de protección y obediencia, a la obligación o no de la mujer de seguir al marido cuando cambie de residencia, a la disposición y administración de los bienes comunes y a los demás efectos especiales del matrimonio. Art. 44. La ley personal de la mujer regirá la disposición y administración de sus bienes propios y su comparecencia en juicio. Art. 45. Se sujeta al derecho territorial la obligación de los cónyuges de vivir juntos, guardarse fidelidad y socorrerse mutuamente. Art. 46. También se aplica imperativamente el derecho local que prive de efectos civiles al matrimonio del bígamo. Análisis: Con lo que respecta a los efectos del matrimonio en cuanto a las personas de los cónyuges, se aplicará el derecho personal de ambos; la ley personal de la mujer regirá “[email protected]” 32

la disposición y administración de sus bienes propios y se sujetará al derecho territorial la obligación de los cónyuges de vivir juntos, guardarse fidelidad y socorrerse mutuamente. Derechos personales, son los que solamente pueden reclamarse de ciertas personas, que por un hecho suyo o la sola disposición de la ley han contraído las "obligaciones correlativas”. La lealtad ejercida sobre los compromisos adquiridos exige el concierto de otras virtudes, como son el respeto a los demás; la fortaleza; la sinceridad; el orden en la jerarquía personal de valores; la discreción; la prudencia; la laboriosidad; los detalles de cariño y otras. La fidelidad viene determinada por los valores y las metas a los que el hombre quiere ser fiel. El mantenimiento de la fidelidad exige al hombre y a la mujer una disposición de fondo a unos actos concretos de renuncia que sacrifican lo accesorio para guardar y proteger lo principal. Quien se casa de nuevo, teniendo todavía vigencia legal su anterior matrimonio, se le aplicara la ley ya que este impedimento es la prohibición para que una persona casada pueda contraer nuevo matrimonio mientras subsista el primero. Sección IV Nulidad del Matrimonio y sus Efectos Art. 47. La nulidad del matrimonio debe regularse por la misma ley a que esté sometida la condición intrínseca o extrínseca que la motive. Art. 48. La coacción, el miedo y el rapto como causas de nulidad del matrimonio se rigen por la ley del lugar de la celebración. Art. 49. Se aplicará la ley personal de ambos cónyuges, si fuere común; en su defecto la del cónyuge que haya obrado de buena fe, y, a falta de ambas, la del varón, a las reglas sobre el cuidado de los hijos de matrimonios nulos, en los casos en que no puedan o no quieran estipular nada sobre esto los padres. Art. 50. La propia ley personal debe aplicarse a los demás efectos civiles del matrimonio nulo, excepto los que ha de producir respecto de los bienes de los cónyuges, que seguirán la ley del régimen económico matrimonial. Art. 51. Son de orden público internacional las reglas que señalan los efectos judiciales de la demanda de nulidad. Análisis: En caso de la nulidad del matrimonio, debe regularse por la misma ley a que esté sometida la condición intrínseca o extrínseca que la motive; aplicando al mismo “[email protected]” 33

tiempo la ley personal de ambos cónyuges y considerando de orden público internacional las reglas que señalen los efectos judiciales de la demanda de nulidad. La falta de acuerdo en las calificaciones es un problema significativo en Derecho Internacional Privado, ya que puede tener consecuencias negativas en cuanto al orden internacional, porque se puede llegar a sentencias contradictorias, según las cuales, un matrimonio puede resultar válido en un país y nulo en el otro. La única forma de evitar estos casos en el actual estado de desarrollo del Derecho Internacional Privado es que se celebren convenios internacionales en que se ratifique la vigencia de la regla Locus regit actum -aplicación de la ley del lugar de realización del acto- en lo que respecta a la celebración del matrimonio. La nulidad del matrimonio es la invalidación porque en su celebración han existido o se han producido vicios o defectos esenciales que impiden que el mismo pueda surtir efectos. La nulidad matrimonial supone que el matrimonio no ha existido y no puede surtir efectos. Las causas de nulidad están agrupadas en tres grupos: Las circunstancias externas que hacen imposible contraer matrimonio (impedimentos), las circunstancias internas que afectan a la voluntad de quienes van a contraer matrimonio y hace éste inválido (vicios de consentimiento) y las formalidades que se deben seguir para contraer válidamente matrimonio (defectos de forma). Sección V Separación de Cuerpos y Divorcio Art. 52. El derecho a la separación de cuerpos y al divorcio se regula por la ley del domicilio conyugal, pero no puede fundarse en causas anteriores a la adquisición de dicho domicilio si no las autoriza con iguales efectos la ley personal de ambos cónyuges. Art. 53. Cada Estado contratante tiene el derecho de permitir o reconocer o no, el divorcio o el nuevo matrimonio de personas divorciadas en el extranjero, en casos, con efectos o por causas que no admita su derecho personal. Art. 54. Las causas del divorcio y de la separación de cuerpos se someterán a la ley del lugar en que se soliciten, siempre que en él estén domiciliados los cónyuges. Art. 55. La ley del juez ante quien se litiga determina las consecuencias judiciales de la demanda y los pronunciamientos de la sentencia respecto de los cónyuges y de los hijos.

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Art. 56. La separación de cuerpos y el divorcio, obtenidos conforme a los artículos que preceden, surten efectos civiles de acuerdo con la legislación del Tribunal que los otorga, en los demás Estados contratantes, salvo lo dispuesto en el artículo 53. ANALISIS.- Asimismo, cuando se dé la separación de cuerpos y el divorcio, el derecho y las causas estarán regulados por la ley del domicilio conyugal y cada Estado contratante tendrá el derecho de permitir o reconocer o no, el divorcio o el nuevo matrimonio de personas divorciadas en el extranjero. La separación, cuando se demuestra que la convivencia es imposible y lleva consigo un daño serio para alguno de los cónyuges o los hijos. Pero esta “separación de cuerpos” no es divorcio pues el vínculo establecido por el sacramento sigue existiendo y los cónyuges no pueden volverse a casar, en cuanto al divorcio Para la Iglesia es claro que Dios, al hacer a la pareja con la posibilidad de entregarse y llegar a ser una sola carne, quiso desde siempre que la unión matrimonial fuera permanente. Este es igualmente el deseo de quienes se aman y unen en matrimonio pues nadie quiere que su unión fracase o se rompa. Capítulo V PATERNIDAD Y FILIACION Art. 57. Son reglas de orden público interno, debiendo aplicarse la ley personal del hijo si fuere distinta a la del padre, las relativas a presunción de legitimidad y sus condiciones, las que confieren el derecho al apellido y las que determinan las pruebas de la filiación y regulan la sucesión del hijo. Art. 58. Tienen el mismo carácter, pero se aplica la ley personal del padre, las que otorguen a los hijos legitimados derechos sucesorios. Art. 59. Es de orden público internacional la regla que da al hijo el derecho a alimentos. Art. 60. La capacidad para legitimar se rige por la ley personal del padre y la capacidad para ser legitimado por la ley personal del hijo, requiriendo la legitimación la concurrencia de las condiciones exigidas en ambas. Art. 61. La prohibición de legitimar hijos no simplemente naturales es de orden público internacional. Art. 62. Las consecuencias de la legitimación y la acción para impugnarla se someten a la ley personal del hijo. Art. 63. La investigación de la paternidad y de la maternidad y su prohibición se regulan por el derecho territorial. “[email protected]” 35

Art. 64. Dependen de la ley personal del hijo las reglas que señalan condiciones al reconocimiento, obligan a hacerlo en ciertos casos, establecen las acciones a ese efecto, conceden o niegan el apellido y señalan causas de nulidad. Art. 65. Se subordinan a la ley personal del padre los derechos sucesorios de los hijos ilegítimos y a la personal del hijo los de los padres ilegítimos. Art. 66. La forma y circunstancias del reconocimiento de los hijos ilegítimos se subordinan al derecho territorial. ANALISIS.- En definitiva, esta sección no puede ser más clara respecto de la aplicación de la ley, en cuanto a la filiación, deberá regirse por el factor de conexión de territorio, conforme lo indica el artículo sesenta y seis. La paternidad alude a la relación biológica que une a una persona de sexo masculino con su descendencia directa, salvo el caso de paternidad por adopción que une a padre e hijo por elección. La filiación es un derecho jurídico que existe entre dos personas donde una es descendiente de la otra, sea por un hecho natural o por un acto jurídico. Este concepto de paternidad que surge de la naturaleza, ya sea por haber el padre contribuido junto a la madre para la concepción del hijo o porque sintió el deseo de ser padre y tomó la decisión de adoptar como propio a un hijo ajeno, va unido al concepto legal de filiación que traerá aparejados derechos y obligaciones recíprocas entre padres e hijos, nacidas de la patria potestad. Se consideran reglas de orden público interno, las que confieren el derecho al apellido y las que determinan las pruebas de la filiación y regulan la sucesión del hijo. Al mismo tiempo, son de orden público internacional la regla que da al hijo el derecho a alimentos y la prohibición de legitimar hijos no simplemente naturales. Se regulan por el derecho territorial, la investigación de la paternidad y la maternidad, así como la forma y circunstancias de los hijos ilegítimos. Capítulo VI ALIMENTOS ENTRE PARIENTES Art. 67. Se sujetarán a la ley personal del alimentado el concepto legal de los alimentos, el orden de su prestación, la manera de suministrarlos y la extensión de ese derecho. “[email protected]” 36

Art. 68. Son de orden público internacional las disposiciones que establecen el deber de prestar alimentos, su cuantía, reducción y aumento, la oportunidad en que se deben y la forma de su pago, así como las que prohíben renunciar y ceder ese derecho. Análisis: Estarán sujetos a la ley personal del alimentado el concepto legal de los alimentos y sus implicaciones. Las disposiciones que establecen el deber de prestar alimentos son de orden público. La denominación legal (y tradicional) de alimentos entre parientes es correcta relativamente, pues sólo vincula a algunos parientes (parientes en línea recta y hermanos) y, de otro lado, a los cónyuges. Las reglas legales sobre la obligación alimenticia entran en juego en muchos supuestos, pero que al mismo tiempo, en general, la solidaridad familiar entre los cónyuges y los parientes en línea recta supera ampliamente las previsiones legales. Capítulo VII PATRIA POTESTAD Art. 69. Están sometidas a la ley personal del hijo la existencia y el alcance general de la patria potestad respecto de la persona y los bienes, así como las causas de su extinción y recobro y la limitación por las nuevas nupcias del derecho de castigar. Art. 70. La existencia del derecho de usufructo y las demás reglas aplicables a las diferentes clases de peculio, se someten también a la ley personal del hijo, sea cual fuere la naturaleza de los bienes y el lugar en que se encuentren. Art. 71. Lo dispuesto en el artículo anterior ha de entenderse en territorio extranjero sin perjuicio de los derechos de tercero que la ley local otorgue y de las disposiciones locales sobre publicidad y especialidad de garantías hipotecarias. Art. 72. Son de orden público internacional las disposiciones que determinen la naturaleza y límites de la facultad del padre para corregir y castigar y su recurso a las autoridades, así como las que lo priven de la potestad por incapacidad, ausencia o sentencia. Análisis: Antiguamente la patria potestad se entendía como una facultad concedida al padre en beneficio exclusivo de la familia y de los hijos sometidos a él, a quienes debía protección.

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La patria potestad imprescriptibilidad.

se

caracteriza

por

la

intransmisibilidad,

irrenunciabilidad

e

Bajo la ley personal del hijo están la existencia y el alcance general de la patria potestad respecto de la persona y de los bienes. En cambio, son de orden público internacional, las disposiciones que determinen la naturaleza y límites de la facultad del padre para corregir y castigar, así como las que lo priven de la potestad ya sea por incapacidad, ausencia o sentencia. Capítulo VIII ADOPCION Art. 73. La capacidad para adoptar y ser adoptado y las condiciones y limitaciones de la adopción se sujetan a la ley personal de cada uno de los interesados. Art. 74. Se regulan por la ley personal del adoptante sus efectos en cuanto a la sucesión de éste y por la del adoptado lo que se refiere al apellido y a los derechos y deberes que conserve respecto de su familia natural, así como a su sucesión respecto del adoptante. Art. 75. Cada uno de los interesados podrá impugnar la adopción de acuerdo con las prescripciones de su ley personal. Art. 76. Son de orden público internacional las disposiciones que en esta materia regulan el derecho a alimentos y las que establecen para la adopción formas solemnes. Art. 77. Las disposiciones de los cuatro artículos precedentes no se aplicarán a los Estados cuyas legislaciones no reconozcan la adopción. ANALISIS.- Se sujetará de acuerdo a la ley personal de cada uno de los interesados, la capacidad para adoptar y ser adoptado; las condiciones y limitaciones de la adopción; así como la capacidad de cada uno de los interesados para impugnar la adopción. Los diferentes aspectos relativos a la adopción son sometidos a la ley personal del adoptante o del adoptado. La ley personal, es decir, aquella que presenta un vínculo directo con la persona, puede variar de país a país. Algunos sistemas jurídicos optan por la ley de la nacionalidad, como ocurre en numerosos países de Europa continental. Otros retienen la ley del domicilio a título de ley personal, entre ellos están los países anglosajones, escandinavos y de América Latina. El legislador nacional prefiere la ley del domicilio y somete a esta el conjunto de aspectos destinados a la adopción.

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La adopción plena surte los mismos efectos que la filiación por naturaleza, y generalmente el adoptante tiene que reunir unos requisitos más exigentes que en la adopción simple, donde no existe sustitución automática de apellidos ni el hijo adoptado ocupa un lugar similar en el orden de sucesión testamentaria con los hijos naturales. Capítulo IX DE LA AUSENCIA Art. 78. Las medidas provisionales en caso de ausencia son de orden público internacional. Art. 79. No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, se designará la representación del presunto ausente de acuerdo con su ley personal. Art. 80. La ley personal del ausente determina a quién compete la acción para pedir esa declaratoria y establece el orden y condiciones de los administradores. Art. 81. El derecho local debe aplicarse para decidir cuándo se hace y surte efecto la declaración de ausencia y cuándo y cómo debe cesar la administración de los bienes del ausente, así como a la obligación y forma de rendir cuentas. Art. 82. Todo lo que se refiera a la presunción de muerte del ausente y a sus derechos eventuales, se regula por su ley personal. Art. 83. La declaración de ausencia o de su presunción, así como su cesación y la de presunción de muerte del ausente, tienen eficacia extraterritorial, incluso en cuanto al nombramiento y facultades de los administradores. ANALISIS.- La ausencia, en cuanto a término Jurídico, se refiere a la situación jurídica frente al Derecho de aquellas personas de las que no se tiene noticia certera de su paradero, ni prueba de vida. Ante el Derecho, estas personas no están ni muertas ni vivas, mintiéndose la incertidumbre hasta prueba fidedigna de su condición. Las medidas provisionales en caso de ausencia son de orden público internacional. Se aplicará derecho local para decidir cuándo se hace y surte efecto la declaración de ausencia que también tiene eficacia extraterritorial y la administración de los bienes del ausente. La ley local se aplicará a todo lo que se refiera a la presunción de muerte del ausente y a sus derechos eventuales.

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Capítulo X TUTELA Art. 84. Se aplicará la ley personal del menor o incapacitado para lo que toque al objeto de la tutela o curatela, su organización y sus especies. Art. 85. La propia ley debe observarse en cuanto a la institución del protutor. Art. 86. A las incapacidades y excusas para la tutela, curatela y pro tutela deben aplicarse simultáneamente las leyes personales del tutor, curador o protutor y del menor o incapacitado. Art. 87. El afianzamiento de la tutela o curatela y las reglas para su ejercicio se someten a la ley personal del menor o incapacitado. Si la fianza fuere hipotecaria o pignoraticia deberá constituirse en la forma prevenida por la ley local. Art. 88. Se rigen también por la ley personal del menor o incapacitado las obligaciones relativas a las cuentas, salvo las responsabilidades de orden penal, que son territoriales. Art. 89. En cuanto al registro de tutelas se aplicarán simultáneamente la ley local y las personales del tutor o curador y del menor o incapacitado. Art. 90. Son de orden público internacional los preceptos que obligan al Ministerio Público o a cualquier funcionario local, a solicitar la declaración de incapacidad de dementes y sordomudos y los que fijen los trámites de esa declaración. Art. 91. Son también de orden público internacional las reglas que establecen las consecuencias de la interdicción. Art. 92. La declaratoria de extraterritoriales.

incapacidad y la interdicción civil surten efectos

Art. 93. Se aplicará la ley local a la obligación del tutor o curador de alimentar al menor o incapacitado y a la facultad de corregirlos sólo moderadamente. Art. 94. La capacidad para ser miembro de un Consejo de familia se regula por la ley personal del interesado. Art. 95. Las incapacidades especiales y la organización, funcionamiento, derechos y deberes del Consejo de familia, se someten a la ley personal del sujeto a tutela. Art. 96. En todo caso, las actas y acuerdos del Consejo de familia deberán ajustarse a las formas y solemnidades prescritas por la ley del lugar en que se reúna. “[email protected]” 40

Art. 97. Los Estados contratantes que tengan por ley personal la del domicilio podrán exigir, cuando cambie el de los incapaces de un país para otro, que se ratifique o se discierna de nuevo la tutela o curatela. ANALISIS.- La Tutela es una institución jurídica que tiene por objeto la guarda de la persona y sus bienes, o solamente de los bienes o de la persona, de quien, no estando bajo la patria potestad, es incapaz de gobernarse por sí mismo por ser menor de edad o estar declarado como incapacitado. Se aplicará la ley personal del menor o incapacitado para lo que toque al objeto de la tutela o curatela, su organización y sus especias; así como el afianzamiento de la tutela y las reglas para su ejercicio. En cuanto al registro de tutelas se aplicará simultáneamente la ley local y las personales del tutor o curados y del menor o incapacitado. Esta declaratoria y la interdicción civil surten efectos extraterritoriales. La capacidad legal para ser tutor se concede a todos los mayores de edad, con plena capacidad para el ejercicio de los derechos civiles y que no incurran en causas de incapacidad. Capítulo XI DE LA PRODIGALIDAD Art. 98. La declaración de prodigalidad y sus efectos se sujetan a la ley personal del pródigo. Art. 99. No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, no se aplicará la ley del domicilio a la declaración de prodigalidad de las personas cuyo derecho nacional desconozca esta institución. Art. 100. La declaración de prodigalidad, hecha en uno de los Estados contratantes, tiene eficacia extraterritorial respecto de los demás, en cuanto el derecho local lo permita. Análisis: Prodigalidad es un término jurídico que se aplica a la persona que malgasta su caudal con ligereza, poniendo con ella en peligro injustificado su patrimonio, con perjuicio de su familia. La declaración de prodigalidad y sus efectos están sujetos a la ley personal del pródigo. Esta declaración tiene eficacia extraterritorial.

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Capítulo XII EMANCIPACION Y MAYOR EDAD Art. 101. Las reglas aplicables a la emancipación y la mayor edad son las establecidas por la legislación personal del interesado. Art. 102. Sin embargo, la legislación local puede declararse aplicable a la mayor edad como requisito para optar por la nacionalidad de dicha legislación. Análisis: La emancipación en forma limitada es la más conveniente, el incapacitado va logrando la experiencia necesaria para disponer paulatinamente de sus bienes y de su persona. El mayor de edad dispone libremente de su persona y de sus bienes; adquiere plena capacidad de ejercicio y por lo tanto, puede hacer valer por sí mismo sus derechos y cumplir sus obligaciones. Establecidas por la ley personal del interesado se encuentran las reglas aplicables a la emancipación y la mayor edad. Capítulo XIII DEL REGISTRO CIVIL Art. 103. Las disposiciones relativas al Registro Civil son territoriales, salvo en lo que toca al que lleven los agentes consulares o funcionarios diplomáticos. Lo prescrito en este artículo no afecta los derechos de otro Estado en relaciones jurídicas sometidas al Derecho internacional Público. Art. 104. De toda inscripción relativa a un nacional de cualquiera de los Estados contratantes, que se haga en el Registro Civil de otro, debe enviarse gratuitamente y por la vía diplomática, certificación literal y oficial al país del interesado. Análisis: Registro Civil oficina o dependencia Estatal en la que se lleva cuenta del Estado civil de todo individuo y de las modificaciones que en este se producen a lo largo del tiempo. Son territoriales todas las disposiciones relativas al Registro Civil. Si esto se realizó en algún Estado contratante, se deberá enviar gratuitamente y por la vía diplomática la certificación literal y oficial al país del interesado.

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TITULO SEGUNDO DE LOS BIENES Capítulo I CLASIFICACION DE LOS BIENES Art. 105. Los bienes, sea cual fuere su clase, están sometidos a la ley de la situación. Art. 106. Para los efectos del artículo anterior se tendrá en cuenta, respecto de los bienes muebles corporales y para los títulos representativos de créditos de cualquier clase, el lugar de su situación ordinaria o normal. Art. 107. La situación de los créditos se determina por el lugar en que deben hacerse efectivos, y, si no estuviere precisado, por el domicilio del deudor. Art. 108. La propiedad industrial, la intelectual y los demás derechos análogos de naturaleza económica que autorizan el ejercicio de ciertas actividades acordadas por la ley, se consideran situados donde se hayan registrado oficialmente. Art. 109. Las concesiones se reputan situadas donde se hayan obtenido legalmente. Art. 110. A falta de toda otra regla y además para los casos no previstos en este Código, se entenderá que los bienes muebles de toda clase están situados en el domicilio de su propietario, o, en su defecto, en el del tenedor. Art. 111. Se exceptúan de lo dispuesto en el artículo anterior las cosas dadas en prenda, que se consideran situadas en el domicilio de la persona en cuya posesión se hayan puesto. Art. 112. Se aplicará siempre la ley territorial para distinguir entre los bienes muebles e inmuebles, sin perjuicio de los derechos adquiridos por terceros. Art. 113. A la propia ley territorial se sujetan las demás clasificaciones y calificaciones jurídicas de los bienes. Análisis: no tendría sentido si no existiera la figura jurídica de los bienes, en donde se establece las clases de bienes que existen y de definir cada uno de ellos, es importante conocer los bienes para poder diferenciarlos y así comprender que bienes son susceptibles de cada tipo de contrato. Se aplicará siempre la ley territorial para distinguir entre los bienes muebles e inmuebles. Están sometidos a la ley de la situación, todos los bienes, sea cual fuere su clase. En cambio, estarán sometidos al lugar donde se hicieron, la situación de los créditos y la propiedad industrial e intelectual. “[email protected]” 43

Capítulo II DE LA PROPIEDAD Art. 114. La propiedad de familia inalienable y exenta de gravámenes y embargos, se regula por la ley de la situación. Sin embargo, los nacionales de un Estado contratante en que no se admita o regule esa clase de propiedad, no podrán tenerla u organizarla en otro, sino en cuanto no perjudique a sus herederos forzosos. Art. 115. La propiedad intelectual y la industrial se regirán por lo establecido en los convenios internacionales especiales ahora existentes o que en lo sucesivo se acuerden. A falta de ellos, su obtención, registro y disfrute quedarán sometidos al derecho local que las otorgue. Art. 116. Cada Estado contratante tiene la facultad de someter a reglas especiales respecto de los extranjeros la propiedad minera, la de buques de pesca y cabotaje, las industrias en el mar territorial y en la zona marítima y la obtención y disfrute de concesiones y obras de utilidad pública y de servicio público. Art. 117. Las reglas generales sobre propiedad y modos de adquirirla o enajenarla entre vivos, incluso las aplicables al tesoro oculto, así como las que rigen las aguas de dominio público y privado y sus aprovechamientos, son de orden público internacional. ANALISIS.- En Derecho, la propiedad es el poder directo e inmediato sobre un objeto o bien, por la que se atribuye a su titular la capacidad de disponer del mismo, sin más limitaciones que las que imponga la ley. Es el derecho real que implica el ejercicio de las facultades jurídicas más amplias que el ordenamiento jurídico concede sobre un bien. El Derecho de Propiedad está en las necesidades del hombre y de las agrupaciones humanas (familia y sociedad), que precisan la apropiación de las cosas del mundo exterior útiles, a la subsistencia y progreso de unos y otros. En consecuencia es lógico que el Derecho que organiza la convivencia humana reconozca y conceda tal derecho o poder sobre aquellas, dando lugar a que se conviertan en derecho, y por lo tanto sea protegido por la ley. Nuestra legislación dice "Es el derecho de gozar y disponer de una cosa, sin más limitaciones que las establecidas por las leyes." Asimismo que no puede enajenarse el patrimonio de dominio público, estas reglas se regirán por la ley del lugar donde se encuentre la posesión.

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La propiedad de la familia se regula por la ley de situación y son de orden público internacional. Cada Estado contratante tiene la facultad de someter a reglas especiales respecto de los extranjeros la propiedad minera, la de buques de pesca, las industrias en el mar territorial y en la zona marítima y disfrute de concesiones y obras de utilidad pública y de servicio público. Capítulo III DE LA COMUNIDAD DE BIENES Art. 118. La comunidad de bienes se rige en general por el acuerdo o voluntad de las partes y en su defecto por la ley del lugar. Este último se tendrá como domicilio de la comunidad a falta de pacto en contrario. Art. 119. Se aplicará siempre la ley local, con carácter exclusivo, al derecho de pedir la división de la cosa común y a las formas y condiciones de su ejercicio. Art. 120. Son de orden público internacional las disposiciones sobre deslinde y amojonamiento y derecho a cerrar las fincas rústicas y las relativas a edificios ruinosos y árboles que amenacen caerse. ANALISIS.- La comunidad de bienes es una figura utilizada en el Derecho civil para contemplar los casos en los que la propiedad de una cosa, derecho o masa patrimonial pertenece a varias personas, ya sean físicas o jurídicas. La comunidad de bienes se rige en general por el acuerdo o voluntad de las partes y en su defecto por la ley del lugar. Se aplicará la ley local para el derecho de pedir la división de la cosa común. Y son de orden público internacional las disposiciones sobre deslinde y amojonamiento y derecho a cerrar las fincas rústicas y lo relativo a propiedad que estén en riesgo de caerse. Capítulo IV DE LA POSESION Art. 121. La posesión y sus efectos se rigen por la ley local. Art. 122. Los modos de adquirir la posesión se rigen por la ley aplicable a cada uno de ellos según su naturaleza. Art. 123. Se determinan por la ley del tribunal los medios y trámites utilizables para que se mantenga en posesión al poseedor inquietado, perturbado o despojado a virtud de medidas o acuerdos judiciales o por consecuencia de ellos. “[email protected]” 45

ANALISIS.- Se rigen por la ley local, la posesión y sus efectos. Los modos de adquirir la posesión se rigen por la ley aplicable a cada uno de ellos según su naturaleza. Es fácil comprender que este capítulo referido a los derechos de posesión, se rigen por la ley local, es decir, del lugar en el que se encuentre la posesión. Capítulo V DEL USUFRUCTO, DEL USO Y DE LA HABITACION Art. 124. Cuando el usufructo se constituya por mandato de la ley de un Estado contratante, dicha ley lo regirá obligatoriamente. Art. 125. Si se ha constituido por la voluntad de los particulares manifestada en actos entre vivos o mortis causa, se aplicarán respectivamente la ley del acto o la de la sucesión. Art. 126. Si surge por prescripción, se sujetará a la ley local que la establezca. Art. 127. Depende de la ley personal del hijo el precepto que releva o no de fianza al padre usufructuario. Art. 128. Se subordina a la ley de la sucesión la necesidad de que preste fianza el cónyuge superviviente por el usufructo hereditario y la obligación del usufructuario de pagar ciertos legados o deudas hereditarios. Art. 129. Son de orden público internacional las reglas que definen el usufructo y las formas de su constitución, las que fijan las causas legales por las que se extingue y la que lo limita a cierto número de años para los pueblos, corporaciones o sociedades. Art. 130. El uso y la habitación se rigen por la voluntad de la parte o partes que los establezcan. ANALISIS.- El usufructuario se presenta como una desmembración temporal del dominio; el usufructuario obtiene las utilidades de algunas cosas, el dueño conserva la propiedad, pero sin poder usar ni gozar de lo suyo, en una expectativa de goce futuro que lleva a denominarlo por la disminución de sus facultades de goce, “nudo propietario”. El derecho de uso podemos decir que es un derecho real que legitima para tener y utilizar una cosa o bien ajeno de acuerdo con las necesidades del usuario y, en su caso, la familia.

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El derecho de uso puede constituirse sobre cualquier tipo de bien susceptible de uso, ya sea muebles o inmuebles, y pueden ser titulares del derecho de uso tanto personas físicas como jurídicas, si bien en este último caso es necesario establecer un límite temporal. Cuando el usufructo se constituya por un mandato de la ley de un Estado contratante, dicha ley lo regirá obligatoriamente. Se consideran de orden púbico internacional las reglas que definen el usufructo y las formas de constitución, las que fijan las causas legales por las que se extingue y la que lo limita a cierto número de años para los pueblos, corporaciones o sociedades. El uso y la habitación se rigen por la voluntad de la parte o partes que lo establezcan. El Usufructo es las más importantes de las servidumbres personales, entendiéndolo como el uso de una cosa ajena y disfrute de sus frutos sin alterar su substancia y forma. Es un derecho real sobre cosa de otro; el poder del usufructuario sobre la cosa no es en el dominio, de modo que pudiera decirse que dueño y usufructuario comparten la propiedad de esta. Sólo de modo impropio se le puede clasificar de pars domini (copropiedad); la jurisprudencia expresamente nos marca que no es una parte del dominio, sino un derecho real en cosa de otro. Y no siendo una parte del dominio, el usufructuario no es codueño, es decir, no hay copropiedad entre el dueño y el usufructuario. El dueño transitoriamente atribuye a los usufructuarios partes de las facultades: las de uso y goce, teniendo él en todo momento la facultad de disposición, conserva la expectativa de readquirir el uso y goce cuando el usufructo cese; mientras que el usufructo dura se denomina nudo propietario; Capítulo VI DE LAS SERVIDUMBRES Art. 131. Se aplicará el derecho local al concepto y clasificación de las servidumbres, a los modos no convencionales de adquirirlas y de extinguirse y a los derechos y obligaciones en este caso de los propietarios de los predios dominante y sirviente. Art. 132. Las servidumbres de origen contractual o voluntario se someten a la ley del acto o relación jurídica que las origina. Art. 133. Se exceptúan de lo dispuesto en el artículo anterior la comunidad de pastos en terrenos públicos y la redención del aprovechamiento de leñas y demás productos de los montes de propiedad particular, que están sujetas a la ley territorial. Art. 134. Son de orden privado las reglas aplicables a las servidumbres legales que se imponen en interés o por utilidad particular.

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Art. 135. Debe aplicarse el derecho territorial al concepto y enumeración de las servidumbres legales y a la regulación no convencional de las de aguas, paso, medianería, luces y vistas, desagüe de edificios, y distancias y obras intermedias para construcciones y plantaciones. ANALISIS: servidumbre es la denominación de un tipo de derecho real que limita el dominio de un predio denominado fundo sirviente en favor de las necesidades de otro llamado fundo dominante perteneciente a otra persona. Se aplicará el derecho local al concepto, clasificación y todo lo que respecta a las servidumbres. Las servidumbres de origen contractual o voluntario se someten a la ley del acto o relación jurídica que las origina. Así mismo, son de orden privado las reglas aplicables a las servidumbres legales que se imponen en interés o por utilidad particular. Además se entiende por servidumbre aquel derecho real que afecta al dominio de un bien inmueble, limitando algunos de los derechos inherentes a la propiedad y obligando al titular del bien a permitir a uno o más terceros, en virtud de la misma, realizar determinadas actividades. Son de orden privado las reglas aplicables a las servidumbres legales que se imponen en interés o por utilidad particular. Capítulo VII DE LOS REGISTROS DE LA PROPIEDAD Art. 136. Son de orden público internacional las disposiciones que establecen y regulan los registros de la propiedad, e imponen su necesidad respecto de terceros. Art. 137. Se inscribirán en los registros de la propiedad de cada uno de los Estados contratantes los documentos o títulos inscribibles otorgados en otro, que tengan fuerza en el primero con arreglo a este Código, y las ejecutorias a que de acuerdo con el mismo se dé cumplimiento en el Estado a que el registro corresponde, o tengan en él fuerza de cosa juzgada. Art. 138. Las disposiciones sobre hipoteca legal a favor del Estado, de las provincias o de los pueblos, son de orden público internacional. Art. 139. La hipoteca legal que algunas leyes acuerdan en beneficio de ciertas personas individuales, sólo será exigible cuando la ley personal concuerde con la ley del lugar en que se hallen situados los bienes afectados por ella. ANALISIS.- Son de orden público internacional las disposiciones que establecen y regulan los registros de la propiedad, e imponen su necesidad respecto de terceros; así como las disposiciones sobre hipoteca legal a favor del Estado. Se inscribirá en los “[email protected]” 48

registros de la propiedad de cada uno de los Estados contratantes los documentos o títulos inscribibles otorgados en otro. Registro de la propiedad es en el que se pueden inscribir para posterior verificación pública, los derechos de propiedad sobre los bienes inmuebles, así como todos los demás derechos reales que recaigan sobre ellos. Para el caso de los registros de propiedad, será aplicable el Derecho Internacional Privado Interno. Título Tercero DE VARIOS MODOS DE ADQUIRIR Capítulo I REGLA GENERAL Art. 140. Se aplica el derecho local a los modos de adquirir respecto de los cuales no haya en este Código disposiciones en contrario. Análisis: Se aplicará el derecho local a los modos de adquirir. Capítulo II DE LAS DONACIONES Art. 141. Cuando fueren de origen contractual, las donaciones quedarán sometidas, para su perfección y efectos entre vivos, a las reglas generales de los contratos. Art. 142. Se sujetará a la ley personal respectiva del donante y del donatario la capacidad de cada uno de ellos. Art. 143. Las donaciones que hayan de producir efecto por muerte del donante, participarán de la naturaleza de las disposiciones de última voluntad y se regirán por las reglas internacionales establecidas en este Código para la sucesión testamentaria. Análisis: Cuando fueren de origen contractual, las donaciones quedarán sometidas, para su perfección y efecto entre vivos, a las reglas generales de los contratos. Se sujetará a la ley personal respectiva del donante y del donatario. Capítulo III DE LAS SUCESIONES EN GENERAL Art. 144. Las sucesiones intestadas y las testamentarias incluso en cuanto al orden de suceder, a la cuantía de los derechos sucesorios y a la validez intrínseca de las “[email protected]” 49

disposiciones, se regirán, salvo los casos de excepción más adelante establecidos, por la ley personal del causante, sea cual fuere la naturaleza de los bienes y el lugar en que se encuentren. Art. 145. Es de orden público internacional el precepto en cuya virtud los derechos a la sucesión de una persona se transmiten desde el momento de su muerte. Análisis: Las sucesiones intestadas y las testamentarias se regirán por la ley personal del causante, sea cual fuere la naturaleza de los bienes y el lugar en que se encuentran. Se considerarán de orden público internacional el precepto en cuya virtud los derechos a la sucesión de una persona se transmiten desde el momento de su muerte. Capítulo IV DE LOS TESTAMENTOS Art. 146. La capacidad para disponer por testamento se regula por la ley personal del testador. Art. 147. Se aplicará la ley territorial a las reglas establecidas por cada Estado para comprobar que el testador demente está en un intervalo lúcido. Art. 148. Son de orden público internacional las disposiciones que no admiten el testamento mancomunado, el ológrafo y el verbal, y las que lo declaran acto personalísimo. Art. 149. También son de orden público internacional las reglas sobre forma de papeles privados relativos al testamento y sobre nulidad del otorgado con violencia, dolo o fraude. Art. 150. Los preceptos sobre forma de los testamentos son de orden público internacional, con excepción de los relativos al testamento otorgado en el extranjero, y al militar y marítimo en los casos en que se otorgue fuera del país. Art. 151. Se sujetan a la ley personal del testador la procedencia, condiciones y efectos de la revocación de un testamento, pero la presunción de haberlo revocado se determina por la ley local. Análisis: los testamentos son un negocio unilateral, porque la declaración de voluntad del testamento no requiere el complemento de ninguna otra declaración. La declaración de voluntad del testador es no recepticia, no tiene que llegar al conocimiento de nadie para producir efectos. Es verdad que en el testamento pueden “[email protected]” 50

intervenir otras personas, como es el caso del notario o testigos, pero no es necesario para que la declaración de voluntad produzca efectos. Se regulan por la ley personal del testador, la capacidad para disponer por testamento. Se consideran de orden público internacional las disposiciones que no admiten el testamento mancomunado, el ológrafo y el verbal; las reglas sobre forma de papeles privados relativos al testamento y sobre la nulidad del otorgado con violencia, dolo o fraude; así como los preceptos sobre la forma de los testamentos y de lo que ello implica. Capítulo V DE LA HERENCIA Art. 152. La capacidad para suceder por testamento o sin él se regula por la ley personal del heredero o legatario. Art. 153. No obstante lo dispuesto en el artículo precedente son de orden público internacional las incapacidades para suceder que los Estados contratantes consideren como tales. Art. 154. La institución de herederos y la sustitución se ajustarán a la ley personal del testador. Art. 155. Se aplicará, no obstante, el derecho local a la prohibición de sustituciones fideicomisarias que pasen del segundo grado o que se hagan a favor de personas que no vivan al fallecimiento del testador y de las que envuelvan prohibición perpetua de enajenar. Art. 156. El nombramiento y las facultades de los albaceas o ejecutores testamentarios, dependen de la ley personal del difunto y deben ser reconocidos en cada uno de los Estados contratantes de acuerdo con esa ley. Art. 157. En la sucesión intestada, cuando la ley llame al Estado como heredero, en defecto de otros, se aplicará la ley personal del causante; pero si lo llama como ocupante de cosas nullius se aplica el derecho local. Art. 158. Las precauciones que deben adoptarse cuando la viuda quede encinta, se ajustarán a lo dispuesto en la legislación del lugar en que se encuentre. Art. 159. Las formalidades requeridas para aceptar la herencia a beneficio de inventario o para hacer uso del derecho de deliberar se ajustarán a la ley del lugar en que la sucesión se abra, bastando eso para sus efectos extraterritoriales. “[email protected]” 51

Art. 160. Es de orden público internacional el precepto que se refiera a la proindivisión ilimitada de la herencia o establezca la partición provisional. Art. 161. La capacidad para solicitar y llevar a cabo la división se sujeta a la ley personal del heredero. Art. 162. El nombramiento y las facultades del contador o perito partidor dependen de la ley personal del causante. Art. 163. A la misma ley se subordina el pago de las deudas hereditarias. Sin embargo, los acreedores que tuvieren garantía de carácter real, podrán hacerla efectiva de acuerdo con la ley que rija esa garantía. ANALISIS.- En Derecho, se denomina herencia al acto jurídico mediante el cual una persona que fallece transmite sus bienes, derechos y obligaciones a otra u otras personas, que se denominan herederos. Así, se entiende por heredero la persona física o jurídica que tiene derecho a una parte de los bienes de una herencia. El régimen jurídico que regula las herencias es el Derecho de sucesiones. La capacidad para suceder por testamento o sin él se regula por la ley personal del heredero o legatario. En cambio, la institución de herederos y la sustitución se ajustarán a la ley personal del testador. El precepto que se refiera a la proindivisión ilimitada de la herencia o establezca la partición provisional son de orden público internacional. Título Cuarto DE LAS OBLIGACIONES Y CONTRATOS Capítulo I DE LAS OBLIGACIONES EN GENERAL Art. 164. El concepto y clasificación de las obligaciones se sujetan a la ley territorial. Art. 165. Las obligaciones derivadas de la ley se rigen por el derecho que las haya establecido. Art. 166. Las obligaciones que nacen de los contratos tienen fuerza de ley entre las partes contratantes y deben cumplirse al tenor de los mismos, salvo las limitaciones establecidas en este Código. Art. 167. Las originadas por delitos o faltas se sujetan al mismo derecho que el delito o falta de que procedan. “[email protected]” 52

Art. 168. Las que se deriven de actos u omisiones en que intervenga culpa o negligencia no penadas por la ley, se regirán por el derecho del lugar en que se hubiere incurrido en la negligencia o la culpa que las origine. Art. 169. La naturaleza y efectos de las diversas clases de obligaciones, así como su extinción, se rigen por la ley de la obligación de que se trata. Art. 170. No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, la ley local regula las condiciones del pago y la moneda en que debe hacerse. Art. 171. También se somete a la ley del lugar la determinación de quién debe satisfacer los gastos judiciales que origine el pago, así como su regulación. Art. 172. La prueba de las obligaciones se sujeta, en cuanto a su admisión y eficacia, a la ley que rija la obligación misma. Art. 173. La impugnación de la certeza del lugar del otorgamiento de un documento privado, si influye en su eficacia, podrá hacerse siempre por el tercero a quien perjudique, y la prueba estará a cargo de quien la aduzca. Art. 174. La presunción de cosa juzgada por sentencia extranjera será admisible, siempre que la sentencia reúna las condiciones necesarias para su ejecución en el territorio, conforme al presente Código. Análisis: De las obligaciones en general Se sujetan a la ley territorial, el concepto y clasificación de las obligaciones. Estas obligaciones derivadas de la ley se rigen por el derecho que las haya establecido. La naturaleza y efectos de las diversas clases de obligaciones, así como su extinción se rigen por la ley de la obligación que se trata. La prueba de las obligaciones se sujeta, en cuanto a su admisión y eficacia, a la ley que rija la obligación misma. Y en los casos que la presunción de una cosa juzgada por sentencia extranjera será admisible, siempre que la sentencia reúna las condiciones necesarias para su ejecución en el territorio. Capítulo II DE LOS CONTRATOS EN GENERAL Art. 175. Son reglas de orden público internacional las que impiden establecer pactos, cláusulas y condiciones contrarias a las leyes, la moral y el orden público y la que prohíbe el juramento y lo tiene por no puesto. “[email protected]” 53

Art. 176. Dependen de la ley personal de cada contratante las reglas que determinen la capacidad o incapacidad para prestar el consentimiento. Art. 177. Se aplicará la ley territorial al error, la violencia, la intimidación y el dolo, en relación con el consentimiento. Art. 178. Es también territorial toda regla que prohíbe que sean objeto de los contratos, servicios contrarios a las leyes y a las buenas costumbres y cosas que estén fuera del comercio. Art. 179. Son de orden público internacional las disposiciones que se refieren a causa ilícita en los contratos. Art. 180. Se aplicarán simultáneamente la ley del lugar del contrato y la de su ejecución, a la necesidad de otorgar escritura o documento público para la eficacia de determinados convenios y a la de hacerlos constar por escrito. Art. 181. La rescisión de los contratos por incapacidad o ausencia, se determina por la ley personal del ausente o incapacitado. Art. 182. Las demás causas de rescisión y su forma y efectos, se subordinan a la ley territorial. Art. 183. Las disposiciones sobre nulidad de los contratos se sujetarán a la ley de que la causa de la nulidad dependa. Art. 184. La interpretación de los contratos debe efectuarse como regla general, de acuerdo con la ley que los rija. Sin embargo, cuando esa ley se discuta y deba resultar de la voluntad tácita de las partes, se aplicará presuntamente la legislación que para ese caso se determina en los artículos 185 y 186 aunque eso lleve a aplicar al contrato una ley distinta como resultado de la interpretación de voluntad. Art. 185. Fuera de las reglas ya establecidas y de las que en lo adelante se consignen para casos especiales, en los contratos de adhesión se presume aceptada, a falta de voluntad expresa o tácita, la ley del que los ofrece o prepara. Art. 186. En los demás contratos y para el caso previsto en el artículo anterior, se aplicará en primer término la ley personal común a los contratantes y en su defecto la del lugar de la celebración.

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Análisis: De los contratos en general Son de orden público internacional las que impiden establecer pactos, cláusulas y condiciones contrarias a las leyes, la moral y el orden público y la que prohíbe el juramento y lo tiene por no puesto. Dependen de la ley personal de cada contratante las reglas que determinen la capacidad o incapacidad para prestar el consentimiento y se aplicará la ley territorial al error, la violencia, la intimidación y el dolo, en relación con el consentimiento. Capítulo III DEL CONTRATO SOBRE BIENES CON OCASION DE MATRIMONIO Art. 187. Este contrato se rige por la ley personal común de los contrayentes y en su defecto por la del primer domicilio matrimonial. Las propias leyes determinan, por ese orden, el régimen legal supletorio a falta de estipulación. Art. 188. Es de orden público internacional el precepto que veda celebrar capitulaciones durante el matrimonio, o modificarlas, o que se altere el régimen de bienes por cambios de nacionalidad o de domicilio posteriores al mismo. Art. 189. Tienen igual carácter los preceptos que se refieren al mantenimiento de las leyes y las buenas costumbres, a los efectos de las capitulaciones respecto de terceros y a su forma solemne. Art. 190. La voluntad de las partes regula el derecho aplicable a las donaciones por razón de matrimonio, excepto en lo referente a su capacidad, a la salvaguardia de derechos legitimarios y a la nulidad mientras el matrimonio subsista, todo lo cual se subordina a la ley general que lo rige, y siempre que no afecte el orden público internacional. Art. 191. Las disposiciones sobre dote y parafernales dependen de la ley personal de la mujer. Art. 192. Es de orden público internacional la regla que repudia la inalienabilidad de la dote. Art. 193. Es de orden público internacional la prohibición de renunciar a la sociedad de gananciales durante el matrimonio.

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Análisis: Este contrato se rige por ley personal común de los contrayentes y en su defecto por la del primer domicilio matrimonial y en el caso de las disposiciones sobre dote y parafernales dependen de la ley personal de la mujer. Se considera del orden público internacional, el precepto que veda celebrar capitulaciones durante el matrimonio, o modificarlas, o que se altere el régimen de bienes por cambios de nacionalidad o de domicilio posteriores al mismo; así como la prohibición de renunciar a la sociedad de gananciales durante el matrimonio. Capítulo IV COMPRAVENTA, CESION DE CREDITO Y PERMUTA Art. 194. Son de orden público internacional las disposiciones relativas a enajenación forzosa por utilidad pública. Art. 195. Lo mismo sucede con las que fijan los efectos de la posesión y de la inscripción entre varios adquirentes, y las referentes al retracto legal. Análisis: las disposiciones relativas a enajenación forzosa por utilidad pública los efectos de la posesión y inscripción entre varios adquirientes Son de orden público internacional. Capítulo V ARRENDAMIENTO Art. 196. En el arrendamiento de cosas, debe aplicarse la ley territorial a las medidas para dejar a salvo el interés de terceros y a los derechos y deberes del comprador de finca arrendada. Art. 197. Es de orden público internacional, en el arrendamiento de servicios, la regla que impide concertarlos para toda la vida o por más de cierto tiempo. Art. 198. También es territorial la legislación sobre accidentes del trabajo y protección social del trabajador. Art. 199. Son territoriales, en los transportes por agua, tierra y aire, las leyes y reglamentos locales especiales. Análisis: En el arrendamiento de cosas, las medidas para dejar a salvo el interés de terceros y a los derechos y deberes del comprador de finca arrendada debe aplicarse la ley territorial; la legislación sobre accidentes del trabajo y protección social del “[email protected]” 56

trabajador; así como las leyes y reglamentos locales especiales en los transportes por agua, tierra y aire. En el arrendamiento de servicios, la regla que impide concertarlos para toda la vida o por más de cierto tiempo Es de orden público internacional. Capítulo VI CENSOS Art. 200. Se aplica la ley territorial a la determinación del concepto y clases de los censos, a su carácter redimible, a su prescripción, y a la acción real que de ellos se deriva. Art. 201. Para el censo enfitéutico son asimismo territoriales las disposiciones que fijan sus condiciones y formalidades, que imponen un reconocimiento cada cierto número de años y que prohíben la subenfiteusis. Art. 202. En el censo consignativo, es de orden público internacional la regla que prohíbe que el pago en frutos pueda consistir en una parte alícuota de los que produzca la finca acensuada. Art. 203. Tiene el mismo carácter en el censo reservativo la exigencia de que se valorice la finca acensuada. Análisis: a la determinación del concepto y clases de los censos, a su carácter redimible, a su prescripción, y a la acción real que de ellos deriva Se aplica la ley territorial. El censo enfitéutico son asimismo territoriales las disposiciones que fijan sus condiciones y formalidades, y el censo consignativo, es de orden público internacional Capítulo VII SOCIEDAD Art. 204. Son leyes territoriales las que exigen un objeto lícito, formas solemnes, e inventarios cuando hay inmuebles. Análisis: las formas solemnes, e inventarios cuando hay inmuebles que exigen un objeto indebido Son leyes territoriales.

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Capítulo VIII PRESTAMO Art. 205. Se aplica la ley local a la necesidad del pacto expreso de intereses y a su tasa. Análisis: A la necesidad de pacto expreso de intereses y a su tasa, se le aplica la ley local. Capítulo IX DEPOSITO Art. 206. Son territoriales las disposiciones referentes al depósito necesario y al secuestro. Análisis: las disposiciones relativas al depósito y al secuestro Son territoriales. Capítulo X CONTRATOS ALEATORIOS Art. 207. Los efectos de la capacidad en acciones nacidas del contrato de juego, se determinan por la ley personal del interesado. Art. 208. La ley local define los contratos de suerte y determina el juego y la apuesta permitidos o prohibidos. Art. 209. Es territorial la disposición que declara nula la renta vitalicia sobre la vida de una persona, muerta a la fecha del otorgamiento, o dentro de un plazo si se halla padeciendo de enfermedad incurable. ANALISIS.- Contratos Aleatorios: Es aquel que surge cuando la prestación depende de un acontecimiento futuro en incierto y al momento de contractar no, se saben la ganancia o pérdida hasta el momento que se realice este acontecimiento futuro. Ejemplos son el contrato de compraventa de cosecha llamado de "esperanza", apuestas, juegos, etc. Se determinan por la ley personal del interesado, los efectos de la capacidad en acciones nacidas del contrato de juego. Así mismo, los contratos de suerte el juego y la apuesta permitidos o prohibidos lo concreta la ley local. Lo que principalmente caracteriza a los contratos aleatorios:  La incertidumbre sobre la existencia de un hecho, como en la apuesta, o bien sobre el tiempo de la realización de ese hecho (cuándo). “[email protected]” 58



La oposición y no sólo la interdependencia de las prestaciones, porque cuando la incertidumbre cesa, forzosamente una de las partes gana y la otra pierde, y, además, la medida de la ganancia de una de las partes es la medida de la pérdida de la otra.

Los contratos también son de derecho internacional público, de qué manera, por ejemplo un contrato puede ser un tratado que son acuerdos pactos o contratos que hace un país con otro a fin de que mediante dicha relación jurídica pueden intercambiar un bien, etc. A falta de contrato sobre los bienes, se entenderá el matrimonio contraído bajo el régimen de la sociedad legal de gananciales, esto quiere decir que en todo matrimonio puede realizarse mediante escritura pública que los conyugues pueden administrar sus bienes por separados de no hacerlos se entenderán que ambos estarán al frente del manejo de sus bienes pertenecientes a la sociedad conyugal. Capítulo XI TRANSACCIONES Y COMPROMISOS Art. 210. Son territoriales las disposiciones que prohíben transigir o sujetar a compromiso determinadas materias. Art. 211. La extensión y efectos del compromiso y la autoridad de cosa juzgada de la transacción, dependen también de la ley territorial. Análisis: las practicas que impiden ceder o someter a compromiso determinados materiales Son territoriales. Capítulo XII DE LA FIANZA Art. 212. Es de orden público internacional la regla que prohíbe al fiador obligarse a más que el deudor principal. Art. 213. Corresponden a la misma clase las disposiciones relativas a la fianza legal o judicial. Análisis: La regla que prohíbe al fiador obligarse a más que el deudor principal es de orden público internacional. Capítulo XIII PRENDA, HIPOTECA Y ANTICRESIS Art. 214. Es territorial la disposición que prohíbe al acreedor apropiarse las cosas recibidas en prenda o hipoteca. “[email protected]” 59

Art. 215. Lo son también los preceptos que señalan los requisitos esenciales del contrato de prenda, y con ellos debe cumplirse cuando la cosa pignorada se traslade a un lugar donde sean distintos de los exigidos al constituirlo. Art. 216. Igualmente son territoriales las prescripciones en cuya virtud la prenda deba quedar en poder del acreedor o de un tercero, la que requiere para perjudicar a extraños que conste por instrumento público la certeza de la fecha y la que fija el procedimiento para su enajenación. Art. 217. Los reglamentos especiales de los Montes de piedad y establecimientos públicos análogos, son obligatorios territorialmente para todas las operaciones que con ellos se realicen. Art. 218. Son territoriales las disposiciones que fijan el objeto, condiciones, requisitos, alcance e inscripción del contrato de hipoteca. Art. 219. Lo es asimismo la prohibición de que el acreedor adquiera la propiedad del inmueble en la anticresis, por falta de pago de la deuda. ANALISIS: Es territorial la disposición que prohíbe las cosas recibidas en prenda o hipoteca; así como los reglamentos especiales de los Montes de piedad y establecimientos públicos análogos. La prenda es un derecho real de garantía que tiene como función el asegurar al acreedor el cumplimiento y satisfacción de su crédito, mediante un poder especial que se le confiere sobre la cosa dada en garantía. El deudor entrega al acreedor un bien mueble de su propiedad en garantía del crédito, constituyéndose la prenda sobre el bien mueble entregado. La prenda otorga a su titular la posibilidad de vender la cosa sobre la que tiene el derecho en el caso de que el crédito garantizado devenga impagado. En el caso de existir un remanente una vez saldada la deuda, el remanente es propiedad del antiguo propietario de la cosa. En el caso de que el deudor cumpla con las obligaciones garantizadas por la prenda, el acreedor pignoraticio deberá devolverle la posesión de la cosa dada en prenda, en el mismo estado de conservación y uso que en el que le fue entregada. En cuanto a la hipoteca es un derecho real constituido en garantía de un crédito sobre un bien generalmente inmueble que permanece en poder de su propietario, pudiendo el acreedor, en caso de que la deuda no sea satisfecha en el plazo pactado, promover la “[email protected]” 60

venta del bien gravado, cualquiera que sea su titular en ese momento para, con su importe, hacerse pago de su crédito. Y por último la anticresis es una garantía en virtud de la cual el deudor entrega a su acreedor una cosa para el pago de un crédito insoluto con los frutos, naturales o civiles (intereses), que la cosa produzca, restituyéndola una vez que se haya pagado la deuda. Mientras una parte de la doctrina la considera un derecho real, esta calificación es rechazada por algunos. Capítulo XIV CUASICONTRATOS Art. 220. La gestión de negocios ajenos se regula por la ley del lugar en que se efectúa. Art. 221. El cobro de lo indebido se somete a la ley personal común de las partes y, en su defecto, a la del lugar en que se hizo el pago. Art. 222. Los demás cuasicontratos se sujetan a la ley que regule la institución jurídica que los origine. Análisis: el que efectúa la gestión de negocios ajenos Se reglamenta por la ley del lugar y es sometido a la ley personal común de las partes, el cobro de lo indebido. Capítulo XV CONCURRENCIA Y PRELACION DE CREDITOS Art. 223. Si las obligaciones concurrentes no tienen carácter real y están sometidas a una ley común, dicha ley regulará también su prelación. Art. 224. Para las garantías con acción real, se aplicará la ley de la situación de la garantía. Art. 225. Fuera de los casos previstos en los artículos anteriores, debe aplicarse a la prelación de créditos la ley del tribunal que haya de decidirla. Art. 226. Si la cuestión se planteare simultáneamente en tribunales de Estados diversos, se resolverá de acuerdo con la ley de aquel que tenga realmente bajo su jurisdicción los bienes o numerario en que haya de hacerse efectiva la prelación. ANÁLISIS.- Si las obligaciones concurrentes no tienen carácter real y están sometidas a una ley común, dicha ley regulará también su prelación. Para las garantías con acción real, se aplicará la ley de la situación de la garantía. “[email protected]” 61

"Las obligaciones contractuales se rigen por la ley expresamente elegida por las partes y, en su defecto, por la ley del lugar de su cumplimiento. Si deben cumplirse en países distintos, se rigen por la ley de la obligación principal y, en caso de no poder ser determinada ésta, por la ley del lugar de celebración. Si el lugar del cumplimiento no está expresamente determinado o no resulta inequívocamente de la naturaleza de la obligación, se aplica la ley del lugar de celebración". Los contratos, en términos generales, se define como un acuerdo privado, oral o escrito, entre partes que se obligan sobre materia o cosa determinada, y a cuyo cumplimiento pueden ser exigidas. Es un acuerdo de voluntades que genera derechos y obligaciones para las partes. Por ello se señala que habrá contrato cuando varias partes se ponen de acuerdo sobre una manifestación de voluntad destinada a reglar sus derechos. Doctrinariamente, ha sido definido como un negocio jurídico bilateral o multilateral, porque intervienen dos o más personas (a diferencia de los actos jurídicos unilaterales en que interviene una sola persona), y que tiene por finalidad crear derechos y obligaciones (a diferencia de otros actos jurídicos que están destinados a modificar o extinguir derechos y obligaciones, como las convenciones). También se denomina contrato el documento que recoge las condiciones de dicho acto jurídico. El contrato, en general, tiene una connotación patrimonial, y forma parte de la categoría más amplia de los negocios jurídicos. La función del contrato es originar efectos jurídicos. En cada país puede existir un concepto de contrato diferente, y esa divergencia tiene que ver con la realidad socio-cultural y jurídica de cada país (existen ordenamientos en que el contrato no se limita al campo de los derechos patrimoniales únicamente, sino que abarca también derechos de familia como, por ejemplo, los países en los que el matrimonio es considerado un contrato). En el Derecho romano clásico, a su vez, el contrato se refiere a la concreta situación de estar ligadas las partes por un vínculo jurídico que crea derechos y obligaciones. No se refiere al acto jurídico mediante el cual las partes contraen dichos derechos, sino a lo contratado (contractus, lo contraído), la relación jurídica que ha quedado indisolublemente constituida mediante la convención generadora. Las partes en un contrato son personas físicas o jurídicas. En un contrato hay dos polos o extremos de la relación jurídica obligacional, cada polo puede estar constituido por más de una persona revistiendo la calidad de parte. Los contratos también son de derecho internacional público de qué manera, por ejemplo un contrato puede ser un tratado que son acuerdos pactos o contratos que hace un país con otro a fin de que mediante dicha relación jurídica pueden intercambiar un bien, etc. “[email protected]” 62

Ejemplo el una persona dentro de nuestro país, puede celebrar un contrato de compra y venta de una casa con otra persona de distinto país al nuestro pero siempre que este dentro de los términos legales correspondientes. Por otro lado, Los que se unan en matrimonio podrán otorgar sus capitulaciones antes de celebrarlo, estipulando las condiciones de la sociedad conyugal relativamente a los bienes presentes y futuros, sin otras limitaciones que las señaladas en este código. A falta de contrato sobre los bienes, se entenderá el matrimonio contraído bajo el régimen de la sociedad legal de gananciales, esto quiere decir que en todo matrimonio puede realizarse mediante escritura pública que los conyugues pueden administrar sus bienes por separados de no hacerlos se entenderán que ambos estarán al frente del manejo de sus bienes pertenecientes a la sociedad conyugal. Capítulo XVI PRESCRIPCION Art. 227. La prescripción adquisitiva de bienes muebles o inmuebles se rige por la ley del lugar en que estén situados. Art. 228. Si las cosas muebles cambiasen de situación estando en camino de prescribir, se regirá la prescripción por la ley del lugar en que se encuentren al completarse el tiempo que requiera. Art. 229. La prescripción extintiva de acciones personales se rige por la ley a que esté sujeta la obligación que va a extinguirse. Art. 230. La prescripción extintiva de acciones reales se rige por la ley del lugar en que esté situada la cosa a que se refiera. Art. 231. Si en el caso previsto en el artículo anterior se tratase de cosas muebles y hubieren cambiado de lugar durante el plazo de prescripción se aplicará la ley del lugar en que se encuentren al cumplirse allí el término señalado para prescribir. ANALISIS.- La prescripción adquisitiva de bienes muebles o inmuebles se rige por la ley del lugar en que estén situados; así mismo, se regirá esta misma prescripción si las cosas muebles cambiasen de situación estando en camino de prescribir. La prescripción extintiva de las acciones personales se rige por la ley que regula la obligación que va a extinguirse.

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Problemas propios del Derecho Internacional Privado en materia de Prescripción. Hay casos donde la prescripción en Derecho Internacional Privado queda sometida a las leyes de policía -normas de orden público-, en tanto normas destinadas a proteger intereses fundamentales del ordenamiento jurídico del foro; de allí su carácter de normas de aplicación necesaria e inmediata. Así por ejemplo, la prescripción estará sometida a una ley de policía en la hipótesis en que el Estado se beneficia en tanto deudor, o como tercero en relación con el derecho alcanzado con la prescripción. Así lo determinó la sentencia del Consejo de Estado francés del 7 de enero de 1987, al resolver que la ley del 31 de diciembre de 1968, que fija un plazo de prescripción extintiva de cuatro años, "se aplica al conjunto de deudas del Estado, estén regidas por el Derecho Público o por el Derecho Privado, comprendiendo el Derecho del Estado extranjero.

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LIBRO SEGUNDO Derecho Mercantil Internacional Título Primero DE LOS COMERCIANTES Y DEL COMERCIO EN GENERAL Capítulo I DE LOS COMERCIANTES Art. 232. La capacidad para ejercer el comercio y para intervenir en actos y contratos mercantiles, se regula por la ley personal de cada interesado. Art. 233. A la misma ley personal se subordinan las incapacidades y su habilitación. Art. 234. La ley del lugar en que el comercio se ejerza debe aplicarse a las medidas de publicidad necesarias para que puedan dedicarse a él, por medio de sus representantes los incapacitados, o por sí las mujeres casadas. Art. 235. La ley local debe aplicarse a la incompatibilidad para el ejercicio del comercio de los empleados públicos y de los agentes de comercio y corredores. Art. 236. Toda incompatibilidad para el comercio que resulte de leyes o disposiciones especiales en determinado territorio, se regirá por el derecho del mismo. Art. 237. Dicha incompatibilidad en cuanto a los funcionarios diplomáticos y agentes consulares, se apreciará por la ley del Estado que los nombra. El país en que residen tiene igualmente el derecho de prohibirles el ejercicio del comercio. Art. 238. El contrato social y en su caso la ley a que esté sujeto se aplica a la prohibición de que los socios colectivos o comanditarios realicen operaciones mercantiles, o cierta clase de ellas, por cuenta propia o de otros. Análisis: La ley personal de cada interesado regula La capacidad para ejercer el comercio y para intervenir en actos y contratos mercantiles, esta misma ley se subordinan las incapacidades y su habilitación. El ente comerciante debe tener la capacidad y esto se refiere en que el sujeto de derecho debe gozar de capacidad para contratar y además deberes, hacer del comercio su profesión permanente. Todo comerciante se debe someterse a ley de donde explota el producto materia de comercio porque cada nación tiene impuestos establecidos por cada materia explotada (productos) y dar una contribución por ello. “[email protected]” 65

Porque el legislador pretende haber dictado este cuerpo de leyes para resolver los casos especiales del comercio. Las leyes comerciales suponen la existencia de las leyes civiles; son una .excepción de ellas y parten de antecedentes ya prescritos en el derecho común. Capítulo II DE LA CUALIDAD DE COMERCIANTES Y DE LOS ACTOS DE COMERCIO Art. 239. Para todos los efectos de carácter público, la cualidad de comerciante se determina por la ley del lugar en que se haya realizado el acto o ejercido la industria de que se trate. Art. 240. La forma de los contratos y actos mercantiles se sujeta a la ley territorial. Análisis: La cualidad de comerciante se determina por la ley del lugar en que se haya realizado el acto. Se sujetará a la ley territorial, la forma de los contratos y los actos mercantiles. En algunas legislaciones es la sola naturaleza del acto y no la calidad de las personas lo que caracteriza a los actos de comercio (Siburú T. II, p. 61), pero nuestra legislación comprende también la calidad de los que interceden en ellos, Los contratos entre comerciantes se presumen siempre actos de comercio, salvo la prueba en contrario, y por consiguiente, estarán sujetos a las disposiciones del Código de Comercio. Capítulo III DEL REGISTRO MERCANTIL Art. 241. Son territoriales las disposiciones relativas a la inscripción en el Registro mercantil de los comerciantes y sociedades extranjeras. Art. 242. Tienen el mismo carácter las reglas que señalan el efecto de la inscripción en dicho Registro de créditos o derechos de terceros. Análisis: las practicas concernientes a la inscripción en el Registro mercantil de los comerciantes y sociedades extranjeras Son territoriales. Cada empresa dedicada su actividad al comercio mercantil tienen determinados registros que llevan las cuentas ya que para eso existe el Registro Mercantil Central que permite el acceso a la información mercantil suministrada por los Registros Mercantiles de provincias, o donde van a efectuar el registro de todos sus productos. “[email protected]oo.es” 66

En nuestra legislación se señala que - En la cabecera de cada departamento se llevará un Registro Público de Comercio compuesto de cuatro libros independientes. a) Las escrituras en que se constituya o disuelva sociedad mercantil o industrial, o en que de cualquier manera se modifiquen dichas escrituras; b) Los nombramientos de gerentes y liquidadores de dichas compañías; c) Los contratos sociales y estatutos de sociedades anónimas extranjeras que establezcan sucursales o agencias en Nicaragua, los nombramientos de gerentes o agentes y la inscripción que se hubiere hecho de dichos contratos o documentos en el Tribunal de Comercio del domicilio de las expresadas compañías; d) La sentencia que declare la nulidad de un contrato social. En el tercer libro se inscribirán: e) Las escrituras en que conste que el cónyuge comerciante administra bienes propios del otro cónyuge. f) Los documentos justificativos de los haberes del hijo o pupilo que está bajo la potestad del padre o guardador y que ejerce el comercio conforme al inciso 2º del artículo 7°; g) Los poderes que los comerciantes otorguen a sus factores o dependientes para la administración de sus negocios mercantiles y sus revocaciones o sustituciones, y los poderes generales y generalísimos que otorguen y sus revocaciones; h) Las escrituras de capitulaciones matrimoniales de los cónyuges cuando uno de ellos fuere comerciante y las que de cualquier manera las modifiquen. En el libro cuarto, se inscribirán: i) Los títulos de venta o hipoteca de naves y los demás documentos de comercio marítimo cuyo registro exija este Código. j) Los títulos de propiedad industrial, patentes de invención y marcas de fábrica expedidos conforme a la ley. k) Las escrituras o actas en que se disponen emisiones de acciones, cédulas y obligaciones de toda clase de sociedades, o emisiones de billetes de banco.

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Capítulo IV LUGARES Y CASAS DE CONTRATACION MERCANTIL Y COTIZACION OFICIAL DE EFECTOS PUBLICOS Y DOCUMENTOS DE CREDITO AL PORTADOR Art. 243. Las disposiciones relativas a los lugares y casas de contratación mercantil y cotización oficial de efectos públicos y documentos de crédito al portador, son de orden público internacional. Análisis: Todas estas disposiciones serán consideradas de orden público internacional Capítulo V DISPOSICIONES GENERALES SOBRE LOS CONTRATOS DE COMERCIO Art. 244. Se aplicarán a los contratos de comercio las reglas generales establecidas para los contratos civiles en el capítulo segundo, título cuarto, libro primero de este Código. Art. 245. Los contratos por correspondencia no quedarán perfeccionados sino mediante el cumplimiento de las condiciones que al efecto señale la legislación de todos los contratantes. Art. 246. Son de orden público internacional las disposiciones relativas a contratos ilícitos y a términos de gracia, cortesía u otros análogos. Análisis: El comercio es el conjunto de operaciones que tienen por objeto realizar beneficios especulando con la transformación de las materias primas, con la circulación de estas materias o de los productos manufacturados, con su transporte o con su cambio. Son de orden público internacional las Prácticas concernientes a contratos ilícitos y a términos de gracia, cortesía u otros semejantes. Y se aplicará a los contratos de comercio las reglas generales, que señale la legislación de los contratantes. Título Segundo DE LOS CONTRATOS ESPECIALES DEL COMERCIO Capítulo I DE LAS COMPAÑIAS MERCANTILES Art. 247. El carácter mercantil de una sociedad colectiva o comanditaria se determina por la ley a que esté sometido el contrato social, y en su defecto por la del lugar en que tenga su domicilio comercial. “[email protected]” 68

Si esas leyes no distinguieran entre sociedades mercantiles y civiles, se aplicará el derecho del país en que la cuestión se someta a juicio. Art. 248. El carácter mercantil de una sociedad anónima depende de la ley del contrato social; en su defecto, de la del lugar en que celebre las juntas generales de accionistas y por su falta de la de aquel en que residan normalmente su Consejo o Junta Directiva. Si esas leyes no distinguieren entre sociedades mercantiles y civiles tendrá uno u otro carácter según que esté o no inscrita en el Registro mercantil del país donde la cuestión haya de juzgarse. A falta de Registro mercantil se aplicará el derecho local de este último país. Art. 249. Lo relativo a la constitución y manera de funcionar de las sociedades mercantiles y a la responsabilidad de sus órganos, está sujeto al contrato social y en su caso a la ley que lo rija. Art. 250. La emisión de acciones y obligaciones en un Estado contratante, las formas y garantías de publicidad y la responsabilidad de los gestores de agencias y sucursales respecto de terceros, se someten a la ley territorial. Art. 251. Son también territoriales las leyes que subordinen la sociedad a un régimen especial por razón de sus operaciones. Art. 252. Las sociedades mercantiles debidamente constituidas en un Estado contratante disfrutarán de la misma personalidad jurídica en los demás, salvo las limitaciones del derecho territorial. Art. 253. Son territoriales las disposiciones que se refieran a la creación, funcionamiento y privilegios de los bancos de emisión y descuento, compañías de almacenes generales de depósitos y otras análogas. Análisis: la ley que esté sometido el contrato social; determina el carácter mercantil de una sociedad colectiva, comanditaria o anónima, así como lo relativo a la constitución y manera de funcionar. Estas sociedades mercantiles debidamente constituidas en un Estado contratante disfrutarán de la misma personalidad jurídica en los demás. El Código de Bustamante, que es Ley dé la República desde el 19 de Septiembre 1931, estatuye que la capacidad para ejercer el comercio y para intervenir en actos comerciales, se regula por la ley personal de cada interesado. (Art. 232.); así mismo las capacidades y su habilitación (233). Nuestra legislación señala en su Art. 10.- Las sociedades legalmente constituidas en el extranjero que se establezcan en la República, o tengan en ella alguna agencia o sucursal, podrán ejercer el comercio, sujetándose a las prescripciones especiales de este “[email protected]” 69

Código en todo cuanto concierna a la creación de sus establecimientos dentro del territorio nacional, a sus operaciones mercantiles y a la jurisdicción de los tribunales de la Nación. El domicilio de las sociedades, es el lugar de su dirección o administración, salvo lo que dispongan sus estatutos, con tal que esté dentro del territorio nacional. El de las agencias o sucursales de las extranjeras, respecto de las operaciones verificadas en Nicaragua, será el nicaragüense y se reputan como representantes, sus agentes constituidos o sus apoderados. (34 C.). Capítulo II DE LA COMISION MERCANTIL Art. 254. Son de orden público internacional las prescripciones relativas a la forma de la venta urgente por el comisionista para salvar en lo posible el valor de las cosas en que la comisión consista. Art. 255. Las obligaciones del factor se sujetan a la ley del domicilio mercantil del mandante. Análisis: las prescripciones relativas a la forma de la venta terminante por el comisionista para salvar en lo posible el valor de las cosas son de orden público internacional, y los compromisos del contribuyente se sujetaran a la ley del domicilio del mandante. El comisionista deberá observar lo establecido en las leyes y reglamentos respecto a la negociación que se le hubiere confiado, y será responsable de los resultados de su contravención u omisión. Capítulo III DEL DEPÓSITO Y PRESTAMO MERCANTILES Art. 256. Las responsabilidades no civiles del depositario se rigen por la ley del lugar del depósito. Art. 257. La tasa o libertad del interés mercantil son de orden público internacional. Art. 258. Son territoriales las disposiciones referentes al préstamo con garantía de efectos cotizables, hecho en bolsa, con intervención de agente colegiado o funcionario oficial.

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Análisis: se rigen por la ley del lugar del depósito los compromisos no civiles del depositario. Y son de orden público internacional la tasa o libertad del interés mercantil. Además las practicas referentes al préstamo con garantía de bienes cotizables e intervención de agentes o funcionarios son territoriales. Depósito se perfecciona mediante la entrega por lo que la perfección es real y no consensual (en este caso la perfección seria por el mero consentimiento sin que exista una entrega real del objeto). Es muy importante saber el momento en el que se perfecciona un contrato porque a partir de entonces se puede exigir el cumplimiento. Se estima mercantil el depósito, si las cosas depositadas son objeto de comercio, o si se hace a consecuencia de una operación mercantil. El depósito queda constituido mediante la entrega al depositario de la cosa que constituye su objeto. Se reputa mercantil el préstamo que se contrae entre comerciantes, así como los que se hacen por los bancos e instituciones de crédito. La Ley de Instituciones Bancarias (Art. 20) establece que todo préstamo de esas instituciones, se reputa mercantil. Si el préstamo aparece en la forma de un pagaré a la orden, éste documento mercantil hace que se rija por las leyes de comercio, aunque no se dedique lo prestado, a actos de comercio. Capítulo IV DEL TRANSPORTE TERRESTRE Art. 259. En los casos de transporte internacional no hay más que un contrato, regido por la ley que le corresponda según su naturaleza. Art. 260. Los plazos y formalidades para el ejercicio de acciones surgidas de este contrato y no previstos en el mismo, se rigen por la ley del lugar en que se produzcan los hechos que las originen. Análisis: el transporte Internacional tiene doble acepción. Se puede entender y emplear como la acción de llevar los bienes o personas, de un lugar a otro. También como el conjunto de los diversos medios para el traslado de bienes o de personas. Es un contrato, administrado por la ley En los casos de transporte internacional, la ley del lugar rige los plazos y formalidades del contrato por algún hecho que se origine.

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Capítulo V DE LOS CONTRATOS DE SEGURO Art. 261. El contrato de seguro contra incendios se rige por la ley del lugar donde radique, al efectuarlo, la cosa asegurada. Art. 262. Los demás contratos de seguro siguen la regla general, regulándose por la ley personal común de las partes o en su defecto por la del lugar de la celebración; pero las formalidades externas para comprobar hechos u omisiones necesarios al ejercicio o a la conservación de acciones o derechos, se sujetan a la ley del lugar en que se produzca el hecho o la omisión que les hace surgir. Análisis: en este contrato una persona natural o jurídica toma sobre sí por un determinado tiempo todos o alguno de los riesgos de pérdida o deterioro que corren ciertos objetos pertenecientes a otra persona, obligándose, mediante una retribución convenida, a indemnizarle la pérdida o cualquier otro daño estimable que sufran los objetos asegurados se rige por la ley del lugar donde viva en que se produzca el hecho o la omisión, el contrato de seguro contra incendios; siguen la regla general y se regulan por la ley personal común de las partes o en su defecto en el lugar de su celebración los demás contratos de seguro. Capítulo VI DEL CONTRATO Y LETRA DE CAMBIO Y EFECTOS MERCANTILES ANALOGOS Art. 263. La forma del giro, endoso, fianza, intervención, aceptación y protesto de una letra de cambio, se somete a la ley del lugar en que cada uno de dichos actos se realice. Art. 264. A falta de convenio expreso o tácito, las relaciones jurídicas entre el librador y el tomador se rigen por la ley del lugar en que la letra se gira. Art. 265. En igual caso, las obligaciones y derechos entre el aceptante y el portador se regulan por la ley del lugar en que se ha efectuado la aceptación. Art. 266. En la misma hipótesis, los efectos jurídicos que el endoso produce entre endosante y endosatario, dependen de la ley del lugar en que la letra ha sido endosada. Art. 267. La mayor o menor extensión de las obligaciones de cada endosante, no altera los derechos y deberes originarios del librador y el tomador. Art. 268. El aval, en las propias condiciones, se rige por la ley del lugar en que se presta.

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Art. 269. Los efectos jurídicos de la aceptación por intervención se regulan, a falta de pacto, por la ley del lugar en que el tercero interviene. Art. 270. Los plazos y formalidades para la aceptación, el pago y el protesto, se someten a la ley local. Art. 271. Las reglas de este capítulo son aplicables a las libranzas, vales, pagarés y mandatos o cheques. Análisis: La forma del giro, endoso, fianza, intervención, aceptación y protesto de una letra de cambio, libranzas, vales, pagarés y mandatos o cheques se someten a la ley del lugar en donde se realicen; al mismo tiempo, se rigen las relaciones jurídicas entre el librador y el tomador. Los efectos jurídicos de la aceptación por intervención, a falta de compromiso, se regulan por la ley del lugar en que el tercero interviene, por otro lado el pago, el protesto, las libranzas, vales, pagarés y mandatos o cheques, se someten a la ley local. Capítulo VII DE LA FALSEDAD, ROBO, HURTO O EXTRAVIO DE DOCUMENTOS DE CREDITO Y EFECTOS AL PORTADOR Art. 272. Las disposiciones relativas a la falsedad, robo, hurto o extravío de documentos de crédito y efectos al portador son de orden público internacional. Art. 273. La adopción de las medidas que establezca la ley del lugar en que el hecho se produce, no dispensa a los interesados de tomar cualesquiera otras que establezca la ley del lugar en que esos documentos y efectos se coticen y la del lugar de su pago. Análisis: Estas disposiciones son de orden público internacional, pero la ley del lugar establece las medidas por los hechos que se produzcan. Título Tercero DEL COMERCIO MARITIMO Y AEREO Capítulo I DE LOS BUQUES Y AERONAVES Art. 274. La nacionalidad de las naves se prueba por la patente de navegación y la certificación del registro, y tiene el pabellón como signo distintivo aparente. Art. 275. La ley del pabellón rige las formas de publicidad requeridas para la transmisión de la propiedad de una nave. “[email protected]” 73

Art. 276. A la ley de la situación debe someterse la facultad de embargar y vender judicialmente una nave, esté o no cargada y despachada. Art. 277. Se regulan por la ley del pabellón los derechos de los acreedores después de la venta de la nave, y la extinción de los mismos. Art. 278. La hipoteca marítima y los privilegios o seguridades de carácter real constituidos de acuerdo con la ley del pabellón, tienen efectos extraterritoriales aun en aquellos países cuya legislación no conozca o regule esa hipoteca o esos privilegios. Art. 279. Se sujetan también a la ley del pabellón los poderes y obligaciones del capitán y la responsabilidad de los propietarios y navieros por sus actos. Art. 280. El reconocimiento del buque, la petición de práctico y la policía sanitaria, dependen de la ley territorial. Art. 281. Las obligaciones de los oficiales y gente de mar y el orden interno del buque, se sujetan a la ley del pabellón. Art. 282. Las disposiciones precedentes de este capítulo se aplican también a las aeronaves. Art. 283. Son de orden público internacional las reglas sobre nacionalidad de los propietarios de buques y aeronaves y de los navieros, así como de los oficiales y la tripulación. Art. 284. También son de orden público internacional las disposiciones sobre nacionalidad de buques y aeronaves para el comercio fluvial, lacustre y de cabotaje o entre determinados lugares del territorio de los Estados contratantes, así como para la pesca y otros aprovechamientos submarinos en el mar territorial. Análisis: Para efectos regístrales se considerará buque todo artefacto flotante capaz de transportar personas y cosas, destinada a la navegación por agua, cualquiera que sea su clase o dimensión. Las naves y buques para obtener su nacionalidad se prueba por la patente de navegación y la certificación del registro, y tienen Bandera como signo distintivo. Se consideran de orden público internacional las reglas sobre nacionalidad de los propietarios de buques y aeronaves y de los navieros, así como de los oficiales y de la tripulación, ya sean para el comercio fluvial, lacustre y de cabotaje o entre determinados “[email protected]” 74

lugares del territorio de los Estados contratantes, así como para la pesca y otros aprovechamientos submarinos en el mar territorial. Capítulo II DE LOS CONTRATOS ESPECIALES DEL COMERCIO MARITIMO Y AEREO Art. 285. El fletamento, si no fuere un contrato de adhesión, se regirá por la ley del lugar de salida de las mercancías. Los actos de ejecución del contrato se ajustarán a la ley del lugar en que se realicen. Art. 286. Las facultades del capitán para el préstamo a la gruesa se determinan por la ley del pabellón. Art. 287. El contrato de préstamo a la gruesa, salvo pacto en contrario, se sujeta a la ley del lugar en que el préstamo se efectúa. Art. 288. Para determinar si la avería es simple o gruesa y la proporción en que contribuyen a soportarla la nave y el cargamento, se aplica la ley del pabellón. Art. 289. El abordaje fortuito en aguas territoriales o en el aire nacional se somete a la ley del pabellón si fuere común. Art. 290. En el propio caso, si los pabellones difieren, se aplica la ley del lugar. Art. 291. La propia ley local se aplica en todo caso al abordaje culpable en aguas territoriales o aire nacional. Art. 292. Al abordaje fortuito o culpable en alta mar o aire libre, se le aplica la ley del pabellón si todos los buques o aeronaves tuvieren el mismo. Art. 293. En su defecto, se regulará por el pabellón del buque o aeronave abordados, si el abordaje fuere culpable. Art. 294. En los casos de abordaje fortuito en alta mar o aire libre, entre naves o aeronaves de diferente pabellón, cada uno soportará la mitad de la suma total del daño, repartida según la ley de una de ellas, y la mitad restante repartida según la ley de la otra. Análisis: se establece que el contrato de fletamento se regirá por la ley del lugar de salida de las mercancías. Es decir que si es que la carga sale de Nicaragua, con destino a Japón, se regirá por Ley Nicaragüense. Esto aplica solo en los casos de contratos que no fueren de adhesión. Sin embargo, también se establece que aquellos actos que sean “[email protected]” 75

necesarios realizarlos, para la ejecución del contrato, se regirán por la ley del lugar en los que se realicen. El fletamento, si no es en caso de adhesión, estará regido por la ley del lugar de salida de las mercancías. Los actos de ejecución del contrato se ajustarán también, a la ley del lugar en que se realicen. Y en todo caso al abordaje culpable en aguas territoriales o aire nacional, se aplica la propia ley local. El fletamento es un contrato por el cual el armador se obliga, a cambio de una prestación, a cumplir con una nave determinada uno o más viajes preestablecidos, o los viajes que dentro del plazo convenido ordene el fletador, en las condiciones que el contrato o la costumbre establezcan. Título Cuarto DE LA PRESCRIPCION Art. 295. La prescripción de las acciones nacidas de los contratos y actos mercantiles, se ajustará a las reglas establecidas en este Código respecto de las acciones civiles. Análisis: las gestiones nacidas de los contratos y actos mercantiles, referente a la prescripción se pactara con las reglas constituidas en este Código.

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Conclusión El análisis o estudio de Derecho Internacional Privado plantea una problemática compleja. Es aquí donde el Estudiante se enfrenta a los clásicos o típicos problemas que son producto de las relaciones jurídicas con elementos extranjeros, es decir aquellas donde uno o varios elementos se conectan con sistemas jurídicos distintos, hecho que puede originar, a la postre, la posible aplicación de Leyes provenientes de distintos Estados. El presente Código Bustamante aún se mantiene en vigencia es así que lo considero como la norma madre del Derecho Internacional Privado, no obstante observa también el conjunto de Tratados, Pactos Internacionales y Normas Especiales que regulan también la Actividad Privada Internacional. Las Normas Internacionales o extranjeras de cada país están tomadas muy en cuenta y priorizadas por el Código, ya que no busca ser una especie de desequilibrio jurídico interno de cada Estado sino más bien un instrumento de consenso ante la ocurrencia de cualquier situación que se pueda materializar en la esfera internacional. El Código en si consta meramente de un conjunto de normas relativas a normar las relaciones jurídicas de tráfico externo entre los países partes del tratado. Las diversas reservas de los estados partes y la reticencia de algunos especialistas del derecho de los múltiples estados en cuando a la utilidad y aplicación de dicho tratado sin afectar el orden interno de los mismo torno poco viable que el Código fuera puesto en práctica. Tradicionalmente el Derecho Internacional Público ha sido entendido como aquella rama del derecho que regula relaciones entre los Estados y demás sujetos de Derecho Internacional y, en general, la vida de la comunidad jurídica internacional. Por lo tanto, crea, modifica y extingue derechos subjetivos y es un derecho material. El Derecho Internacional Privado, en su concepción predominante, tiene carácter indicador y regula situaciones ius privatistas. Es decir, la materia regulada por estas ramas jurídicas es diferente y la naturaleza de la norma en cada una de las disciplinas es distinta. Otro tanto puede decirse sobre el sistema de las fuentes, especialmente porque en el Derecho Internacional Público la regulación interna es casi inexistente. A pesar de las diferencias, que hoy no son tan marcadas como en el siglo pasado debido a la progresiva desaparición de fronteras entre el Derecho Privado y Público en general, se mantiene el paralelismo entre ambos. Este paralelismo se traduce en una serie de puntos de contacto existentes entre las dos materias. Las voces de la crítica alzadas en oposición al nombre Derecho Internacional Privado, han dicho que éste no es enteramente internacional ni exclusivamente privado. La primera objeción alude a la existencia de normas de carácter nacional que provienen “[email protected]” 77

de fuentes internas. La segunda, se basa en el hecho de que las relaciones que constituyen su objeto de regulación pueden pertenecer tanto al Derecho Privado como al Derecho Público (hay conflictos de leyes tanto en materia de capacidad para contratar matrimonio, bienes, sucesiones, como sobre delitos y cuestiones fiscales, entre otras). No obstante las posiciones críticas, la denominación "Derecho Internacional Privado" ha sido generalmente admitida y es de un uso inveterado, lo que nos lleva a compartir sus términos y su significado. El estatuto se rige por respeto al principio de la Ley Extranjera. El principio de respeto a la Ley Extranjera es un principio reconocido internacionalmente y se sustenta en la reciprocidad que debe existir entre las naciones. Cuando un estatuto reconoce a otro reconoce también la validez de sus normas jurídicas así como el que sus ciudadanos se encuentran tutelados por normas distintas a las del país que hace el reconocimiento. El reconocimiento de la Ley Extranjera se realiza en el momento en que el Poder Ejecutivo acepta las cartas credenciales de los embajadores de otras naciones. Es menester recordar que el Derecho Internacional Privado se encuentra íntimamente relacionado con casi todas las ramas del Derecho en virtud de tratarse aquel de un Derecho para aplicar el Derecho. La base científica y teórica del Derecho Internacional Privado no se encuentra en las legislaciones positivas, sino en la Doctrina; pero no obstante la afirmación precedente, se sabe que en la actualidad, dentro de ese conjunto de principios existen normas jurídicas; en términos más sencillos: ese conjunto de principios se expresa en algunas normas jurídicas de Derecho Internacional Privado, y detrás de cada norma jurídica, existe un mundo de discusión e investigación doctrinal.

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INDICE DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO (CODIGO BUSTAMANTE) Introducción……………………………………………………………………………………………………………….3 Antecedentes Históricos…………………………………………………………………………………………….6 Declaraciones y Reservas de los Estados………………………………………………………………..8 Presupuestos del Derecho Internacional Privado…………………………………………………..14 Objetivos del Derecho Internacional Privado…………………………………………………………15 Fundamento del Derecho Internacional Privado……………………………………………………16 Estructura del Código Bustamante………………………………………………………………………….17 Análisis del Código Bustamante………………………………………………………………………………19 Título Preliminar Reglas Generales…………………………………………………………………………21 Libro Primero Derecho Civil Internacional…………………………………………………………….23 Libro Segundo Derecho Mercantil Internacional…………………………………………………..65 Conclusión………………………………………………………………………………………………………………..77

Para que haya derecho es menester que haya leyes, y para que haya leyes, es menester que haya una fuerza en que apoyarse. No puede existir un derecho internacional hasta que no haya una fuerza internacional que lo apoye. Lord Cobridge

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